Instituciones que se pensaban consolidadas en México como el INE, la Fepade, el TEPJF y la PGR, además de la inconclusa Fiscalía General de la República y la naciente Fiscalía Nacional Anticorrupción tienen un común denominador: la actual administración federal las ha minado, coinciden analistas políticos.
Faltan ocho meses para las elecciones de 2018 –en las que se elegirá Presidente de la República, gobernadores, integrantes del Congreso de la Unión, entre otros– y las instituciones encargadas de velar por la certeza de los comicios llegan golpeadas a un proceso difícil, ante una oposición que se fortalece y un partido oficial que ha demostrado que usará todos los recursos para mantenerse en Los Pinos, añaden.
Hoy, sostiene el analista político Enrique Toussaint, el Gobierno de Enrique Peña Nieto es el principal responsable de "la mayor involución democrática que hemos visto en nuestro país en décadas" por privilegiar el sometimiento de las instituciones para evitar "la autonomía de los poderes" que podrían juzgar la corrupción política.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- “Al diablo con sus instituciones”, dijo Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando la herida por los comicios presidenciales del 2 de julio aún estaba fresca. Su expresión desconocía los resultados electorales, pero también denunciaba los atropellos y la parcialidad con que las instituciones gubernamentales manejaron el proceso y la elección. Pasados 15 años de la polémica, el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos está destruyendo esas instituciones, supuestamente consolidadas... y también a las nacientes, coinciden analistas políticos consultados por SinEmbargo.
Esa es la conclusión que se desprende hora que llega el ocaso de 2017, cuando la legitimidad y la operación de una gran cantidad de organismos gubernamentales están en vilo por sus vagos resultados y su incierto porvenir.
Llegaremos a 2018 sin un Fiscal General y sin un Fiscal Anticorrupción; con una Procuraduría General de la República (PGR) y una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) prácticamente acéfalas; con un Instituto Nacional Electoral (INE) y con un Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuestionados.
Ante esta situación de crisis institucional, los especialistas consultados por SinEmbargo refieren que las consecuencias de haber demolido las instituciones son garrafales, ya que en lugar de solucionar el problema, profundizan la falta de credibilidad y de respuesta en el gobierno.
“Peña Nieto ha sido un destructor de instituciones de contrapeso y tiene sobre sus espaldas una responsabilidad que será histórica: el haber propiciado la mayor involución democrática que hemos visto en nuestro país en décadas [...]. Lo que han hecho estos señores -Peña Nieto, el PRI, la clase política- desde que llegaron al gobierno es tratar de destruir todas las instituciones autónomas que más o menos podían supervisar al poder político”, sostuvo Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Y eso ha llevado a que “la ciudadanía en general ya no crea en el INE, en las fiscalías, en la autonomía de los poderes para poder juzgar la corrupción de los políticos”.
A su vez, Nicolás Loza, investigador experto en Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explicó que "tenemos un problema de diseño institucional al que se le añaden problemas de conducción, de acuerdos políticos para hacer funcionar las instituciones”
Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, existen dos escenarios: uno optimista y otro negativo. En el primero, las instituciones seguirán “arrastrando los mismos vicios y la falta de eficacia mínima, con una institucionalidad deficiente y con una prolongación de los problemas que se van a ir agravando”.
En el segundo, “vamos a tener una mayor debilidad de las instituciones, con expresiones de violencia mayor [y] también con mayores incapacidades para implementar políticas integrales” que prevengan y contrarresten los problemas nacionales.
En cambio, Nicolás Loza –más que una circunstancia de debilidad institucional– destaca que nos enfrentamos a una coyuntura que “delata una situación de transición de las instituciones que ya habían definido sus limitaciones, a nuevas instituciones que a lo mejor tampoco van a resolver los problemas para lo que fueron hechas”.
Y en su opinión, esta situación se debe a que existe una “resistencia efectiva que se expresa en la implementación por parte del partido en el poder, porque a estas instituciones [los partidos] realmente no les conviene [la transición]. Si tu partido ha venido conviviendo con la corrupción y la ha institucionalizado de tal suerte que es una manera de repartir pretendas, beneficios, construir apoyo electoral y político, cuando tienes enfrente una institucionalidad nueva que todo eso te lo va a limitar, pues obviamente hay una resistencia”.
"Este hecho nos manda un mensaje claro por parte del Gobierno federal: sólo importa “el mantenimiento del poder a toda costa, y obviamente para un grupo que se beneficia de este estado de cosas: sectores políticos y privados […]. El punto es que no solamente nos gobiernan mal sino que delinquen desde el poder”, refirió Erubiel Tirado.
