Los datos del ONC y del CIEP, alojados en el informe “Gasto Público en Seguridad” indicaron que la mayor parte (44 por ciento) del gasto en seguridad para este año irá destinado al rubro de justicia (104.8 mmdp), seguido de los presupuestos para combate al crimen (42 por ciento, equivalente a 101.5 mmdp) y prevención del delito (14 por ciento ó 33 mmdp).
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno federal destinará este año el 0.96 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en materia de seguridad pública a nivel nacional. Esto es 14.3 por ciento menos que en 2018 y la tercera parte de lo que México debería de invertir para actuar y dejar de simular resultados.
“En política pública si no hay dinero, no hay acción. Sólo hay simulación”, dijo el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) Francisco Rivas, durante la presentación del informe “Gasto Público en Seguridad”.
El país atraviesa por la mayor crisis de violencia de los últimos tiempos. Sin embargo, el presupuesto para este año (239.3 mmdp) no sólo es insuficiente para atender las necesidades nacionales sino que, además, está “sumamente fragmentado” y “muy lejos de los objetivos” deseables para revertir la situación actual, indicó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los datos del ONC y del CIEP indican que la mayor parte (44 por ciento) del gasto en seguridad para este año irá destinado al rubro de justicia (104.8 mmdp), seguido de los presupuestos para combate al crimen (42 por ciento, equivalente a 101.5 mmdp) y prevención del delito (14 por ciento ó 33 mmdp).
El problema de la fragmentación radica en dos aspectos principales, en la opinión de la directora de investigación del ONC, Doria Vélez.
Por un lado, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) depende de la coordinación entre autoridades locales, estatales y federales, que si en sí misma es complicada, se complejiza con la participación de las Fuerzas Armadas y ahora, con la implementación del esquema de la Guardia Nacional.
Por otro lado, que el 80 por ciento de la estrategia del SNSP tiene un enfoque preventivo. Un enfoque que depende de los cuerpos policiales y militares que actúan sin las competencias suficientes o las condiciones adecuadas de trabajo; y un enfoque cuya política de prevención reside en buena parte en los programas sociales que, en sí, no resuelven ni están hechos para la prevención del delito o de la violencia, pese y a que son problemas multi-factoriales que también requieren medidas así.
En ese sentido, Vélez indicó que además del enfoque federal y estatal, hace falta “bajar el análisis al ámbito local y trabajar en micro-regiones”. Lo que hace falta es una estrategia integral que tenga “continuidad” e incluya el tema de la protección ciudadana, así como un sistema que permita evaluar las políticas y el gasto para generar cambios funcionales (y no recetas mágicas).
Los integrantes del ONC y del CIEP concluyeron que “no hay indicios de que se esté buscando gastar el presupuesto de seguridad pública de una manera distinta” y que los niveles actuales de violencia son “un efecto de las malas decisiones de política pública” en los últimos años.
PREVENCIÓN DEL DELITO
De acuerdo con Francisco Rivas del ONC, las medidas de prevención del delito en México son “una burla” porque en realidad “no hay prevención en el país”, en un momento en que “las malas decisiones acaban con vidas”.
Los datos del informe refieren que el 88.1 por ciento del presupuesto para prevención está destinado a medidas de disuasión de ilícitos, así como a políticas de protección y fortalecimiento de la seguridad pública. Para ello hay 34 programas que en su mayoría (90 por ciento del gasto en el rubro) son para operativos preventivos, en comparación con el mínimo gasto (0.7 por ciento) para coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil.
En cambio, sólo el 4.9 por ciento se utilizará para promoción y prevención de derechos humanos; 4.3 por ciento en acciones de Gobierno para el respeto de los derechos y 2.7 por ciento en acceso a la información.
Para 2019, el gasto en materia de prevención será 27 por ciento inferior al del año pasado.
COMBATE AL CRIMEN
El presupuesto para combatir el crimen y la corrupción es 10 por ciento más bajo que en 2018, en un contexto en el que no han habido políticas adecuadas y en que urge un mayor gasto. El problema, en ese sentido, es que el presupuesto en materia de seguridad pública tendrá que competir con otros rubros prioritarios.
Para el director del CIEP, Hector Villareal, el presupuesto general en seguridad representa el 40 por ciento de lo invertido Salud y la cuarta parte del gasto en pensiones.
Ante la falta de recursos, dijo, hará falta que la nueva administración cambie el modelo de gasto y genere un “modelo claro en seguridad”. Para ello, será necesario reorganizar el presupuesto.
En materia de combate al crimen, por ejemplo, existen 28 programas con un enfoque inadecuado que se concentra en “dos Fuerzas Armadas”: el Ejército y la Marina.
Según los datos del informe, el 84 por ciento del gasto en este rubro está dirigido a los cuerpos castrenses; el 12 por ciento a la coordinación en seguridad pública y sólo un cuatro por ciento en combate a la corrupción.
“Quien se lleva los recursos es el Ejército, siendo que no está preparado para las tareas de seguridad pública”. En cambio el rubro de justicia “tiene un recorte de 30 por ciento en un país con altos niveles de impunidad”, advirtió Villareal.
JUSTICIA
De acuerdo con el informe del ONC y del CIEP, “se gasta en impartir justicia [68.9 mmdp] el doble que en las otras dos etapas del proceso” (de justicia), que son recluir y reinsertar criminales (17.4 mmdp) e investigar y perseguir delitos (16.3 mmdp).
Esto es particularmente preocupante, según Francisco Rivas (ONC), quien dijo que en el país “los penales son escuelas del crimen”, considerando que “el 17 por ciento del presupuesto en procuración y administración de justicia van al sistema penitenciario y sirve para mantener vivas las cárceles y no para lograr la reinserción social”.
Las cifras indican que de los 44 programas en la materia, sólo tres concentran el 83.2 por ciento del gasto.
Mientras que la inversión en impartición de justicia, reclusión y readaptación acapara el 82.4 por ciento de los recursos, el 15.5 por ciento se usa para investigar y perseguir. Sólo el 1.9 por ciento se destina a derechos humanos y el 0.2 por ciento a asesoría jurídica.
Las cifras anuales de delitos (en general) y delitos de alto impacto a nivel nacional alcanzaron su peor nivel en 2018. Desde el 2000, la tasa general de crímenes por cada 100 mil habitantes tuvo un repunte acumulado de 11.7 por ciento; y la tasa de ilícitos de alto impacto repuntó en 21.5 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Asimismo, entre enero y abril de 2019, el país experimentó los peores niveles de violencia, en comparación con los mismos periodos de los últimos 19 años.
Por un lado, la tasa general de delitos fue 13.9 por ciento superior a la del mismo periodo en 2000 y 3.9 por ciento superior a la del año pasado. Por otra parte, la tasa de delitos de alto impacto de los primeros meses de 2019 fue 9.9 por ciento superior a la de hace 19 años y cuatro por ciento mayor a la de 2018.
