El martes siete de agosto, el Congreso del Estado de Puebla atrajo las miradas. Ese día, el diputado panista, Jesús Zaldívar Benavides dijo ante el pleno: “…Es necesario pensar en la seguridad de Rafael Moreno Valle –actual gobernador– cuando concluya su mandato, pues él ha velado por los intereses de todos los poblanos”.
Y la mayoría de los legisladores lo respaldaron. Por lo que a partir de esa fecha, los ex gobernadores poblanos tendrán escoltas de seguridad financiadas con erario público, gracias a la reforma a la Ley de Seguridad Pública de aquella entidad.
Es decir, nombres como Rafael Moreno Aguirre (1969-1972)–abuelo del actual gobernador–, Guillermo Jiménez Morales (1981-1987), Mariano Piña Olaya (1987-1993), Manuel Bartlett Díaz (1993-1999), Melquiades Morales Flores (1999-2005) y Mario Marín Torres (2005-2011) podrán gozar de esta reforma, o en su defecto, dar a conocer por escrito ante la Secretaría de Gobierno que rechazan dicho privilegio.
Aunque cabe mencionar que Mario Marín y el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Valentín Meneses, fueron los primeros en beneficiarse. Antes de esta reforma, ambos cuentan con seguridad personal a cargo del erario público, a través de un acuerdo otorgado por la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Fue el 13 de diciembre de 2010 que tal acuerdo se publicó en el Periódico Oficial de Puebla.
Este antecedente dio pie a que el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Héctor Alonso Granados justificara la reforma a esta Ley. “Ya existía”, dice en entrevista para Sin Embargo MX .“Lo que hicimos fue transparentarla”. Declaración que desmiente José Juan Espinosa Torres, diputado por el Movimiento Ciudadano, que junto a Gerardo Mejía, del PRI, se opuso a dicha ley. “Este decreto es un exceso y da privilegios que son un gasto innecesario para los poblanos”, revela.
Las reformas a Ley de Seguridad Pública de Puebla abarcan desde el artículo 136 al 146. Por ejemplo, en el artículo 142, elucida que la seguridad personal se proporcionará a través de una escolta integrada “por lo menos de seis a ocho elementos por turno, quienes deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia”.
Cuando Espinosa Torres asegura que el gasto por estos servicios es excesivo, lo dice porque cada elemento de seguridad tendría un sueldo aproximado de 10 mil pesos mensuales. Por lo que el gasto mensual por escolta sería de 80 mil pesos. Esto, sin contar los gastos de combustible y mantenimiento, financiados también con dinero público. De ser así, en un lapso de 12 años, por cada ex gobernador se generaría un gasto aproximado de 23 millones de pesos, según cálculos del Congreso poblano.
NO ES UN ASUNTO DE IMPORTANCIA
Al principio, la reforma a Ley de Seguridad Pública estipulaba que también ex secretarios de Seguridad Pública, de Gobierno, procuradores de Justicia, así como ex subprocuradores, subsecretarios de Seguridad, de Gobierno y directores generales de las mencionadas dependencias contarían con esta seguridad.
Tras una discusión entre el líder del Congreso, Édgar Salomón Escorza, quien se manifestó a favor de que la ley no fuera retroactiva para los ex gobernadores, y el coordinador de la bancada panista, Mario Riestra Piña, de que sí aplique para los antecesores de Moreno Valle, al final convencieron más los argumentos de Riestra Piña y la Ley, aunque la reforma se aplicará sólo para ex gobernadores.
La propuesta del diputado del Panal, argumentaba: “Entidades federativas como Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, se ha incorporado dentro de su marco legal, la prestación de los servicios a ex servidores públicos como lo son el Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Procurador de Justicia, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y demás, a fines a la realización de acciones que son consideradas como sensibles o vulnerables, y por esta razón requieren contar con protección, vigilancia y custodia de su integridad física, aún después de dejar sus cargos”.
