Por Ximena Antillón, investigadora de programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en @FundarMexico

Cuando una sociedad niega el crimen, que todos conocen, cuando el horror se sabe pero no se admite (…) Lo que hay es la transmisión activa de la negación, de la trivialización del crimen horroroso, el que muchos conocen y del que nadie habla.

Marcelo Viñar

El pasado 23 de junio, la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentaron el informe conjunto “Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, que refleja los resultados de una investigación minuciosa y metodológicamente sólida que duró alrededor de dos años. El informe se alimenta de información hemerográfica y de la que brindaron algunas procuradurías locales, la PGR y la SEDENA, entre otras instituciones del Estado, a través de solicitudes de acceso a la información.

Para el análisis hemerográfico, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero compiló 3,137 notas escritas en la prensa local y nacional que reportaron la aparición de fosas clandestinas entre 2007 a 2014. Luego, explican los autores, “se decidió que los casos que sólo hubieran sido mencionados una o dos veces por un mismo medio o distintos no serían integrados al conteo final. Es decir, dentro del conteo final que derivó de las notas periodísticas analizadas sólo se incluyeron los casos que fueran mencionados tres veces o más por distintos medios, o por el mismo medio en diferentes días”. Estas noticias, que empezaron a aparecer de manera recurrente en los medios de comunicación durante los últimos años de la administración de Calderón, toman otra proporción cuando se juntan.

A pesar de que los investigadores tomaron las cifras más bajas, los resultados nos confrontan con el terror: entre los años 2009 a 2014 fueron encontradas 390 fosas clandestinas con 1,418 cuerpos y 5,786 restos en 23 estados del país. Además, las cifras publicadas son superiores a las reportadas por la PGR y existen discordancias entre los distintos registros oficiales de fosas clandestinas.

El informe no sólo da cifras que ayudan a ver de manera global el fenómeno, sino que aporta análisis estadístico, comparaciones y claves para interpretarlas, sin dejar de señalar que detrás de cada número hay familias que no han tenido el más elemental derecho al duelo y que buscan verdad y justicia. Al mismo tiempo, los autores interrogan sobre el mensaje de terror, vulnerabilidad e impunidad hacia la sociedad que mandan los cientos de cuerpos y miles de fragmentos óseos encontrados, y sobre las violaciones a los derechos humanos que se busca ocultar, y al mismo tiempo mostrar, en una pedagogía del terror.

Hay que destacar que el informe se basa en lo que todo el mundo sabe o al menos podría saber -puesto que cada fosa o grupo de fosas clandestinas fue reportada al menos tres veces en los medios de comunicación, pero no dimensiona -algunos porque no pueden y otros porque no quieren-. Es un terror que, a fuerza de repetirse, se volvió invisible. La normalización funciona también como una forma de negación que trivializa la crueldad que muestran las fosas. Por eso, desde mi punto de vista, el informe aporta algo más: dejar de normalizar las fosas clandestinas para interrogar las condiciones que las han hecho posible.

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