Por Jose Knippen, investigadora en @FundarMexico

Este 24 de agosto, cumple siete años el hallazgo de 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando, Tamaulipas. Ese día de 2010, se informó que se habían encontrado cuerpos masacrados de 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil y la India. Se dirigían a Estados Unidos. Era bien sabido que en las rutas migratorias hacia Estados Unidos había muchos secuestros de migrantes, pero no se les pudo o quiso proteger. Tampoco hay duda sobre la participación de policías con los criminales en estos secuestros 1.

El caso se caracteriza por los múltiples atropellos del Estado en su trato de los cuerpos, de la investigación y de las familias. No se actuó con seriedad y premura para la identificación de los cuerpos. El gobierno mexicano ha tratado a las familias de las víctimas con desprecio negándoles información. Ellos siguen luchando por la justicia y la verdad, incluyendo complejas y largas estrategias jurídicas contra las constantes negativas del gobierno mexicano, para poder acceder a sus derechos como víctimas.

Estos hechos marcaron y evidenciaron la violencia que vive la población migrante en México. El secuestro, la desaparición y otras formas de privación ilegal de la libertad de migrantes se mantienen en niveles altos hoy día, según el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México, un derecho que existe solo en el papel” publicado en julio por un grupo de organizaciones 2. La impunidad en delitos contra migrantes es todavía más alta que la impunidad en general en el país: 99 por ciento. Se encontró evidencia de que de 5,824 casos entre 2014 y 2016, solo hay 49 sentencias (y no todas condenatorias).

Esto es alarmante porque las autoridades han presumido la creación de unidades y fiscalías especializadas tanto a nivel federal y estatal, para investigar delitos contra migrantes. Estas nuevas instancias todavía no han logrado ningún cambio en cuanto al acceso a la justicia para las personas migrantes en nuestro territorio. Encontramos evidencia de que no tienen voluntad de investigar y buscan pretextos para alargar los casos, con algunas excepciones contadas.

En específico, para las y los migrantes es difícil denunciar porque las autoridades no se encuentran accesibles ni en las Estaciones Migratorias (centros de detención migratoria del Instituto Nacional de Migración) ni en otros lugares donde se cometen los delitos. En los pocos casos denunciados, la investigación no avanza por la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías locales, el retraso injustificado de las investigaciones, la falta de fiscales con un perfil idóneo y la falta de recursos materiales y humanos, por mencionar algunos obstáculos.

Se justifica la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas migrantes no permanecen en el lugar donde están las investigaciones, sin embargo, en el informe se explica que las autoridades mexicanas tienen a su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos: 1) la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las investigaciones aún sin las presencia de los migrantes víctimas o testigos de delitos, y 2) la “regularización migratoria”, es decir, permitir que la víctima participe en el proceso otorgándole una tarjeta que le permite estar en el país de manera documentada.

Por otra parte, las y los defensores de derechos de las personas migrantes son agredidos por su trabajo, tanto por el gobierno como por la delincuencia organizada. Estos casos también permanecen impunes, como el caso de San Fernando, en el que a siete años aún no hay responsables. Para transformar esta situación, en el informe antes mencionado, se recomiendan medidas para garantizar la denuncia de las personas migrantes, de manera que pueden acceder a la justicia por todo tipo de delitos, la cercanía de las autoridades con personas migrantes y organizaciones que les defienden, así como mayor coordinación y cooperación entre las unidades y fiscalías en todos los niveles.

Se requiere más voluntad política para atender y continuar con las investigaciones, incluida la dotación de recursos destinados a este fin, así como planes de persecución de delitos contra las personas migrantes y la garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares. Solo con investigaciones serias con resultados en cuanto justicia, se puede dejar atrás la idea de que la violencia y la impunidad son un precio que hay que pagar al cruzar por México.

1. La página Másde72 de Periodistas de a Pie recaba documentos oficiales, de los medios y de las víctimas sobre el caso de San Fernando. En el apartado “Los culpables” están unos párrafos con información sobre la participación de 18 policías municipales en esa masacre.
2. La Red Migrante Sonora, Albergue para migrantes Hermanos en el Camino, La 72 Hogar Refugio para Migrantes, la Casa del Migrante de Saltillo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA y Fundar.

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