Un valor de la democracia es la incertidumbre en la competencia por los votos. Este valor rector de las democracias con mayor o menor consolidación es el que debe marcar la pauta del quehacer de las instituciones, sean las encargadas de la organización o las jurisdiccionales en materia electoral.

Ese triángulo Ciudadano-INE-TEPJF debe no solo parecer virtuoso sino serlo para garantizar una elección de calidad de la que todos nos sintamos orgullosos: el ciudadano que emite responsablemente sus votos preferentes, el INE que organiza cada una de las más 150 mil casillas electorales y el TEPJF con resoluciones en estricto apego a la ley.

Esto que no debería estar a discusión, en una democracia que se precie de serlo. En México está al menos bajo sospecha de que no se cumple a cabalidad. El voto se sabe que se puede inhibir, coaccionar o comprar, como sucedió en las elecciones del año pasado, especialmente en el Estado de México, y que documenta ampliamente el texto: El Infierno Electoral, coordinado por Bernardo Barranco, un ex Consejero electoral en ese estado.

La organización de las elecciones federales o estatales frecuentemente son motivo de litigio, incluso muchas veces por las propias declaraciones de quienes deben ser discretos en su actuar institucional, y no sólo eso por los ataques de los grupos criminales que se encuentran en todos los rincones del país y que en esta elección nuevamente están asesinando candidatos, campañistas, operadores electorales y hasta familiares de quienes van en busca de una representación política.

Los tribunales por su parte son cuestionados constantemente por sus resoluciones que van en contra del interés público. Lo vimos el año pasado en el Estado de México donde se dio un macro fraude, pero también en Coahuila. Ambos comicios dejaron un mal sabor de boca entre muchos mexicanos que no terminan por tener confianza a quienes tienen la última palabra en los litigios poselectorales.

Si esta es la situación construida, muchas veces a golpe de represión política o de arreglos tras bambalinas, como sucedió en las ya celebres concertacesiones, que pactó el entonces Presidente Salinas con los dirigentes neopanistas y que luego se multiplicaron en los pasados años ochenta y noventa. Ahora, muchos ciudadanos esperan que después de las elecciones del año pasado, éstas se repitan en las próximas elecciones concurrentes del 1 de julio.

La confianza en las instituciones electorales sigue siendo muy baja, y muy alta la percepción de que actúan con parcialidad, producto de ambiciones personales, y por la integración de los órganos, que como sabemos, fue vía cuotas de partido, aún cuando se cambio el mecanismo de elección en las OPLEs, pero no en la integración del Consejo General del INE, donde llegaron personas sin trayectoria en materia electoral.

Que sea la representación política la que los elija no debería ser un problema de operación electoral, sino una garantía de imparcialidad.  Mientras los consejeros y los magistrados electorales se conduzcan con profesionalismo y decencia, y actúen conforme a la ley despojándose de cualquier deuda partidaria. Pero no, con honrosas excepciones, la constante ha sido que actúan de acuerdo con sus lealtades, con lo que lastiman constantemente nuestra democracia electoral. Esta actuación provoca una percepción electoral negativa, que es lo que da sentido a lo que llamamos genéricamente incertidumbre burocrático electoral.

Es decir, una actuación de los agentes electorales, más cercana a sus intereses personales o de grupo que a las tareas que la ley les tiene asignadas. Eso provoca desconfianza, desánimo democrático, además de favorecer el abstencionismo, incluso, pareciera, la permisividad por omisión para actuar fuera de la ley.

Dicho de otra forma, esa actuación genera incertidumbre sobre los resultados electorales, por no trasmitir certeza en su actuación, más allá de un "bla bla bla" mediático que solo significa retórica democrática y una reducción en la calidad de nuestros procesos comiciales.

Y si a eso le agregamos, que poco o casi nada, se está haciendo para inhibir los ataques violentos a los candidatos de los distintos partidos, genera una mayor incertidumbre en franjas de la geografía nacional, donde la gente se siente alcanzable por una violencia con claras intenciones de orientar el desenlace o los desenlaces de la dinámica electoral.

Estamos, los ciudadanos en una situación de fragilidad, producto de la escasa certeza que trasmite la autoridad electoral que no termina de construir su credibilidad pública, y es que con relativa frecuencia, toman malas decisiones o son visibles sus omisiones, las cuales generan una gran duda sobre su autonomía.

Ahí está el caso de Margarita Zavala, que aún teniendo cerca de 140 mil firmas inconsistentes que ameritaba una investigación de fondo para ajustarse a la verdad legal, decidieron brindar el paso para que se habilitara como candidata independiente -luego renunciaría generando un debate sobre la papelería electoral que resolvieron dejando su nombre e imagen, que no dudo habrá de generar votos nulos-, y más tarde, fue el Tribunal Electoral el que reconoció como candidato independiente a Jaime Rodríguez, "El Bronco", quien había sido rechazado por el INE, pero éste decidió habilitarlo como el segundo candidato independiente a la Presidencia de la República, aún cuando presentó firmas apócrifas para su registro.

O sea, lo que resulta obvio para ser rechazado. Estos personajes lo ven como correcto y le dan para adelante lo que hace pensar que actúan conforme a estrategias partidarias, agregando o restando, para obtener un resultado previsible.

Y eso no va de la mano con el espíritu con que nacieron los organismos electorales, que tienen como principal tarea el desarrollo democrático, sino responden a un cúmulo de intereses que va más allá de la función que constitucionalmente tienen asignadas.

Estamos en la víspera de las elecciones y la sombra de la duda. Está presente sobre el actuar de los agentes de estas instituciones, en las próximas semanas y meses, que podrían ser instrumento para una alternancia sin sobresaltos o el principio de una severa crisis social y política.

La desconfianza los acompaña y eso habrá de ser determinante en este capítulo esperanzador de la democracia mexicana, pero no por las instituciones, sino por la gente que saldrá a votar como no sucede hace más de dos décadas.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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