Por Jose Knippen, investigadora en @FundarMexico
En las últimas semanas, la migración se ha vuelto un tema recurrente en las primeras planas de los medios de comunicación, por la lluvia de “acciones ejecutivas” y de “mensajes a la nación” de los gobiernos de Estados Unidos y México respectivamente.
Al escuchar estas noticias, parece que México no cuenta con ninguna política integral sobre estos temas y que todo esta sacado al vapor para poder responder decorosamente a las amenazas de fuera: las recientes medidas anti-inmigrantes del gobierno estadounidense. Se han señalado también las amenazas de “adentro”, como podría ser la falta de una respuesta contundente del gobierno mexicano ante las diferentes afectaciones de estas medidas para las personas migrantes, tanto mexicanos y como de otros países. Al gobierno se le olvida que existe un documento de política migratoria bastante claro, que no siempre se implementa: el Programa Especial de Migración.
Estos hechos recientes nos muestran que en México no se conoce bien el Programa Especial de Migración 2014-2018, que debería regir la política migratoria en México; digo debería, porque la implementación ha dejado mucho que desear.
El PEM cuenta con objetivos y estrategias claras y ambiciosas, que hacen frente a las diferentes dinámicas migratorias y a las necesidades de la población migrante y refugiada, como: sensibilizar sobre los derechos humanos de migrantes, incorporar la migración en las políticas de desarrollo regional y local, favorecer la integración y reintegración de migrantes y sus familias, fortalecer la seguridad para migrantes y sus defensores, y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Vale la pena hacer un recuento breve de cómo llegamos ahí: el PEM fue el resultado de un proceso amplio de consultas con la sociedad civil. Incluido un diagnostico profundo y en gran parte vigente, donde se reconoce que la política migratoria debe ser transversal, intersectorial e interinstitucional. Se estableció que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación es quien articula las diferentes dependencias en la materia a nivel federal y local, conscientes de que, sin la participación de las entidades federativas, las personas migrantes no pueden acceder plenamente a sus derechos y servicios.
Desde la publicación del PEM a inicios de 2014, muchas organizaciones han reconocido que es un documento relevante con base en un proceso de construcción sin precedentes, pero que aún es perfectible tanto en su diseño como en la implementación. El problema, que es la falta de recursos etiquetados se ha señalado en casi todas las mesas públicas imaginables. Sin duda lo que más ha entorpecido la fuerza política y social del PEM, fue la ejecución de medidas de “mano dura” contra la migración en tránsito desde Centroamérica, medidas muy contrarias al PEM vinculadas al Programa Frontera Sur, que ha propiciado el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos de migrantes y personas refugiadas en nuestro país.
Hoy día, todo el mundo puede acceder a documentos generados por la UPM que dan cuenta de algunos avances del PEM. Estos documentos, aunque son complejos, sin duda abonan a la transparencia y la rendición de cuentas. A la vez muestran la falta de seguimiento a las acciones que se han emprendido, y es evidente que, por lo mismo, tampoco hay resultados claros en todos los objetivos. Veamos un ejemplo: el primer objetivo del PEM es fomentar una cultura de legalidad, derechos humanos y valoración de la migración. Uno de sus indicadores es: el porcentaje de la población mexicana que tiene una percepción positiva sobre las personas extranjeras en México.
Mejorar la valoración de la migración es algo muy actual y relevante para el contexto político tenso que mencioné al principio, causado por las medidas anti-inmigrantes anunciadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Además, es un buen indicador de impacto, porque no muestra solo las acciones del gobierno sino refleja cómo estas realmente han impactado en el problema público. Existen varias encuestas que nos dicen algo sobre cómo los mexicanos valoran a los extranjeros en nuestro país. SEGOB toma la encuesta “Mexico, las Américas y el Mundo” del CIDE. Lamentablemente, el documento “Logros del PEM 2015” nos muestra que en los últimos años hubo un fuerte retroceso: en 2013 todavía 61.1 % valoraba positivamente a la migración y en 2015 cayó a 56.3 %. Vale la pena recordar algunos datos y pensar sobre lo que significa esto.
En primer lugar, en México no viven tantos extranjeros como pensamos: alrededor de un millón de extranjeros nos lleva a un porcentaje muy bajo (menos del 1%) de la población total del país. Nada que ver con países como Estados Unidos donde 13% de la población nació en otro país. En segundo lugar, la gran mayoría es estos migrantes es de Estados Unidos, seguido por Guatemala, España, Cuba, Argentina y Colombia. Sin embargo, en cuanto a percepciones parece que no somos tan diferentes acá que allá: muchos parecen apoyar medidas anti-inmigrantes en México, parecidas a las de Estados Unidos. Según la Encuesta Nacional de Migración (UNAM 2015), sólo la mitad de los mexicanos se opondría a construir un muro en la frontera sur. El 38% considera que debemos deportar a migrantes indocumentados.
Entonces todavía hay mucho trabajo para avanzar hacia una valoración positiva de la migración en México, el objetivo 1 del PEM. ¿Cómo se pueden lograr mejores resultados? Seguro ayudará mucho para cambiar esta percepción, el respaldo político fuerte al PEM y fin a las políticas restrictivas y poco transparentes. Qué entendemos las y los mexicanos con los mensajes tan confusos y dobles discursos de nuestro gobierno sobre la migración en nuestro país. Cómo entender esas señales contrarias, como el hecho de que algunas dependencias como CONAPRED hacen campañas por un lado, mientras que por otro, se ha normalizado la detención y deportación masiva de personas que podrían ser refugiados.
El Poder Ejecutivo, encabezado por la Presidencia, tendría que respaldar y retomar el PEM, sobre todo en estos momentos claves.
