Esta semana fue atípica para los sinaloenses: de lunes a viernes no registramos ningún homicidio doloso. Cinco días sin que mataran a nadie.

Es una anomalía. Un suceso contradictorio, porque debería de ser lo normal y lo celebramos como algo extraordinario.

La razón de fondo es que los sinaloenses llevamos muchos años acostumbrados a ver homicidios a diario: los “ejecutados” y “encobijados” llenan nuestro lenguaje violento y refuerzan nuestro estigma hacia fuera y hacia adentro: el Sinaloa Narco.

¿Es solo un estigma? No. Tristemente, los números lo confirman. Si hacemos las cuentas, desde 1990 a la fecha, en Sinaloa acumulamos 24,779 homicidios según datos oficiales (INEGI, FGE). Es una barbarie. Lo que los expertos llaman “situaciones de atrocidad”. Suena fuerte, pero lo es. Los cenotafios en las banquetas nos lo recuerdan.

Pero esa barbarie no ha sido ni es uniforme, en Sinaloa la violencia registra valles y picos históricos que se explican en un contexto complejo que incluye el papel de las autoridades (actuación/omisión/colusión) locales y federales (sobre todo, el ejército), la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón en 2006 y los conflictos internos del Cartel de Sinaloa en 2009-2010 (Guzmán vs Beltrán Leyva) y luego en 2017 (Guzmán vs López).

Por eso vale reflexionar que hoy en Sinaloa, en sentido contrario a la tendencia nacional y con un promedio de 2.25 homicidios diarios en 2019, registramos el punto más bajo de ese delito desde 2008, justo antes de que estallara la cruenta batalla en el cartel local tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán; una guerra que elevó la tasa hasta 6.57 homicidios diarios en 2010.

Las guerras no son para siempre y una vez que el cartel se estabilizó y el bando de Guzmán y Zambada retomó el control, los homicidios volvieron a descender hasta 2.98 por día en 2015. Recordemos que el gobierno de López Valdez se adjudicó ese descenso como un mérito de su “estrategia” de seguridad… con el comandante Aguilar Íñiguez al frente de la policía. La farsa estaba ante nuestros ojos.

La mentira duró poco, primero porque nunca volvimos a las cifras de 1.5 asesinatos por día como en tiempos de Renato Vega, sino porque al final del sexenio de López Valdez, el cartel entró en crisis otra vez tras la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera y el enfrentamiento entre sus hijos y la facción de Dámaso López.

Esa segunda escisión volvió a elevar el promedio a 4.29 homicidios diarios en 2017 ya en el gobierno de Quirino Ordaz, quien decidió desde el principio abandonar la simulación de la colaboración con el ejército para ponerlo, literalmente, arriba de las patrullas de la policía. Ahora que recién se aprobó la Guardia Nacional, conviene recordar que en Sinaloa ese modelo opera en la práctica desde 2017.

La pregunta es: ¿el modelo militarizado de seguridad que tenemos en Sinaloa funciona y es la razón (o al menos, una de las razones) del descenso de homicidios que ahora celebramos? Una pregunta más pertinente ahora que el modelo será nacional.

Todavía no lo sabemos. Creo que es muy pronto y apenas empezaremos a ver la consolidación de la estrategia con la operación de la base de El Sauz y el apoyo del gobierno federal.

Pero tengo mis reservas, básicamente por dos razones: primero, porque hemos visto que la principal razón de nuestras epidemias de violencia se explican en los conflictos internos del Cartel de Sinaloa. Por eso creo que el principal factor del descenso de los homicidios es la estabilización del mismo tras la condena de Joaquín Guzmán en Estados Unidos y la “soledad” en la que se queda su último líder histórico, Ismael Zambada. Quien ha sido reconocido como eso que los gringos llaman: un “factor de estabilización” en el panorama del crimen organizado y la narcopolítica.

Y segundo, porque el narco no es un ente estático, sino una red que evoluciona y se adapta a las nuevas circunstancias del entorno más rápido que las autoridades.

¿Cuáles son esas nuevas condiciones? El avance de la mariguana legal en Estados Unidos, la diversificación del modelo de negocio a la heroína como producto de exportación, la producción de mariguana y metanfetaminas para el narcomenudeo nacional, la incursión en otros delitos relacionados como el robo de auto, el tráfico de armas y personas, el lavado de dinero, entre otros. Delitos que en Sinaloa son problema, lo que nos enseña que no necesariamente estamos construyendo más seguridad, estado de derecho y justicia.

Es decir, que no podemos seguir diagnosticando al crimen organizado sinaloense con las mismas premisas de hace treinta años. El problema que ahora enfrentamos es diferente y sus dinámicas de violencia también. El homicidio es la más poderosa de esas dinámicas, y si bien hay que reconocer su disminución (-28%, 2018), hay que atender otros delitos de igual o mayor impacto en el tejido social como la desaparición de personas (+13.9%, 2018). Un delito silencioso que impacta menos en la percepción de violencia de una región pero que genera un profundo daño social.

El incremento de los desaparecidos en Sinaloa es tal que ya iguala a los asesinatos (ver gráfica) y que, a juzgar por los continuos hallazgos de cadáveres y la proliferación de colectivos de rastreadoras, se consolida como un problema complejo urgente y prioritario de atender por parte del gobierno estatal y federal.

Porque siempre, siempre, será de celebrar que menos personas sean asesinadas en la vía pública, pero no podemos cantar victoria si seguimos hallando muertos en fosas clandestinas.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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