Por Janet Oropeza Eng
Las autoridades tienen la obligación de explicar y justificar el recorte del 11% en el presupuesto al sector salud para 2017. Por otro lado, es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, asegurando que quienes las dirigen cuenten con las capacidades técnicas y la trayectoria para hacerlo.
La salud es reconocida en instrumentos internacionales como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, señala que aquellos Estados Parte, entre los cuales está México, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y crearán las condiciones que aseguren a todos y todas asistencia y servicios médicos. En nuestro país, sin embargo, el acceso a servicios de salud de calidad para todos y todas las personas dista mucho de ser una realidad. Entre los muchos desafíos que enfrenta este sector en nuestro país están los recortes presupuestales, y los escándalos y hechos de corrupción, que afectan este derecho.
Respecto a los recortes presupuestales, en 2017, el Congreso aprobó una disminución de 11% en el presupuesto al sector salud, respecto al año 2016. Este recorte tendrá consecuencias catastróficas para las personas, sobre todo aquellas de menores ingresos, quienes dependen de los esquemas de salud pública existentes. ¿En qué se traducirán estos recortes? Algunas enfermedades se dejarán de atender, algunos medicamentos ya no estarán disponible, algunas personas sufrirán y posiblemente morirán. Esto, al amparo de autoridades federales que optan por reducir el gasto en salud en vez de disminuir otros rubros, como el presupuesto destinado a publicidad oficial, que se utiliza mayormente para promoverse en medios de comunicación.
De acuerdo a una investigación de Fundar[1], “el gasto a nivel federal en publicidad oficial en toda la administración de Peña Nieto, asciende a los 24 mil millones de pesos, mientras que el gasto desde las entidades federativas en 2015 es, aproximadamente, de 11 mil millones de pesos.” Esto, a pesar de que los principios de derechos humanos, que se encuentran en el artículo primero de nuestra Constitución Política, indican que debe existir progresividad en el presupuesto, es decir, que el Estado mexicano tiene la obligación de generar, en cada momento histórico, una mayor protección y garantía de los derechos humanos para que estos estén siempre en una constante evolución y, bajo ninguna justificación, en retroceso.[2] Dado lo anterior, es importante que las autoridades rindan cuentas sobre esta disminución en el presupuesto y nos expliquen qué acciones están emprendiendo para asegurar este nivel máximo de salud para todas las personas.
Otro desafío importante se relaciona con los escándalos y actos de corrupción suscitados en muchas entidades, que han acaparado los medios de comunicación desde hace varios años y, sobre todo, meses. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tan sólo en Veracruz, Guerrero y Michoacán, de 2007 a 2015, se detectaron fugas financieras por un monto de 9 mil millones de pesos en el manejo del Seguro Popular,[3] que es la principal fuente de financiamiento para los servicios estatales de salud para la población que no cuenta con otro tipo de seguridad social.
Lamentablemente, éstos no son los únicos casos, sino que la lista es larga. Estos desvíos y actos de corrupción no sólo evidencian un grave problema de control de los recursos públicos, sino que se traducen en una violación sistemática del derecho a la salud de las personas que habitan y transitan en estas entidades. Dicho de otro modo, la corrupción está afectando significativamente a todos aquellos y aquellas, quienes acuden a los servicios públicos de salud y no reciben la atención, los tratamientos y medicamentos adecuados para sus necesidades en salud y que no pueden –ni tendrían porque– costearlos de sus bolsillos.
A la luz de lo anterior, se vuelve fundamental fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción quienes, según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción aprobada en 2016, deben coordinarse y articularse tanto en el nivel federal como en el local. Sobre todo, es importante asegurar que quienes dirigen estas instituciones tengan las capacidades técnicas y la trayectoria adecuada para hacerlo y un compromiso con los derechos humanos de los y las mexicanas. El reto es enorme, sobre todo en los estados, en donde, además de tener que crear sistemas locales anticorrupción, cuyas características están definidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción aprobada en 2016, están pendientes las designaciones de varios de los y las titulares de las instituciones que las conformaran. Por esta razón, Fundar y Artículo 19 en alianza con otras organizaciones, promovemos procesos de designación transparentes y que incorporen mecanismos de participación ciudadana para asegurar que a las instituciones lleguen personas con conocimientos técnicos probados.
En el sitio Designaciones Públicas puedes consultar los pasos que desde Fundar y Artículo 19 proponemos para una buena designación pública.
Janet Oropeza Eng es investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
[1] Para más información pueden consultarse estos dos publicaciones: Censura indirecta en México: Rompiendo promesas, bloqueando reformas y Libertad de expresión en venta: acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial.
[2] La definición del principio de progresividad fue obtenida del sitio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
[3] “Desvíos en el Seguro Popular por casi 9 mil millones de pesos”, La Jornada, 12 de diciembre de 2016.