Sin embargo, más allá de la decadencia o transición de las instituciones, los expertos consultados coincidieron en que el problema es grave y refleja diversas problemáticas nacionales: los vicios del sistema político mexicano, su corrupción y la debilidad de la sociedad, principalmente.
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LA FISACALÍA ANTICORRUPCIÓN
En 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto prometió, en primer lugar, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, misma que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que estaría encargada de centralizar los esfuerzos de los órganos encargados de la rendición de cuentas a nivel nacional -la ASF y el INAI-. Varias sesiones después y años de por medio, el Senado de la República había aprobado un conjunto de reformas constitucionales que, hasta mayo de 2015, implicaron la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Entretanto, a mediados de marzo de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador de la República, oficializó la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, el acuerdo sólo entrará en vigor cuando el Senado de la República nombre al titular de la dependencia -por una mayoría de dos terceras partes-. Hasta ese entonces, la Fiscalía sólo existe en estatutos legales y no en los hechos, ya que, sin un Fiscal que nombre a los encargados de las unidades operativas, las funciones específicas de la Fiscalía -establecidas en el Manual de Organización de la PGR- no podrán ser ejecutadas.
En este respecto, el investigador del Flacso, Nicolás Loza, mencionó que el principal problema del SNA "no es su diseño sino la incapacidad de los distintos actores políticos para hacer un acuerdo efectivo que lo ponga en funcionamiento. Y creo que aquí además debe decirse que el principal responsable de esas omisiones fue sobre todo el partido mayoritario en el Senado, que es el PRI”.
Mientras el Senado de la República se pone de acuerdo, el Índice Global de Impunidad 2017 arrojó que en México sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos; y que del total de los denunciados, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias.
La Cámara de Senadores ha pospuesto, en dos ocasiones [2015 y 2016], el nombramiento del Fiscal Anticorrupción -primero por falta de perfiles idóneos; luego por falta de consenso-. En consecuencia, a pesar de que en julio de este año el SNA entró en vigor y pese a que los senadores dicen que podrá “iniciar funciones plenas” aún no termina de establecerse. Sin un Fiscal, la Fiscalía no servirá para aplicar penas de cárcel. Es decir, podrá señalar pero no castigar.
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La reforma política de 2014 modificó el Artículo 102 constitucional, que ahora establece que “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”.
De ese modo, en 2018, la PGR se convertirá en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que la Fiscalía -a diferencia de la PGR- será un órgano autónomo con las funciones de investigación y persecución de delitos, que tendrá a su cargo a los ministerios públicos [delitos federales], a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fepade.
¿Cuáles son los problemas en este respecto? De incio no hay Fiscal. Y quien debería de ocupar el cargo por prístina ocasión y por un periodo de nueve años -al menos según la reforma política de 2014- sería el Procurador General de la República. Sin embargo, el 16 de octubre de este año, Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, renunció a su cargo, en medio de la polémica, a un año de haberlo ocupado, argumentando que la decisión permitiría al Congreso de la Unión agilizar la aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General.
Previamente, la sociedad civil presionó para evitar que el “Fiscal carnal” -como fue bautizado Cervantes Andrade- llegara a la Fiscalía General, al considerar que su nombramiento era un intento de blindaje por parte del Presidente Enrique Peña Nieto para lo que le resta de su gestión y una vez que concluya su mandato.
"La Fiscalía General ya estaba desprestigiada desde antes de nacer”, indica Enrique Touissaint porque fue concebida a imagen y semejanza de "la forma en que Peña Nieto y su grupo entienden el poder, [es decir] de la escuela del Estado de México, que significa y simboliza el control, la falta de contrapesos, la idea de cooptar todos los espacios de participación política […], [además de] que los aparatos de procuración de justicia estén sometidos y supeditados a lo que dice el gobernante en turno”.
Y mientras que los senadores de oposición al PRI anunciaron que avitarán que Cervantes Andrade llegue a la Fiscalía General, la PGR se quedó sin titular -entrando en sustitución Alberto Elías Beltrán, quien hasta hace poco más de una semana se desempeñaba como titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales-.
Los datos de la PGR hablan solos: 99 de denuncias penales en la impunidad; 99.7 por ciento de los delitos cometidos contra la libertad de expresión sin condena o castigo; y con sólo el 0.1 por ciento de las averiguaciones previas por delitos financieros que sí obtienen sentencia.
LA FEPADE Y SUS PRECARIOS RESULTADOS
El 20 de octubre de este año, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade, fue destituido por presuntamente haber transgredido el Código de Conducta de la PGR.
Días antes de la destitución de Nieto Castillo, el funcionario público asevero que había sido presionado por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, para que lo declarara inocente de toda culpa y le ofreciera una disculpa pública por las acusaciones en su contra.
