Por Beatriz Olivera,
Investigadora del programa Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar
Desde hace días ha circulado información acerca del enorme adeudo que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con varias empresas mineras de capital canadiense, esto por concepto de devoluciones de impuestos. Algunas de estas empresas son la Goldcorp, Endeavour Silver Corp, Mc Ewen Mining y Alamos Gold, entre otras, compañías que operan en el país desde hace años.
La Goldcorp opera dieciocho proyectos en México, Alamos Gold opera diez, Endeavour Silver Corp. opera once y Mc Ewen Mining opera uno. En total, las empresas canadienses con presencia en México, tienen 578 proyectos, esto es, alrededor del 65 por ciento de todos los proyectos mineros. Estas corporaciones principalmente extraen oro, plata y cobre, además de fierro, zinc y plomo en menor medida, lo hacen obteniendo altísimos valores de producción que rebasan los 200 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, de este dinero, poco queda en el país y en las comunidades donde se asientan las minas.
La minería en México es un sector consentido y sobreestimado; contrario a lo que pueda suponerse, la extracción de minerales metálicos no es esa actividad pujante que deja una derrama invaluable en la economía mexicana, su aporte al PIB es menor al 1 por ciento. Pero lo verdaderamente ridículo es el aporte que hace este sector a las finanzas públicas; en 2016, los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda señalaban que la recaudación de la minería de minerales metálicos, en comparación con la recaudación neta del gobierno federal, fue de apenas el 0.32 por ciento, leyeron bien, así de mínima y escasa es la contribución de esta actividad extractiva a las arcas nacionales. Además, un análisis realizado en 2009, sobre el caso particular de la empresa GoldCorp, encontró que, por cada mil dólares de oro vendido, la empresa recibía 994.1 dólares y las comunidades solo 5.9 dólares. Es decir; estas empresas se llevan el oro, no dejan ni los espejos y ahora resulta que les salimos debiendo.
Por demás está insistir en los severos impactos socio-ambientales que provoca esta industria en su paso por comunidades. Lo anterior, aunado a la cantidad de conflictos atribuidos específicamente a las actividades mineras canadienses que entre el año 2000 y 2015, fueron relacionadas con al menos 30 asesinatos selectivos relativos a conflictos mineros y más de 700 personas arrestadas o detenidas en toda América Latina.
Bajo estas circunstancias operan las empresas mineras en México, cobijadas por un entramado legislativo que les favorece, consiente, privilegia y es omiso a sus vejaciones. Sin embargo, pese a la realidad abrumadora, las mineras canadienses argumentan que de no continuar con sus privilegios fiscales, van a reducir su competitividad, e incluso intimidan a gobiernos municipales con el ya bien conocido argumento sobre la pérdida de empleos, otras van más allá, como en el caso de Zacatecas, donde la Goldcorp interpuso un recurso jurídico contra los impuestos ambientales aplicados por el gobierno estatal, señalando que son inconstitucionales. ¡Así se las gastan!
Pero la voracidad –y tenacidad- de estas corporaciones no conoce límites, son insaciables; desde mayo pasado se presentó en la Cámara de Diputados, en el seno de la Comisión Especial de Minería, una iniciativa que buscar reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas mineras para que éstas hagan deducibles todos sus gastos de exploración, dado que actualmente sólo pueden deducir el 10 por ciento.
Ante este panorama, resulta necesario que el poder legislativo impida el avance de iniciativas, leyes, propuestas, etc., que privilegien aún más a un sector ya de por sí consentido y sobrevalorado que, en contraste con la realidad, realiza aportes mínimos a la economía y a las finanzas públicas del país. Resulta también fundamental, analizar y replantearse los vacíos del esquema fiscal mexicano que han originado esta situación por demás desventajosa para el país en la cual el dinero público podrá ser usado para saldar la deuda con estas empresas canadienses.
*Todos los datos dados a conocer aquí pueden ser consultados en el documento: Anuario de industrias extractivas 2016.
