Por Sarahí Salvatierra

Las últimas cifras de diversos índices de percepción de los ciudadanos hacia sus gobernantes, nos confirman la gran desconfianza que tenemos los y las mexicanas hacia nuestras autoridades.

De acuerdo con el Índice Global de la Corrupción 2016, México cayó 28 lugares en el 2016, colocándose en el lugar 123 entre los 176 países analizados [1] . Por su parte, Parametría [2]señala que más del 60 por ciento de la población tiene poca o ninguna confianza en el Presidente, en el gobierno de su estado y en sus jueces. El Congreso tampoco sale bien librado, de acuerdo a Latinobarómetro, sólo entre el 20 y 25 por ciento de la población, tiene mucha o algo de confianza en sus representantes[3].

Estas cifras muestran la necesidad de incorporar procesos de Parlamento Abierto en la conformación de los Sistema Locales Anticorrupción (SLAs) en las entidades federativas, necesarios para la conformación y la consecución de los fines del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual busca coordinar esfuerzos en todos los niveles de gobierno, para la implementación de principios, lineamientos y políticas públicas para el combate a la corrupción en México.

Ahora nos encontramos a sólo cuatro meses -18 de julio de 2017- de que se cumpla el término previsto en la Ley General del SNA, para que los estados repliquen y armonicen los SLAs en sus ordenamientos jurídicos, pero resulta preocupante que sólo algunas entidades han avanzado con esta obligación.
Pero no sólo es urgente que los Congresos locales comiencen con la discusión y aprobación de las leyes que darán vida a los SLAs; es indispensable que éstas se realicen con procesos y parámetros de Parlamento Abierto, para asegurar que se aprueben con los mismos estándares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El proceso de Parlamento Abierto que se llevó a cabo el año pasado en la conformación del SNA, demostró que, mediante el acompañamiento y aportaciones técnicas de la sociedad civil, se fortalece la relación del congreso con la ciudadanía, y aumenta la legitimidad del ejericicio de sus funciones, además de que se aseguran leyes con altos estándares técnicos.

No basta el apoyo público o declaraciones de los y las legisladoras sobre los procesos de Parlamento Abierto, es necesario que los Congresos locales adopten y firmen, como primer paso, acuerdos que formalicen que -en la creación de los SLAs que materializarán las políticas de rendición de cuentas y combate a la corrupción- se respetarán y asegurarán, como mínimo, los siguientes principios:

1. Transparencia y acceso a la información de todas las etapas del proceso y discusión de las leyes, de manera oportuna, accesible y en formatos abiertos.

2. Participación ciudadana. Para que la sociedad, academia y especialistas puedan i) pueda intervenir, modificar y participar en las mesas de trabajo o en audiencias públicas y ii) hacer propuestas, proporcionar insumos técnicos para enriquecer y mejorar la calidad del contenido de las leyes.

3. Rendición de cuentas. Para que de manera clara y explícita se conozcan los fundamentos y razonabilidad de la toma de decisiones en todas las etapas del proceso legislativo.

4. Uso de las tecnologías de información. Que permitirá que todas las personas puedan dar seguimiento a las discusiones en tiempo real, a través de la difusión en redes sociales y otras herramientas multimedia.

Los procesos de Parlamento Abierto además, abonarán a la reconstrucción del vínculo entre la ciudadanía y las autoridades públicas, permitirán fortalecer las estructuras de los SLA’s en congruencia con el SNA y legitimarán su creación.

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