Por Jose Knippen, investigadora en @FundarMexico
“¿Dónde están, dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están?” y “Diez de mayo no es de fiesta, es de lucha y protesta”, se escuchaba el pasado 10 de mayo en las calles de la Ciudad de México. En el día de la madre, participamos en la VI Marcha por la Dignidad Nacional, de madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. En la capital, pero también en otros lugares del país como Saltillo, Acapulco y Morelia, se organizaron cientos de madres, víctimas de las desapariciones y a la vez defensoras de derechos humanos, y otras personas solidarias con su lucha. Ellas marcharon para recordarnos que no tienen nada que celebrar, y que el Estado no ha dado una respuesta a su exigencia de justicia y de presentación con vida de sus hijos.
El mismo día que se realizó esta marcha de dignidad, fue asesinada una madre, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de personas desaparecidas en Tamaulipas. Ella era parte de la Comunidad en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas (CBDT), formado por doce colectivos. Enseguida se pidieron medidas cautelares a organismos internacionales para proteger a su familia y los colectivos, ante la incapacidad del gobierno federal y estatal de brindar protección. Estos hechos cruentos no son hechos aislados, porque además de los ataques directos, muchos en la impunidad, hemos visto acciones de autoridades dirigidas a inhibir la lucha de las víctimas y defensoras, como la reciente detención arbitraria de Cristina Paredes Lachino, integrante del colectivo de familiares COFADDEM Alzando Voces. Su crimen: buscar a su padre desaparecido, organizarse con otras víctimas y exigir justicia.
En menos de una semana, una marcha de cientos de víctimas y dos sucesos alarmantes, generando más víctimas. Todas estas defensoras saben que el tiempo es un factor clave en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la investigación de los crímenes. A pesar de esto, los tiempos políticos para responder a la crisis de desapariciones son diferentes: lentos. Así es que los colectivos han presionado durante el pasado periodo legislativo para que se aprobara la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.
Esta Ley es importante porque representa una victoria para las víctimas, porque después de décadas de lucha, el Estado reconocerá la gravedad y la responsabilidad en la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Si bien no es perfecta, al contar con una Ley se tendrá un piso mínimo para una política nacional de búsqueda. La Ley contempla la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda con alta capacidad operativa y con una metodología basada en la inteligencia y el análisis de contextos macrocriminales. Esta Comisión también es un avance, aunque todavía debe ser mejorada (con una policía propia y especializada en tareas de búsqueda). La Ley también contempla espacios de participación directa de víctimas y organizaciones, en la construcción de políticas públicas y el monitoreo de su implementación. Indispensable porque las mismas familias y colectivos han adquirido experiencia y capacidades de búsqueda, mismas que el Estado aún no ha desarrollado y que deben ser incorporadas.
El pasado 28 de abril, el Senado de la República aprobó el dictamen de la Ley, solo faltaba la aprobación por parte de la Cámara de Diputados para completar el proceso. No se logró en el periodo legislativo que acaba de pasar, pero es importante que no se suspenda el trabajo hasta el siguiente periodo para afinar los cabos sueltos de esta ley. Hay que estar preparados para cuando se pueda retomar el proceso, e impulsar una pronta aprobación, porque se lo debemos a las cientos de madres, víctimas de la violencia, incansables defensoras de derechos humanos.
