Se veía venir. La fase de las campañas electorales en el estado de México estuvo pavimentada por la injerencia del gobierno federal a través de los programas sociales que expresamente deben suspenderse para evitar la inequidad en la contienda electoral salvo aquellos que tienen que ver con situaciones excepcionales, como son las catástrofes naturales.
Peña Nieto, nos dice el informado Raymundo Rivapalacio, le asignó la triste tarea a la antigua perredista Rosario Robles, hoy flamante Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, para que fungiera como enlace entre la Presidencia de la República y la campaña de Alfredo del Mazo, esto significa muchas cosas, como son el despliegue de recursos económicos a través de Luis Enrique Miranda, Secretario de Desarrollo Social, quien fue enviado al Valle de Bravo para que desde ahí operara con los programas sociales.
En los municipios conurbados de la Ciudad de México se puso en operación Héctor Pablo Ramírez, director de Liconsa, para aceitar lo que coloquialmente se denominó la “ruta de la leche” y esto significaba movilizar a quienes se encuentran como beneficiarios de la leche gubernamental y para esta tarea infame contó con el apoyo de José Reyes Baeza, director del ISSSTE, y en una jugada que veremos luego el desenlace se metió a operar a dos presidenciables priistas: A José Narro a quien se le concentró en Ecatepec con el programa de salud y a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, que si bien tiene entre sus tareas la seguridad nacional, actúo como enlace del partido y los órganos electorales con la Presidencia.
Un dato adicional que aporta Rivapalacio fue: La compra del voto comenzó en dos mil 500 y terminó en cuatro mil pesos; la compra de credenciales de militantes de Morena, en esta última semana, alcanzó los 20 mil pesos. Los priistas compraron espacio en las paredes de las casas por cuatro mil pesos para colgar propaganda. Y, mientras todo esto trascurría, los consejeros electorales tanto estatales como federales vieron pasar la bola a la zona de strike, como se dice en el argot del béisbol, y fueron incapaces de detener esto que muchos analistas y académicos calificaron como una “Elección de Estado”, es decir, que la Presidencia de la República tomó en sus manos el proceso dejando a la zaga a todo el tinglado institucional destinado a la organización de elecciones.
Sabemos, de lo acotado que se encuentran los consejeros electorales, para intervenir más allá de lo que le marca la ley pero también el papel que cumple el cuestionado sistema de cuotas partidarios todavía en los órganos electorales. La amenaza de juicio político que pende sobre los que consejeros electorales “indisciplinados” inhibe cualquier iniciativa destinada a favorecer realmente la equidad en la contienda y, además, para muchos de ellos que caso tiene hacerlo si se deben a quienes los apoyaron para alcanzar el cargo (Claro, se podrá decir que los nuevos mecanismos de promoción para integrar los OPLES les da independencia, pero esto no obsta para que haya ejercicios de sintonía), que no es el caso de los consejeros federales que siguen siendo producto de un simple y llano sistema de cuotas y, ojo, de ahí van a las entrevistas de los consejeros estatales que son definitivas para saber quien forma parte del OPLE.
Resulta, entonces, imperdonable su omisión en todos estos atropellos pero lo es más en dar a conocer tendencias con el 73 por ciento de las hojas PREP, cuando la tendencia venía cerrada y era recomendable que fuera cuando superara el 90 por ciento, como es frecuente que suceda en todos los procesos electorales, para no ser señalados de parcialidad en la toma de decisiones.
Más aun, cuando estos datos que daban una ligera ventaja al candidato del PRI al gobierno del estado de México y con todos los recursos que tiene a su alcance la Presidencia de la República se puso en marcha una campaña de desinformación pues los conteos rápidos y el PREP se presentaban como definitivos.
Se obviaba, por ejemplo, el recuento de las actas de casilla en los consejos distritales que en muchos de ellos no habrán de ser fáciles incluso podrían ir al voto por voto, casilla por casilla, si las diferencias llegan a ser de menos del 1 por ciento de la votación emitida, o también pudiera suceder que si las violaciones a la ley afectan un 20 por ciento de las casillas podría suceder que se anulara la elección.
Hay, además, una gran incógnita en los paquetes electorales sujetos al recuento de voto por voto, la experiencia es que al menos el 25 por ciento de las actas tienen inconsistencias aritméticas.
En fin, la elección no se caracteriza por su pulcritud, y eso lo han registrado observadores nacionales e internacionales, que han dejado testimonio, lo que lleva a reconocer dos dimensiones:
Una, el carácter de gobierno que tuvieron las elecciones y que evidencia el papel protagónico de la Presidencia de la Republica, que pone en una encrucijada a la justicia electoral, si deja pasar sin más todos los atropellos que se cometieron considerándolos irrelevantes o leyendas urbanas, estamos ante una conversión de estas instituciones del Estado mexicano, en una extensión del partido del Presidente, y
Dos, la que tiene que ver con la lucha por la legalidad que se está dando en los consejos electorales distritales donde la disputa será con todos los recursos de la ley y son de esperar sorpresas del recuento de actos y votos.
Los consejeros electorales del INE y el IEEM en esta fase de la competencia, han quedado exhibidos como incapaces de tomar medidas eficaces para evitar lo sucedido, ahora esperemos que recuperen algo de la dignidad del cargo para hacer valer la ley y mandar un mensaje de que la vía institucional es la mejor para resolver los problemas políticos.
Pero, todavía, vale preguntarse: ¿Qué hacemos con los consejeros electorales?
