La Ley de Biodiversidad, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, ha sido criticada por ambientalistas debido a que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales. El dictamen aprobado el pasado viernes en el Senado de la República, en medio de la polémica discusión de la Ley de Seguridad Interior, recibió modificaciones hechas por los grupos de la sociedad civil, pero no prohibe de manera expresa la minería en Áreas Naturales Protegidas, denuncian Greenpeace y Cemda. Por esta razón, ambas organizaciones exigen a la Cámara de Diputados que corrija el proyecto antes de ser aprobado.
ADEMÁS
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El Senado de la República aprobó la Ley de Biodiversidad, que ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil y académicos debido a que pone en riesgo los recursos naturales de México, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.
El viernes pasado, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley y ahora estará en manos de la Cámara de Diputados para su ratificación.
El 25 de octubre del año pasado, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa a fin de expedir la Ley General de Biodiversidad, abrogar la Ley General de Vida Silvestre, además de reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En entrevista con SinEmbargo, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en el país, expuso que esa legislación debe pasar por un debido proceso de discusión, debate e información donde todas las partes involucradas puedan emitir opiniones para su construcción.
Al abrogar la Ley General de Vida Silvestre, han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil, se cancela la asimilación del Protocolo de Nagoya de la legislación mexicana sin impedimentos que puedan evitar la erosión genética de los bienes naturales mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional ejecutado en la conservación y el uso de la biodiversidad.
Rivas criticó que la aprobación de la Ley de Biodiversidad por parte de los senadores ha ocurrido como con el proceso de la Ley de Seguridad Interior: sin escuchar las voces de la sociedad civil ni de la academia.
«La poca discusión sobre la Ley de Biodiversidad habla de un trabajo legislativo en el Senado de la República que deja mucho que desear», dijo.
VACÍOS EN LA LEY FAVORECEN PRIVATIZACIÓN
«Esperamos que los diputados se den cuenta de esta situación anómala. Que vean que hay mucho por discutir en el tema de la Ley de Biodiversidad. Sólo cuando todas las partes hayan sido consultadas y exista consenso, entonces podremos hablar de una real mejora, de lo contrario esto sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene», expresó.
El activista planteó que la Ley de Biodiversidad «es una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la privatización de los recursos», ya que, acusó, no expresa cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.
Hace algunos meses, productores, organizaciones y académicos ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde acusaron que dicha Ley deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a un manejo inadecuado al ser arrebatados de las comunidades indígenas y campesinas.
Además, Rivas criticó que en la Ley se omite la prohibición para las actividades mineras en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo cual «es bastante grave por parte del Senado que a pesar de los muchos comentarios se le fue ese ‘detalle'».
Sobre la misma línea agregó, como en otras ocasiones, que «las ANP no son una garantía para la protección de la biodiversidad y esta Ley lo confirma».
En el mismo sentido, Anaid Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que existen «grandes pendientes» en la Ley.
Los vacíos que aún quedan en la Ley, expuso, son la creación de un fondo de Áreas Naturales Protegidas a fin de contar con recursos que sean capaces de contribuir en la mejora de la gestión del capital natural y la prohibición de la minería en dichas zonas.
«Nos gustaría ver que la Cámara de Diputados haga algo al respecto. Por ejemplo, la prohibición de minería en ANP es un tema que en el Senado no fue considerado. Ojalá que los diputados puedan discutirlo», pidió.
No obstante, reconoció que respecto al borrador de la Ley, el dictamen de la iniciativa ha mejorado en otros temas de Áreas Naturales Protegidas y en reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico. Por ejemplo, señaló, se incluyen principios que fungen como herramientas jurídicas que velan por la protección del medio ambiente.
«La Ley de Biodiversidad reconoce jurídicamente a la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y se establecen los principios de no regresión en la protección de derechos humanos relacionados con la biodiversidad, lo cual es muy oportuno», añadió.
Al igual que Greenpeace México, la abogada afirmó que es necesario implementar mecanismos más incluyentes y representativos en los procesos de consulta.
Por ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a «incluir las voces que el Senado ignoró».
