La Auditoría Superior detectó pagos en 2015 del Edil del Partido Verde Ecologistas (PVEM) a una empresa transportista del actual Alcalde y su esposa, que no tiene camiones y se ubica en un autolavado de Juventino Rosas; el desvío equivale a 5 por ciento del presupuesto anual
Por Luis Manuel García
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo/ZonaFranca).- La Auditoría Superior el Estado de Guanajuato detectó desvió de recursos, por un monto de 7 millones de pesos, de la pasada Administración de Villagrán, encabezada por Rubén Gasca Villafuerte, a una empresa propiedad del actual primer Edil, Antonio Acosta Guerrero y cuya esposa, Verónica González, aparecía como “administrador único”.
La Administración de Rubén Gasca Villafuerte, ex Alcalde por el Partido Verde, asignó contratos a la empresa Autobuses Urvia Bus, S.A. de C.V., misma que es propiedad de Antonio Acosta pero que funcionaba a través de prestanombres.
Estos contratos fueron gestionados desde la casa de campaña de Acción Nacional, directamente por Antonio Acosta Guerrero, quien entonces era candidato a la Alcaldía; Carlos Alberto Ramos Naranjo quien actualmente se desempeña como síndico; Jorge González, ahora regidor; y Oscar Arvizu Briones, quien es Secretario del Ayuntamiento en la Administración actual.
Según lo detectado por la ASEG, Autobuses Urvia Bus no cuenta físicamente con camiones, por lo cual no pudo haber prestado servicios para los cuales presuntamente fue contratada, además de que su domicilio fiscal coincide con un negocio de autolavado, ubicado en el Municipio de Juventino Rosas.
El desfalco por 7 millones de pesos equivale al 4.7 por ciento del presupuesto que tiene el Municipio de Villagrán para el año 2017, mismo que asciende a 147 millones de pesos.
Estas irregularidades surgieron luego de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisó las cuentas fiscales de la Administración de Gasca Villafuerte, para el ciclo de enero a junio de 2015.
Las conclusiones de la auditoría fueron dadas a conocer en octubre de 2016, a la administración que ya encabeza Antonio Acosta, quien aparece como accionista y apoderado de Urvia Bus; mientras que Verónica González, quien se desempeña como presidenta del DIF en Villagrán y administradora de la empresa de transporte
Aunque no lo especifica de manera concreta, estos 7 millones de pesos otorgados a Urvia Bus, pudieron haber sido utilizados para financiar la campaña que justo en aquel entonces se realizaba por la Alcaldía del municipio.
Entre las conclusiones de la ASEG, destacan que la administración pasada no presentó ningún comprobante de que el servicio de transporte efectivamente hubiera sido prestado por Urvia Bus, además de que se comprobó que la empresa no tiene concesión para poder trabajar en ese rubro.
“De las diligencias efectuadas por esta Auditoría Superior, se identificó que la empresa no tiene autobuses o camiones registrados ante las autoridades para estar en posibilidad de brindar el servicio y tampoco cuenta con ningún permiso o título de concesión para prestar el servicio público de transporte”.
En la auditoría también aparece el testimonio de Verónica González, quien se identificó como la administradora única de la empresa y quien declaró en el oficio DGARCP (CMD)- 1270/2015, que los viajes sí fueron prestados por Urviabus.
