Suena exagerado, duro, contundente, un título que habla de una democracia criminalizada. Pero, en defensa de esa tesis polémica, están además de la notoria intervención del crimen organizado en la esfera pública, los parámetros sustantivos de calidad democrática no encajan y muestran el gran desamparo que tienen las instituciones públicas.

Las muestras abundan en materia de seguridad pública; en la cada vez más notoria intervención en los procesos electorales incluso con el asesinato de candidatos, dirigentes políticos y operadores; en la compra de cargos públicos; en los sistemas financieros y el lavado de dinero y qué no se hable de ausencia en el huachicol porque está hasta el tuétano. Vamos, están en cada uno de esos 24 delitos que han ido paralelos a los ciclos tormentosos del narcotráfico (Buscaglia, dixit).

La calidad democrática vista en clave sustantiva de libertad e igualdad se expresa en al menos dos dimensiones: el Estado de Derecho y la Rendición de Cuentas (Morlino, dixit), y ambas en México, nos deben mucho, sin embargo, las decisiones del nuevo gobierno permiten pensar en que las cosas empiezan a cambiar y hay que esperar un tiempo razonable para saber si estas en materia de política pública se cumplirá en beneficio de la sociedad mexicana.

Y es que nuestro Estado de Derecho, ha llegado al extremo de una sobrerregulación, leyes sobre leyes, que le ha restado eficacia, y contraria a la opinión de sus promotores, ha terminado por quitar fuelle a la gestión pública y los vacíos y contradicciones que genera los ha conquistado inmediatamente la ilegalidad, sea la que está dentro o fuera de las instituciones públicas, las pruebas son múltiples en estos días especialmente tensos y esa distorsión estaría provocando una lejanía con lo básico de toda democracia más o menos consolidada, que es la capacidad para garantizar derechos favoreciendo la inversión, la recaudación y la redistribución del ingreso público.

Y, cuando esto sucede, se sientan las bases de la operación del crimen en las instituciones de gobierno. Se podrá decir en justicia que el juego legalidad e ilegalidad no es privativo de las sociedades democráticas. Que en toda democracia siempre opera el principio de la política de “lo posible”, y que la ilegalidad es marginal, con respecto del total de la acción del Estado que es mucho más que unos cientos de pipas con gasolina robada y qué al final termina por imponerse la ley (ese es el argumento oficioso).

Sin embargo, estos argumentos de un sector de la comentocracia más oficiosa ante su notoria crisis de credibilidad que lo ha llevado a que este literalmente “agarrada de la brocha”, prefiere, quizá como un último recurso de sobrevivencia, observar el árbol en lugar del bosque, para desde ahí construir la ofensiva.

El fin de semana, por ejemplo, escuchaba a López Dóriga pidiendo desde la comodidad de su biblioteca que les den respuesta a dos preguntas sobre el combate contra el huachicol. Preguntas que a su juicio están en el aire en lugar de pronunciarse en contra de esta corrupción que ha destrozado a la empresa más emblemática del Estado mexicano y que medios como Televisa en el pasado no le dieron visibilidad pública quizá por los contratos que hoy se revelan.

Entonces, personajes como Dóriga, están en la lógica de los fallos, las inconsistencias incluso porque no, los posibles “errores de la estrategia” de los operadores del gobierno. Se trata de buscar el prietito del arroz y con ello atender a una audiencia cada día más reducida precisamente porque está insatisfecha con ese tipo de peticiones de información afín a unos intereses.

Y, la rendición de cuentas, la accountability, un viejo reclamo de la sociedad está por verse un mejor momento. Tenemos una legislación cada día más sofisticada incluso un Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, la corrupción en los últimos gobiernos ha sido espectacular. Simplemente el huachicol alcanza una cifra superior a los 60 mil millones de pesos anuales y luego veremos qué pasa con la energía eléctrica o los perdones fiscales.

O sea, estos desvíos han sido negocios redondos, mejor todavía que el narcotráfico o el robo de autos. Sea para los huachicoles de cuello blanco que despachaban en las grandes oficinas públicas, sea para los dirigentes del Sindicato petrolero, o el “pipero” con sus flotillas al que se le admite un porcentaje de hasta diez por ciento de evaporación de gasolina cuando no supera el 3 por ciento o el huachicolero de las regiones, ese paisano que organiza a los pueblos para “hacerse justicia con su propia cubeta”.

Una operación criminal con la dimensión que hoy se nos revela, y que ya nos iremos enterando de otras operaciones menos mediática pero igual de perjudiciales para las finanzas públicas, es mayúscula y llega a los límites de un Estado fallido. Es decir, un Estado capturado por el crimen organizado, que arranca trozos importantes de los ingresos públicos y deja sus efectos perniciosos sobre el resto de la sociedad, y qué por omisión o complicidad, no se detuvo por el contrario se incrementó a los niveles que hoy conocemos.

Entonces, es el momento de evaluar una democracia como la nuestra, que es incapaz de garantizar que los ingresos lleguen a las arcas públicas, que una parte importante caigan en manos privadas, y peor que ese dinero alimente nuevas acciones del crimen organizado, dinero que sirve para cooptar una parte de la función pública además de financiar campañas y postular candidatos a cargos de elección popular que en muchos casos alcanzan luego cargos de representación política.

Afortunadamente, la nueva administración del gobierno federal, lo ha asumido como una tarea estratégica y está dando la batalla en varios frentes, y los resultados están a la vista, pero, sorprendente, con un amplio apoyo social que se ha decidido ir contra un sector del crimen organizado y qué sin duda sienta las bases para otras luchas ciudadanas. No hay que bajar la guardia para transitar a una democracia de calidad.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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