Héctor Alonso Granados explica: “Esta ley es necesaria. Lo vemos en todas partes. Ahora el crimen organizado toma represalias contra los gobernadores y funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, el asesinato al ex gobernador de Colima (Silverio Cavazos) o a la directora del Penal de Tamaulipas (hace referencia a Rebeca Nicasio Vázquez, directora del Penal de Nuevo Laredo, asesinada en el interior del reclusorio, mientras hacía una visita). Como se ven afectados, buscan venganza. Por eso impulsé esta ley”.
-A muchos de los funcionarios beneficiados se les ha relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico…
-Aquí no es el caso. Se han desmantelado bandas delictivas que cobran venganza contra los servidores públicos dedicados a este sector.
-Pero con el presupuesto que se les otorgará a los ex gobernadores, se podría proveer con más seguridad a otros municipios o destinar a otras causas, ¿no le parece?
-Insisto. Hay otros casos como los que mencioné en la iniciativa. Debemos proteger a los ex servidores públicos. Es deber de los estados.
-¿O tiene algún interés en particular con el gobernador Rafael Moreno Valle? Es evidente que la ley le beneficia a él.
-Aplica a todos los ex gobernadores. No tengo compromisos con nadie.
Sin embargo, José Juan Espinosa piensa que esta ley es onerosa y “va en sentido contrario a una iniciativa que presenté. Era un proyecto de austeridad que los grupos dominantes del Congreso no quisieron atender”, revela.
Se le comenta al legislador lo que su correligionario sustenta, que dichos privilegios en cuanto a seguridad ya existían. Espinosa Torres refuta: “Es falso. Mario Marín sacó un acuerdo, poco antes de dejar la gubernatura. Eso permitió que tenga a su cargo elementos de seguridad, financiados por el estado de Puebla. En su momento nos pronunciamos en contra, pero no encontramos eco en los grupos parlamentarios”.
Respecto a que la seguridad para ex gobernadores sea vitalicia, Alonso Granados lo desmiente. Asegura que la Ley es muy clara. Pero en unos de los artículos modificados, el 138, la redacción del legislador sostiene: “El servicio de seguridad personal se proporcionará al Gobernador del Estado en forma automática, a partir de la fecha en que deje el cargo y de manera permanente”. Aunque el diputado del Panal matiza: “Sólo si la persona lo solicita por escrito”.
¿UN REGALO PARA MORENO VALLE?
Para 2017, Rafael Moreno Valle obtendría este servicio de seguridad. Es posible, aunque todavía José Juan Espinosa confía en que el gobernador atienda el pronunciamiento que le enviaron días después de la aprobación de dicha ley. Pero el optimismo del legislador del Movimiento Ciudadano no claudica, pese a que Moreno Valle ni siquiera ha respondido.
“Nosotros vamos por una contrarreforma. De ser atendida, el gobernador debe dar marcha atrás. No se pueden dar este tipo de privilegios”, opina convencido. Pero se le pregunta si en otras ocasiones ha obtenido respuesta de Moreno Valle. Espinosa Torres dice que no.
-Pero la ley es un hecho.
-Sí, pero todavía falta que el gobernador responda.
-¿Y confía en que lo hará? – El legislador tarda unos segundos en contestar y luego responde con seguridad.
-Yo confío que sí lo hará.
-¿Por qué está seguro?
-No lo sé.
-Ya pasaron muchos días y no hay respuesta. La mayoría del Congreso lo aprobó. La ley le beneficia al propio gobernador, ¿aún así cree que se pronunciará en contra de la ley?
-Espero que sí, porque esta ley es un insulto para los poblanos.
José Juan Espinosa dice que sólo ha platicado con el ex gobernador Manuel Bartlett. A propósito de él, su correligionario, Héctor Alonso Granados lo toma como ejemplo. Asegura que Bartlett Díaz, tras dejar la gubernatura, tuvo su equipo de seguridad, financiado por el gobierno de Puebla. Esto viene a colación, porque al diputado del Panal se le menciona que el ex mandatario y actual coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Senadores, afirmó que él rechaza la seguridad vitalicia.
