Un Ministro francés, un Gobernador estadounidense, un Delegado español y un Senador estadounidense han presentado su renuncia al cargo público luego de escándalos o accidentes que han causado muertes.
Sin embargo, en México, uno de los cinco países más corruptos en América Latina [dicho por Transparencia Internacional], el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza ha respondido que no renunciará tras la muerte de dos personas por el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.
Para especialistas en en rendición de cuentas, ante la presión social y destape de irregularidades por el socavón en la carretera Paso Exprés, en otros países con democracias plenas altos funcionarios directamente relacionados ya hubieran renunciado y las investigaciones serían inmediatas.
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Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Durante una fiesta de Día de Brujas celebrada hace cinco años en España, ocurrió una avalancha humana en el pabellón Madrid Arena que provocó la muerte de cuatro jóvenes. Pedro Calvo era el presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos que gestionaba ese lugar y, además, el Delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana de Madrid. Luego de que un juez lo imputó, el funcionario que llevaba 12 años ocupando cargos en el gobierno madrileño presentó su renuncia 13 días después de la tragedia.
En México dos personas murieron dentro de su auto por abrirse un socavón en una parte del Paso Exprés en Morelos, obra inaugurada hace tres meses y con un costo doble al original, pero el Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza ha respondido que no renunciará.
«En el primer mundo no se responde con el cinismo que responde Ruiz Esparza, no se responde con la torpeza, con la ofensa, con el insulto, con la seguridad de que no le va a pasar nada por ser el amigo del Presidente, por ser el recaudador en materia de obras de la administración de Peña Nieto del Grupo Atlacomulco», dijo Iván Gidi, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).
En 15 días, el Colegio de Ingenieros Civiles de México dará a conocer los resultados sobre las causas técnicas que provocaron ese hoyo de cinco metros de profundidad. Sin embargo, «la renuncia de Ruiz Esparza debió haber sido inmediata como en cualquier democracia plena hubiera sucedido», afirmó Iván Gidi, de ONEA, pero, agregó, el que está pagando es «el de menor jerarquía que además ni siquiera tenía la preparación para el cargo porque era director de una escuela de idiomas», en referencia a José Luis Alarcón Ezeta, ex titular de la SCT Morelos.
Para Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la responsabilidad va más allá. El periodista aseguró que otro responsable es Roberto Ortega Reyes, Delegado de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en Morelos, y Benito Nemé Sastré, titular de Capufe, instancia gubernamental a la que se le asignó la supervisión de esta carretera.
Ortega Reyes, añadió, tiene vínculos políticos relevantes al ser hermano de Juan Carlos Ortega Reyes, encargado de la agenda del Presidente Enrique Peña Nieto.
«No sólo hay responsabilidad de la SCT, que fue la instancia que licitó la construcción. La obra del Paso Exprés, de acuerdo al contrato, debió ser entregada por la empresa Aldesa a Capufe en enero, pero sucedió hasta abril. Desde ese momento, Capufe debió supervisar y dar mantenimiento a la obra al ser la administradora», sostuvo Olmos.
«Llama la atención que en las investigaciones que se han hecho ni siquiera se ha mencionado a Capufe como posible responsable, aunque ellos han argumentado que la obra no se ha entregado por la constructora, lo que también es grave. Ojalá no sea por razones de los vínculos políticos», añadió.
Roberto Ortega Reyes, documentó el investigador, estuvo involucrado en una red de tráfico de información. Brindó datos privilegiados a constructoras, lo cual derivó en contratos por más de 770 millones de pesos. «Asignó varios de estos contratos sin licitar», acusó.
El funcionario de Capufe «es un personaje que se debe llamar a cuentas por doble vía: por su involucramiento en esta red de corrupción y por su responsabilidad en la supervisión de la obra donde dos personas fallecieron», aseguró Raúl Olmos.
«Benito Nemé también tiene vínculos políticos; compadre del Presidente de México», apuntó.
México junto con Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela son los países de América Latina más corruptos, de acuerdo con el índice de la organización global Transparencia Internacional. En contraste, dentro de la región, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Bahamas y Chile son los menos corruptos.
A nivel internacional, Alemania también figura entre los menos corruptos. Un ciudadano alemán consultado aseguró que en su país no ha ocurrido un accidente similar. Pero «sería muy probable que el o la Secretaria y otros funcionarios hubieran renunciado por su propia voluntad como parte de la responsabilidad política que debiera asumir». Además, las víctimas directas hubieran presentado una denuncia en caso de que la SCT no hubiera tomado en cuenta informes o peritajes sobre el mal estado o trabajo en la carretera. De hecho, en Alemania los diferentes niveles del gobierno tienen la obligación de revisar frecuentemente, en caso de carreteras principales, la calidad de la obra, agregó.
