Por Iván Benumea, investigador en @FundarMexico
Como consecuencia de las primeras acciones, desplantes y amenazas de Donald Trump, Peña Nieto nos ha convocado a estar unidos, a trabajar juntos y a buscar el interés superior de la Nación. Nuestro impopular presidente también insiste en que su principal labor será velar por los intereses de la sociedad mexicana, y que defenderá en todo momento la dignidad de los mexicanos. En sus últimas declaraciones, aunque en realidad también a lo largo de su sexenio, los derechos humanos brillan por su ausencia. Es lamentable que nuestra dignidad pretenda ser defendida cuando hay un muro e intereses económicos de por medio, y mediante discursos nacionalistas que apelan a nuestros miedos, cuando esa dignidad de la que tanto se habla únicamente podrá alcanzarse en la medida en que los derechos humanos sean protegidos y garantizados.
Si nuestra dignidad fuera tomada realmente en serio, Peña Nieto debería preguntarse qué ha hecho para hacer valer otros compromisos internacionales en donde los negocios no son lo relevante. Por desgracia, cuando lo que está en juego son nuestros derechos humanos, los tratados no merecen la misma relevancia, como lo demuestra la poca disposición que tiene el gobierno mexicano por cumplir las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Dentro de sus postulados más importantes, el PIDESC prohíbe que los estados retrocedan en la garantía de la salud, la vivienda, la alimentación y la educación de las personas, y también los obliga a que utilicen todos los recursos a su disposición, no solamente para evitar que nuestros derechos cada vez sean menos, sino también para que cada día que pase estén mejor protegidos. En otras palabras, y salvo que la situación financiera de un país sea realmente crítica, los estados no pueden dar ningún paso atrás en la satisfacción de los derechos, y lo que deben hacer es impulsarse y saltar lo más lejos que les sea posible.
Por desgracia, en nuestro país el PIDESC es un tratado que poca gente conoce y del que el gobierno prácticamente nunca habla, pero eso no significa que sea un acuerdo irrelevante. De hecho, ignorar su existencia nos ha costado mucho, literalmente. Por sólo poner un ejemplo, en el 2016 el Gobierno federal gastó más de 600 mil millones de pesos a lo originalmente programado; sin embargo, el gasto social fue menor a lo erogado en 2015: en cultura se gastó 21.2 por ciento menos, en protección ambiental 13 por ciento, en vivienda 4.5 por ciento y en educación 1.5 por ciento. Estos retrocesos van en contra de las obligaciones contenidas en el PIDESC, y difícilmente cambiarán el próximo año si no levantamos la voz y exigimos por todas las vías posibles que el Estado tome en serio nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
A pesar de que el panorama local e internacional es complicado, no debemos pasar por alto que existen alternativas y otros referentes internacionales que tienen el potencial de ayudarnos a salir adelante. Esto, por supuesto, no solo es responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, sino también del resto de las autoridades mexicanas. Si los tratados internacionales de derechos humanos no comienzan a tomarse en serio, si el gasto continúa ejerciéndose irresponsablemente y en contra de las prioridades, difícilmente los millones de mexicanos que desconfiamos de nuestro sistema político, recuperaremos la confianza y vislumbraremos un futuro juntos.
