Por Janet Oropeza Eng, investigadora en @FundarMexico
A pesar de ser uno de los derechos fundamentales de cualquier régimen democrático, la justicia no es una realidad para la mayoría de las personas en México. Para muestra, en 2016, la cifra negra de los delitos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa fue de 94 por ciento.[1] Y aunque esta cifra es de por sí muy alarmante, lo son más aún las causas por las cuales la gente no denuncia: un 33 por ciento lo considera una pérdida de tiempo, mientras que 17 por ciento tiene desconfianza en la autoridad.[2]
Así, como personas nos encontramos en un escenario en donde las instancias de procuración de justicia nos parecen ineficaces para perseguir delitos, además de que no nos generan confianza, es decir, no las vemos como instancias que puedan proteger y mucho menos, garantizar nuestro derecho a la justicia. Por el contrario, son instancias que nos inspiran distintos miedos (miedo a ser extorsionado, miedo a ser detenido injustamente, miedo a que desestimen mi denuncia, etc.) y de las que preferimos estar alejadas y alejados.
Pero, ¿quién es la instancia encargada de investigar delitos en México? En el nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) es quien tiene facultades de investigación de delitos y como institución, depende directamente del poder ejecutivo. Como ya lo señalé, el desempeño de la PGR históricamente ha sido muy deficiente y no ha logrado generar confianza ciudadana. Para muestra, un botón: desde hace varios años, la PGR cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración Pública,[3] que conoce e investiga actos de corrupción de servidores públicos.
Sin embargo, de las 656 denuncias penales por actos de corrupción que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado en el periodo de 1998-2015, sólo 19 han terminado en consignación. Dicho de otro modo, sólo 3 por ciento de éstas 656 denuncias se han investigado y se ha hecho algo al respecto, el 97 por ciento restante sigue congelado[4]. Esto nos muestra cómo el actuar de la PGR ha estado supeditado a la voluntad política del poder ejecutivo.
En este panorama tan desolador, hace un par de años, se realizaron reformas constitucionales que buscaron fortalecer el sistema de procuración de justicia. Dos de los cambios más importantes fueron la creación de una Fiscalía General, que sería una instancia autónoma que investigaría delitos, y una Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción. Sin embargo, a la fecha, no se ha avanzado en la implementación de estas reformas tan relevantes.
Por un lado, no existe aún un andamiaje legal, es decir, una Ley Orgánica y otras leyes secundarias que den vida a la Fiscalía General, además de que está pendiente una discusión más amplia sobre el modelo de Fiscalía General que se necesitaría en México para que haya una justicia efectiva. Por otro lado, la designación del o la Fiscal Anticorrupción, que encabezaría los esfuerzos para investigar y perseguir delitos de corrupción, ha sido aplazada por varios años en el Senado de la República, sin que hasta el momento haya claridad de cuando se realizará y bajo qué parámetros de decisión (la Junta de Coordinación Política del Senado decidió que será ella quien someterá un nombre al Pleno para su ratificación, sin que haya hecho públicos los criterios de selección del o la candidata).
A la luz de lo anterior, en días pasados, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluida Fundar, Centro de Análisis e Investigación, redes y colectivos, y varias personas exhortamos al Senado de la República a que convoque a una amplia discusión sobre el artículo 102 Constitucional y sobre el modelo de Fiscalía General que el país requiere. Esta discusión abierta, plural y con mecanismos claros de participación, permitirá recuperar experiencias internacionales exitosas y opiniones diversas y enriquecedoras de los y las ciudadanas sobre los retos y oportunidades para la procuración de justicia en México. imaginemos lo valioso que sería escuchar y recuperar los testimonios y propuestas de familias de personas desaparecidas que llevan muchos años navegando las instancias de procuración de justicia.
También hemos pedido al Senado de la República que nombre, lo antes posible, a la o el Fiscal Especial Anticorrupción y que haga públicos sus criterios de selección. Al mismo tiempo, señalamos la importancia de que el o la Fiscal, tenga los recursos humanos y financieros adecuados para poder perseguir e investigar actos de corrupción.
Mientras no avancemos en fortalecer y materializar la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la justicia seguirá siendo un derecho vacío y carente de todo sentido. Seguiremos en el país donde no denunciamos, donde no pasa nada y donde las instancias encargadas de procurarnos justicia nos siguen inspirando miedo y aversión.
En el siguiente Boletín puedes encontrar nuestras propuestas para fortalecer la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, Boletín de Prensa 399/16, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
[2] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, Boletín de Prensa 399/16, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
[3] Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración Pública, Procuraduría General de la República.
[4] “Impunes, 97 por ciento de denuncias por corrupción de la ASF”, El Financiero, 15 de Febrero de 2016.