Otro ejemplo. En abril el Gobernador de Alabama, Robert Bentley, renunció luego de ser declarado culpable por gastar fondos de campaña para fines personales como el ocultar un romance con su ex ayudante. Ese mismo mes, ante la presión social y de demócratas, el Senador republicano Frank Artiles dimitió tras darse a conocer una conversación con otros senadores, donde llamaba «niggas» a dos congresistas y «perra» a una Senadora.
Hace unos días el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, comentó que se indemnizaría a la familia de las víctimas por «el mal rato».
«En un país del primer mundo, cuando un responsable político comete o bajo su autoridad ocurre un crimen y escándalo de esta naturaleza, es impensable que alguien se refiera como a un ‘mal rato’ cuando sucede una tragedia de esa magnitud. Es impensable que se pretenda sacrificar a un pequeño funcionario y hacer como que no pasa nada», dijo el director de ONEA.
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Raúl Olmo señaló que ante el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en otros países, como Perú, han habido «reacciones inmediatas», pero en México las investigaciones de la PGR «han sido retardadas». El ex Presidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron ingresados a penales, donde cumplirán prisión preventiva por presunto lavado de activos y asociación para delinquir vinculados al asunto.
En Eslovaquia, país europeo, la ley ordena la publicación en línea de todos los contratos del gobierno y sólo entran en vigor a partir del día en que son subidos a la red. Esta posibilidad de vigilar al gobierno en tiempo real permitió encontrar que en varios hospitales se adquirió equipo innecesario a precios duplicados; se despidió a varios encargados y se multó a las empresas que se coludieron. Transparencia, acceso a internet, monitoreo tanto de ciudadanos como de organizaciones civiles, y sensibilidad y responsabilidad de los funcionarios públicos ante la exigencia social fueron los factores que lo permitieron, destaca el estudio de México Evalúa «Métrica de Transparencia de la Obra Pública: Antídoto vs la corrupción».
En marzo, el Ministro de Interior francés, Bruno Le Roux, presentó su renuncia después de que la Fiscalía financiera le abriera una investigación preliminar por haber empleado a sus dos hijas adolescentes cuando era Diputado.
Aquí en México los partidos políticos de oposición al gobierno federal e incluso el ex titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, han solicitado la renuncia e investigación del titular de la SCT, quien en un video afirmó que la ampliación de la obra se hizo con material que duraría más de 40 años. Desde la semana pasada ya hay una denuncia penal en su contra por el caso. El Diputado federal por Morelos, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) “por ejercicio ilícito del servicio público”.
«En una democracia plena, independientemente de las investigaciones, y teniendo en cuenta la presión social, una postura política coherente hubiera sido suficiente no para que le pidieran la renuncia, sino él solo pedirla si tuviera un ápice de decencia. Pero en México todavía el sistema corrupto rebasa», evaluó Iván Gidi, de ONEA.
El director de ONEA argumentó que el Secretario Ruiz Esparza debe asumir «la responsabilidad política de este crimen» considerando la cadena de mando y que han salido a la luz irregularidades, errores y omisiones desde los contratos de licitación, falta de supervisión del contratante (el gobierno federal) y alertas de vecinos. Además, la obra costó el doble de lo acordado al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos y un 65 por ciento más al de la empresa que perdió la licitación porque en ese momento la postura se consideraba la más cara, aseguró Gidi.
La Auditoría Superior de la Federación reportó en su revisión de la Cuenta Pública de 2015 irregularidades por alrededor de 300 millones de pesos en el Paso Exprés, entre ellas, pagos dados antes de realizarse la actividad asignada.
«Debe haber una investigación sobre complicidades y un responsable por la negligencia criminal. Las dos personas que cayeron pudieron haber sido salvadas si se hubiera respondido con inmediatez, pero es un botón de muestra de lo que sucede en este país y en esta democracia completamente imperfecta. Es un escándalo más de una larga lista de la administración del [Presidente Enrique] Peña Nieto», agregó.
A diferencia de aquí, existen iniciativas alrededor del mundo en las que se involucran los ciudadanos para conseguir más transparencia en los procesos de contratación pública, las cuales documentó el estudio de México Evalúa «Métrica de Transparencia de la Obra Pública: Antídoto vs la corrupción».
En el Reino Unido, uno de los diez países menos corruptos en el mundo dentro del índice, se emprendió la iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción que constituye un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, la academia, las empresas y el gobierno para establecer mecanismos pertinentes de rendición de cuentas. Un grupo multisectorial monitorea la construcción de obra pública.
En tanto, el capítulo estadounidense de Transparencia Internacional lanzó una plataforma en línea llamada “Herramienta de la sociedad civil para el monitoreo de las contrataciones”, cuyo objetivo es entrenar a organizaciones de la sociedad civil para detectar los focos rojos de las contrataciones públicas y ayudar a superar obstáculos relacionados con la falta de información, la falta de recursos técnicos o financieros.
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