Responde Alonso Granados: “Él tuvo su propia seguridad, antes y después de ser gobernador en Puebla. Ahora que se pasó a la izquierda, quiere dar una imagen distinta. Pero miente. Él tuvo privilegios y ahora lo niega”. Y es que Bartlett Díaz, tras la reforma a la Ley de Seguridad Pública aseveró en una rueda de prensa:
“Me parece que no es necesario, yo no he tenido ninguna escolta. Pero yo, desde luego, no necesito tener esa corte. Yo no considero que sea necesario tener esa vigilancia porque además genera un costo al estado –de Puebla–. No lo acepto. La sociedad necesita de los policías, no que se cuiden las espaldas de los políticos”. El propio Espinosa Torres confiesa que él, personalmente, cuestionó al actual senador, quien negó haber gozado de tal privilegio, tras dejar la gubernatura en Puebla.
-Diputado, ¿cuál es el fondo de esta Ley? ¿Quién o quiénes se privilegian?
-Son los excesos, muy comunes en los gobiernos panistas. Se dotan de una serie de privilegios. Lo hemos visto con el gobierno de Felipe Calderón. Lo vimos desde Vicente Fox.
-Pero es muy simplista, ¿no le parece? ¿Acaso no tendrán los diputados, incluidos los de su partido, algún interés personal y político con el gobernador Moreno Valle?
-Sus simpatizantes –hace referencia a panistas y panalistas– quieren tratar bien al gobernador del estado. Han dado favores y regalos. Por eso esta ley.
EL PRIVILEGIO DE SER EX GOBER
Hilda Constantino es asistente personal del ex gobernador y senador Melquiades Morales Flores. Cuando se le pide una entrevista con su jefe, Hilda Constantino inquiere: ¿Y por qué a él en especial?”. Se le explica que también se espera la respuesta de Manuel Bartlett, quien en dos ocasiones niega la posibilidad de una entrevista, “es que tiene una agenda apretada”, argumenta alguien de su equipo.
La confirmación no llegó. La de Melquiades Morales tampoco. Ante la insistencia, Hilda Constantino asegura que el ex mandatario no tiene tiempo. Primero salió de la ciudad. Después, un sinfín de compromisos impide tener contacto con él. Al final, Constantino dice sentirse apenada pero Morales Flores “no podrá hablar por el momento”.
Hasta el cierre de esta edición, ningún ex gobernador de Puebla, salvo Manuel Bartlett, se ha pronunciado ante la reforma que impulsaron sus legisladores. Nadie. En la capital poblana, medios de comunicación locales dieron a conocer la noticia. Enseguida comenzaron los sondeos en la radio y prensa escrita, y por supuesto la mayoría de la población está en contra de la Ley.
Quizá porque la memoria colectiva en Puebla sabe el historial de sus gobernadores. Los casos más sonados: Mariano Piña Olaya, además de otras acusaciones por corrupción y tráfico de influencias, en 1990 vendió un inmueble considerado patrimonio histórico. La compradora fue su esposa, Patricia Kurezyn, quien a su vez recibió una indemnización, en 1996, por parte del gobierno estatal, cuando expropiaron el lugar para comenzar el proyecto Paseo de San Francisco.
Estos datos, obtenidos por El Universal y La Jornada de Oriente, aseguraban que el entonces Secretario de Gobernación y después alcalde de Puebla, Mario Marín Torres, fue el contacto que informó a Piña Olaya sobre la expropiación.
A decir de Mario Marín como gobernador de Puebla, fue quizá el gobernador más controversial en los últimos años en esa entidad. Conocido como el góber precioso, tras una conversación entre él y el empresario Kamel Nacif, relacionado con tráfico de menores, y quienes conjuraron, según una grabación telefónica, contra la periodista Lydia Cacho. El mismo que es acusado de corrupción y abuso de poder. Se le responsabiliza por haber gastado, tan sólo entre 2008 y 2010, 540 millones de pesos en servicios de comunicación y difusión. El mismo que dejó una deuda en el estado de nueve mil millones de pesos.