Este año, la FEPADE inició una investigación en contra de Lozoya Austin luego de que fuera acusado por tres ex directivos de la constructora brasileña Odebrecht, quienes aseguran que, entre 2012 y 2016, el ex funcionario de Pemex recibió 10 millones de dólares en sobornos -algunos de ellos mientras se desempeñaba como jefe de asuntos internacionales, durante la campaña presidencial de Peña Nieto-.
“En ninguna democracia medianamente funcional, se opta por remover al Fiscal contra Delitos Electorales cuando faltan como ocho meses para la renovación del poder presidencial. Eso quiere decir que lo que está haciendo el Presidente Peña Nieto es darle un golpe al tablero electoral, y por lo tanto buscar transformar las instituciones pegadas y cercanas al Presidente. Es un golpe directo a la credibilidad del proceso electoral y de la democracia fiscal”, comentó a SinEmbargo Enrique Touissaint.
Fue Alberto Elías Beltrán quien tomó, como su primer acto a cargo de la PGR, la decisión de separar de su cargo a Santiago Nieto Castillo. Tal elección suscitó que la oposición del PRI en el Senado -PAN, PRD,Morena e independients- exigiera que la dependencia justificara la destitución, y en última instancia, que restituya a Nieto Castillo, porque “nos parece un acto inaceptable y autoritario, además de que enrarece el ambiente de cara al proceso electoral de 2018”, como dijo públicamente Ricardo Anaya Cortés, dirigente de Acción Nacional.
Antes de renunciar a su cargo como Procurador, Raúl Cervantes Andrade declaró que la investigación sobre el presunto caso de desvío de recursos de Odebrecht, a favor del PRI, había concluido y que en los próximos días se harían las acusaciones. Sin embargo, queda pendiente la audiencia constitucional de Lozoya para el 27 de noviembre.
“El caso Odebrecht es uno de los casos más profundos que puede investigar algún fiscal en nuestro país. Me parece que la independencia y la autonomía de un hombre como Santiago Nieto incomodaba, y mucho, no sólo a la clase política, sino en particular, al Presidente Peña Nieto y a su entorno más cercano”, apuntó Tussaint.
Más allá de la coyuntura actual, la Fepade ya era inefectiva y cara a la hora de investigar y perseguir las violaciones al Código Electoral. Sin cabeza, sin su titular, difícilmente podrá mejorar su desempeño.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta 2015, de las 3 mil 376 denuncias presentadas ante la Fiscalía, sólo en tres casos hubo una consignación ante las autoridades -lo que representa un 0.08 por ciento de efectividad-. Asimismo, hasta septiembre de 2016, se registraron 1 mil 465 denuncias que terminaron en averiguaciones previas. Sólo 351 casos [el 24 por ciento] terminaron ante un juez aunque no hubo detenciones.
Para un 99.8 por ciento de impunidad en las averiguaciones previas por delitos electorales, el presupuesto de esta dependencia federal parece mucho: 160 millones 163 mil 432 pesos para 2017, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
EL INE Y EL TRIFE, BAJO SOSPECHA
Luego de las elecciones intermedias de 2017 en las que estuvieron en juego las gubernaturas de Coahuila, Estado de México y Nayarit, la imagen pública del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Fepade, se vio aún más lastimada debido a que -ante los múltiples señalamientos de compra y coacción del voto en las elecciones de julio pasado- fueron señaladas de ser omisas ante una posible “elección de Estado”, que pondría en vilo la validez de las elecciones presidenciales de 2018.
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova durante la Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales de abril de este año, "reconozcamos que la democracia sólo es una y es nacional; [y] lo que le pasa a uno de sus componentes en una entidad o municipio, hoy inevitablemente afecta la percepción y el buen funcionamiento del sistema en su conjunto”.
En el Edomex, la oposición al PRI y la sociedad civil señalaron que desde antes de las elecciones, el partido, con recursos de programas sociales, repartieron más de 500 millones de pesos -además de haberse excedido en gastos de precampaña, por lo que fue multado por el TEPJF con más de un millón de pesos-. Y en el caso de Coahuila, además de las irregularidades en el conteo de votos -visible en el estado mexiquense también-, el Instituto Electoral local (IEC) recibió 103 impugnaciones; 45 de ellas relacionadas con la elección de Gobernador -no se supo más al respecto-.
"Gran parte de la politización del INE y de la falta de credibilidad es esta mayoría de consejeros que se formaron en el Consejo General del INE, apoyados por el PRI y por el Partido Verde. Entonces quiere decir que, desde el principio, el Presidente quiso meterle mano al funcionamiento interno del INE”, concluyó el académico y analista político Enrique Touissant.
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