“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”, publicó está semana Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Al auto exculparse el ex Presidente en este y otros asuntos que comprometen su gestión omite un valor consustancial a la decencia y la democracia: la responsabilidad política.

A un poder votado le subyace la responsabilidad política. Sin ella sería reconocer que nada ha cambiado en nuestro sistema político y que se asume que los ex presidentes son intocables en los actos propios y delegados.

En democracia un poder presidencial, recordemos, obliga al que lo detenta hacerse responsable no solo de sus actos sino de los poderes delegados en otros funcionarios que toman decisiones en nombre de su alto encargo.

No vale aquí el argumento falaz de que los otros actuaron motu proprio traicionando una confianza depositada en ellos. Eso no significa que a estos los exime de responsabilidades y tampoco que en la maraña de la administración de justicia él otro resulte sólo “traicionado” en la confianza prestada.

En democracia vale la expresión campirana de que “tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata”. O sea, el voto debiera obligar no sólo a cumplir el programa ofrecido en campaña sino escoger a quienes por su capacidad y probidad pueden llevarlo a buen destino incluso en caso de que este responda a otros intereses que no sean los de los ciudadanos o sean notorias sus incapacidades, se le separe del cargo, para poner al más indicado que saque adelante el programa ofrecido.

Se que se puede argumentar en contra que esto es teoría. Que en los hechos las cosas no funcionan así. Que el poder político está construido con base a los intereses que buscan ser representados y que estos llegan al extremo de apostar a los candidatos con posibilidades de éxito electoral con tal de obtener beneficios bajo la figura de contratos diversos, perdones fiscales o absoluciones por abusos contra el interés público.

Bajo a el Gobierno de Peña Nieto esos intereses se vieron representados -cómo seguramente en el de López Obrador buscan estarlo o están- y tuvieron mano para proponer políticas públicas, candidatos a cargos políticos y en la administración pública federal, incluso, para gobiernos estatales donde estaban proyectadas inversiones y programas de largo plazo.

Pemex no podía estar fuera de está lógica y hoy empezamos a ver a cuáles intereses respondía la presencia de Emilio Lozoya Austin en su dirección general y ahí están a la vista, el tráfico de influencias que favoreció a la empresa brasileña Odebrecht en la víspera de las elecciones generales de 2012 y que habrían significado, eso se sospecha, drenar recursos frescos a la campaña electoral de Peña Nieto.

Este caso ha desaparecido momentáneamente de las ocho columnas, pero habrá de reaparecer en cualquier momento, está en el ADN del sistema político. Ahora lo novedoso es la compraventa de la empresa grupo Fertinal que abrió una investigación en Estados Unidos promovida por las consultoras Pricewaterhouse-Cooper y Binder Dijker Otte, pero también está en curso una investigación de la Auditoria Superior de la Federación.

Se trata de la compra de esa empresa en quiebra y con una deuda de 264 millones de dólares y, aun así, en esas condiciones desastrosas, que eran un riesgo o bien ventajosas para el país está fue adquirida con sobreprecio en 635 millones de dólares.

Claro, una compra tan irregular, no podía pasar sino con la aprobación del titular de Pemex y el propio Presidente y eso es lo que lleva a hablar de sobornos. ¿Pero qué interés podrían tener las consultoras mencionadas siendo instituciones privadas y estando ubicados en Estados Unidos?

Raymundo Rivapalacio en una de sus últimas colaboraciones nos ilustra diciendo que este tipo de consultoras compran información sobre sobornos a cambio de dar visibilidad a estos casos escandalosos y dan un porcentaje de los beneficios a quien lo documenta respetando su anonimato.

O sea, hasta ahora no es una autoridad judicial del país vecino, pero habrá que ver si no se ven involucradas sus instituciones financieras como sucedió con el caso Odebrecht que inició en Estados Unidos y provocó la caída de naipes políticos en varios países latinoamericanos.

No hay que dar mucho la vuelta al asunto para saber quien podría estar interesado en ventilarlo involucrando, como ha sucedido entre otros con Pedro Joaquín Coldwell, Juan José Guerra Abud y el mismísimo Peña Nieto.

Emilio Lozoya hoy prófugo de la justicia mexicana está jugando sus ultimas cartas antes de ir a prisión. No quiere irse sólo ni quedar fuera de algún pacto de impunidad si lo hubiera. Y hasta podría estar negociando con el Gobierno una salida bajo la mesa que le permita atenuar los costos de sus malas decisiones o mejor el haber obedecido ordenes del propio Peña Nieto.

Y con ello, volvemos al tema de la responsabilidad política, al margen del grado de involucramiento del ex Presidente este tiene responsabilidad política por los actos y omisiones cometidos de sus colaboradores. Hay un notorio daño al patrimonio público en la compra de esa empresa con números rojos y eso debe llevar a un juicio político de los directa o indirectamente involucrados. Además, de las responsabilidades penales de que pudieran ser objeto.

El Gobierno de la IV Transformación tiene en sus manos una oportunidad mayor para demostrar que la lucha de la corrupción va en serio y que no hay pactos secretos con los personajes de la administración pasada.

Una oportunidad que, además, se le presenta en un momento crítico de los indicadores económicos que llaman a tomar decisiones en materia de gasto público.

Y se debería aprovechar, para sentar a Peña Nieto en el banquillo de los acusados porque tiene, sin duda, responsabilidad política en los abusos que desde la esfera pública se cometieron contra el patrimonio de la nación y qué hoy ponen en entredicho su propia gestión en distintas áreas.

En definitiva, Peña Nieto no está exento de culpa y hay indicios de que es él quien miente.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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