Melquiades Morales estuvo involucrado en un fraude por un terreno donde se encontraba un parque de diversiones conocido como Valle Fantástico. A través de una supuesta donación de 18 hectáreas que el ex gobernador, Morales Flores, dio al empresario Ricardo Henaine. Por lo que el gobierno de Moreno Valle, además de recuperar el terreno, interpuso una denuncia a 28 servidores públicos que trabajaron para Melquiades Morales y Mario Marín.
Sobre Manuel Bartlett no sólo pesa la “caída del sistema” en 1988 y su responsabilidad en el fraude electoral de ese año. También carga a cuestas el encono de ejidatarios en diversos municipios de Puebla, a quienes despojó de sus tierras. Expropió 45 mil hectáreas, de las cuales su sucesor, Melquiades Morales, “donaría” al Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Expropió inmuebles históricos, dejó inconcluso un periférico, afectó 60 hectáreas con áreas verdes para construir el megacentro comercial Angelópolis. Fue autor de la conocida Ley Bartlett –Ley para el Federalismo Hacendario–, misma que detenía los recursos de presidentes municipales, en la que panistas denunciaban que esta ley servía como una forma de presión política a cambio de liberar recursos públicos. Así se lo hicieron saber al actual senador cuando visitó varios municipios. Entre abucheos y añejos recuerdos, fue despedido.
Lo último que se sabe de Rafael Moreno Aguirre es la foto en varios medios impresos locales, a propósito de sus 95 años. Un homenaje en vida que le realizó su nieto, el gobernador Rafael Moreno Valle y el reconocimiento a la vida de Moreno Aguirre como un empresario notable y un general ejemplar para el estado.
Respecto a Guillermo Jiménez Morales, ligado a sectores conservadores, embajador de México ante la Santa Sede en el Vaticano, presidió el Comité Organizador para los festejos del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo. Celebración que costó a los poblanos 3 mil millones de pesos y provocó diversas críticas al gobierno de Rafael Moreno Valle.
LOS CONTRASTES
Luego de que se diera a conocer la reforma a la Ley de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, a través del diario Reforma, informó que la mitad de los 217 municipios de esta entidad cuentan con cuerpos policíacos integrados entre 5 y 15 elementos.
Datos que arrojan que 38 municipios cuentan con fuerzas policíacas entre cinco y nueve agentes. Mientras que otras corporaciones sólo cuentan con 10 a 15 elementos. Por citar un ejemplo: Coyotepec, municipio donde es oriundo Mario Marín Torres, cuenta con siete policías que trabajan dos turnos seguidos.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el estado de Puebla, por cada 100 mil habitantes existen 218 policías, mientras que la Estadística del Estado de Fuerza por Entidad Federativa contabiliza 12 mil 596 efectivos encomendados. De estos, 42 por ciento son agentes municipales; 51 por ciento, policías estatales y el siete por ciento, ministeriales.
“No es un gasto innecesario. La violencia es cada vez más fuerte y por eso hay que darles la seguridad. No es un privilegio”, indica Alonso Granados. Su contraparte, el diputado Juan José Espinosa, del Movimiento Progresista, rebate esta idea: “He visto al ex gobernador Guillermo Jiménez caminar por las calles de Puebla, sin escolta. No veo la necesidad de tenerla. Una ley como esta, con todos los contrastes que hay en el estado, habiendo municipios marginados, con índices de pobreza muy fuerte, ofende. No lo debemos permitir”.
-Pero ya se aprobó la reforma. Hay poco por hacer.
-No lo creo. Hay que esperar a que el gobernador Moreno Valle nos responda.
-¿Y si no responde?
-Responderá –dice confiado.
