¿Cuántas gotas debo dejar caer para qué veas que está lloviendo?, este texto poético rezaba en un cártel instalado en un muro del CCH-Oriente de la UNAM y por debajo había un pequeño cómo significativo memorial donde había unas flores y veladoras encendidas.

Esa imagen sobria era la expresión de impotencia, anónima, colectiva del asesinato de la estudiante de dieciocho años Aidée Mendoza Jerónimo quién recibió un balazo la tarde del 29 de abril mientras tomaba clases de matemáticas.

Nadie parece haber estado presente en el momento del crimen o quizá será que el miedo se apoderó de su profesor y sus compañeros, que prefieren guardar silencio antes que poner en riesgo su propia vida. Lo único visible en el aula seguramente fueron unas operaciones matemáticas sobre el pizarrón y la imagen del cuerpo inerte de esta joven que estaba por concluir sus estudios preparatorianos.

Vamos, que se alistaba para concluir estos estudios este verano y empezar los de veterinaria en su alma mater. Seguramente pensando en el día que regresaría con su título a trabajar a la comunidad indígena de Tempexquixtla, municipio de Huatlauca, en el estado de Puebla, donde había nacido, crecido y desde donde un día había partido a la Ciudad de México para buscar un mejor futuro a través de la educación.

La violencia contra universitarios dentro o fuera de las instalaciones de sus planteles es un fenómeno creciente a lo largo y ancho del territorio nacional, cómo también incomprensible e inaceptable, porque en esos espacios se estudia para la vida. Son el nervio palpitante de cualquier sociedad. Su futuro y solución potencial a sus problemas.

Sin embargo, ninguna universidad pareciera estar fuera de foco de los violentos sino precisamente por sus altas concentraciones humanas en instituciones como la UNAM, representan un atractivo para actuar e incluso promover negocios del crimen organizado.

No tiene nada que ver con la violencia política que se apoderó de las universidades desde el estallido contestario del 68, de aquellas jornadas libertarias que cobraron la vida de cientos de estudiantes y profesores de la UNAM y el Politécnico Nacional.

La violencia de ahora es una violencia dirigida hacia el estudiante promedio que no tiene otra pretensión que no sea concluir una carrera para hacerse de una vida laboral y llevar la vida con un mínimo de dignidad.

Vamos, la violencia de hoy es a cuenta gotas y estaría despojada de intenciones políticas de manera que parece más una versión cercana a las organizaciones del crimen organizado. Aquellas células que se han apoderado impunemente de espacios que deberían estar al servicio del buen desarrollo de las actividades académicas y frecuentemente por omisión cuentan con el apoyo de autoridades.

Y es que ante este fenómeno de rupturas las autoridades se encuentran pasmadas, incapaces de responder con un mínimo de seguridad en sus espacios, tener control sobre los planteles y asegurar que en ellos no entren armas y mucho menos que ocurran crímenes como el sucedido contra la joven Aidée Mendoza.

Ahí está la respuesta medrosa y tardía, incluso burocrática e insensible, de las autoridades de la UNAM que no parecieron tener prisa para hacerse presentes y denunciar los hechos ante la autoridad judicial. Dejaron pasar en papeleo horas preciosas para la investigación y la eventual detención del criminal.

Y es que cuando ocurren este tipo de hechos violentos caen en el titubeo administrativo además utilizan un lenguaje barroco que busca no incluir la palabra asesinato en un intento inútil por esconder, retardando una realidad que está palpitante a flor de piel.

El argumento pueril es con esta actitud de sigilo se busca evitar que se extienda el temor, como si al hacerlo no fuera a suceder, omitiendo que estamos en un tiempo en que las redes facilitan la circulación de información sensible.

Pero, precisamente esa caricatura de la autoridad universitaria es el incentivo mayor para que sigan ocurriendo este tipo de crímenes, una autoridad, como una policía que no tiene control sobre su territorio de operación, está destinada a ser negada y a qué escale un día hasta ellos mismos o no por su permisividad.

Así ha sucedido y sucede en varias universidades de provincia, donde ocurren con regularidad este tipo de hechos violentos contra sus miembros, en lugar de movilizar se busca el control de daños. Un caso que conozco bien es el de la Universidad Autónoma de Sinaloa donde en los últimos diez años han asesinado decenas de universitarios dentro y fuera de sus instalaciones y es el rector con su círculo estrecho los que van a pedir ritualmente cuentas al Fiscal y se hacen luego la foto de rigor con toda solemnidad para decir cumplimos con nuestra exigencia de justicia.

En la UAS nunca ha habido una convocatoria de movilización universitaria contra la violencia y eso que la violencia ha llegado a personajes directivos y académicos muy reconocidos. Se busca la portada que da una declaración “contundente” no la imagen colectiva, de repudio, cómo hoy no sucede en la UNAM que muestra falta de reflejos, desinterés y falta de compromiso. Así en abril de 2017 el rector de la UAS solicitó a la Fiscalía el esclarecimiento de 58 homicidios dolosos contra universitarios, si 58,  y, desde entonces, han sucedido nuevos crímenes en los espacios universitarios, como fueron en los últimos años el de los estudiantes de Derecho que pertenecieron a las corporaciones policiacas en la anterior administración del Gobierno del estado.

No han sido suficientes las cámaras los lectores de rostros o digitalizar los accesos a los espacios universitarios, hasta ahora todo ha sido inútil, por la permisividad que existe en torno a estructuras del crimen que muchas veces están en los alrededores de los planteles. La omisión en los accesos y el desinterés de las autoridades por estos asuntos, como sucedió con Efraín Peralta Terrazas, el director del CCH Oriente, a lo sumo busca minimizar y distraer lo sucedido en las instalaciones universitarias.

Sin embargo, es inútil, la información circula con una rapidez extraordinaria y más cuándo se trata de un caso que se perfila como un feminicidio que tiene una resonancia más aguda, más estridente en una ciudad donde el año pasado fueron sacrificadas 148 mujeres.

En definitiva, vale la pregunta, cómo sociedad, ¿cuándo nos daremos cuenta de qué está lloviendo?

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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