Los partidos políticos frecuentemente son candil de la calle y oscuridad de la casa. Desde el Congreso de la Unión elaboran y reformas leyes para fortalecer técnicamente el Estado de Derecho y estás obligan a los ciudadanos a cumplirlas y en caso de hacerlo ameritan sanciones. Pero, ¡oh sorpresa!, aquellas obligaciones básicas que los partidos tienen que cumplir como cualquier contribuyente físico o moral, siempre buscan darle la vuelta, se impone su poderosa influencia y la gran complicidad sin distingo de anagramas políticos.

Germán Martínez, director general del IMSS, recientemente dio a conocer algo que se intuía o era un secreto a voces en los órganos electorales y medios periodísticos. Que las “entidades de interés público” no cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social, es decir, sus trabajadores están en un régimen de excepción y en algunos casos podría ser un producto patético de la reforma laboral incluso entre aquellos partidos que en tribuna se pronunciaron en contra por ir contra de “los derechos de los trabajadores”.

Y es que mire lector: El IMSS detectó recientemente que todos los partidos tienen relaciones irregulares con sus empleados que van desde contratos precarios a temporales, lo que resulta un contrasentido cuándo un buen desempeño laboral contribuye a favorecer triunfos electorales y estos a su vez, de acuerdo a los cálculos de la relación votos/salarios mínimos, favorece el ingreso a sus arcas de mayores o menores sumas de dinero público.

Entonces, ¿porque en lugar de otorgar incentivos que estimulen su trabajo hacen todo lo contrario?, buscando esquilmar sus ingresos por varias vías, como lo indica el informe que presentó el director donde denuncia que de acuerdo a una investigación encontraron que en 2018, cuándo hubo elecciones concurrentes en todo el país y, no está de más recordar, que es cuándo los partidos políticos necesitan mayores apoyos se encontró algunas irregularidades:

1)Tres partidos políticos no registraron trabajadores, otros tres presentaron una plantilla reducida, por lo que los seis se consideraron omisos;

Además, 2) ningún partido político manifestó subcontratación de personal de manera directa;

3) Otros partidos prácticamente no registraron cotizantes y solo reportaron salarios mínimos, y;

-Finalmente, 4) algunos (…) presentaron plantillas de trabajadores que tributan bajo los esquemas de asimilados y de honorarios.

Sin duda esto refleja un estado de excepción laboral, y no es poca cuando en 2018, recibieron del Estado mexicano 6 mil 789 millones de pesos y por lo visto escasamente alcanzó a los bolsillos de sus trabajadores a los que les escamotearon salarios y prestaciones.

No es casual que Germán Martínez concluya que con esa gran bolsa se hayan creado fortunas de “manera indebida e injusta e inhumana con el esfuerzo de muchos trabajadores”, y la mayoría de ellos hoy se encuentran en la calle sin empleo, algunos en espera de una nueva elección, de una nueva contratación temporal mientras otros se dan la gran vida con ese dinero público.

Claro, se podrá argumentar en contra, que no se puede tener el mismo personal en tiempo de elecciones y de ayuno electoral, sin embargo, eso no obsta para que cuándo se les contrate se le regateen un pago justo y prestaciones, sino que estos sean ejemplo de respeto de la legalidad existente o mejor si la lógica es ahorrar evolucionar a un sistema electoral donde los partidos sean financiados principalmente por sus militantes o en forma compartida con el gobierno.

Así, el gobierno destinaría esos cuantiosos en obras de beneficio público y contrataría extensivamente mano de obra cómo lo marcó en su momento el Estado de Bienestar. No es casual que el informe señale que en 2019 cuándo no habrá elecciones los partidos recibirán sólo de la federación 4 mil 968 millones de pesos y ese dinero convertido en camas hospitalarias serviría para la compra de 100 mil de esa necesidad urgente para millones de personas que se encuentran dentro y fuera de la red hospitalaria de salud pública.

Finalmente, conscientes de la necesidad de poner un freno a la fórmula de asignación de recursos públicos a los partidos, sean bienvenidas aquellas iniciativas tanto en la federación como en los estados, que buscan reducir las participaciones a los partidos entre ellas la de Tatiana Clouthier que presentó una para que se redujera al 50 por ciento el financiamiento a los partidos.

Y podría ser más justa aun, si el financiamiento se fija en función de la participación electoral y los votos obtenidos por cada uno de ellos pues, con el actual sistema de financiamiento público se ha propiciado que los partidos sean verdaderas rémoras que aparecen con todo y luminarias cada vez que hay elecciones en nuestro país y eso debe abrir paso a partidos que busquen a través de la competencia y el debate público activar voluntades ciudadanas.

En definitiva, la denuncia de Germán Martínez es un alerta sobre la calidad de nuestros partidos políticos que en materia laboral se comportan como evasores de sus compromisos en materia laboral y eso significa, repito, ser candil de la calle y oscuridad de la casa.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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