Un mes y una semana después de que el Gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se diera a la fuga, diputados de oposición se manifestaron preocupados por el riesgo de que el Gobierno federal sólo persiga al ex mandatario, en vez de a una serie de funcionarios. Expulsado del Partido Revolucionario Institucional, Duarte de Ochoa se ha convertido en el enemigo de su propio partido, al menos en el discurso. ¿Pagará una persona por todos?
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa arrastra una orden de aprehensión por los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y la oposición ha señalado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de utilizar el caso para desviar la atención de otros políticos.
“Javier Duarte es un señuelo para que toda la atención pueda estar centrada en él y no haya ningún tipo de investigaciones sobre otros desfalcos de corrupción”, dijo el Diputado federal Jorge López Martín, vocero del Partido Acción Nacional (PAN).
Sin que el mandatario estatal con licencia haya sido localizado todavía, las acciones de combate a la corrupción del PRI se encuentran encaminadas a castigar al funcionario.
Siete días después de que un Juez girase una orden de aprehensión el partido tricolor anunció la expulsión de Duarte de sus filas.
En un breve comunicado se argumentó: “Violó sistemáticamente los Estatutos del partido y los códigos de Ético y de Justicia partidaria”.
El 19 de octubre la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Arely Gómez González hizo hincapié en que el caso se había estado investigando de manera seria previo a ser sometido a un Juzgado.
Sin embargo, las acusaciones en contra de ex mandatarios estales van más allá de lo que el Gobierno federal asegura atender, consideró Xavier Nava Palacios, Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“No vamos a permitir que se trate de enfocar toda la atención en Duarte, desvinculándose de los otros [ex gobernadores]. No se trata de intercambiarlos”.
De acuerdo con el diario Milenio, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha presentado 270 denuncias ante la PGR por manejos irregulares de los recursos públicos en los últimos 16 años y ninguna ha concluido en sanciones a los responsables.
“Los desfalcos pudieron ser contenidos, porque la Auditoría Superior de la Federación informó lo que ocurría. Pero el Gobierno federal toleró estas conductas indebidas y los poderes Legislativo y Judicial no encontraron la manera de servir como equilibrio para exigir que se rindieran cuentas”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano (MC).
DETRÁS DE DUARTE
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó a Duarte de Ochoa por realizar contratos del estado con al menos 34 empresas fantasmas, 30 de ellas presentaron sus declaraciones en ceros.
Sergio René Cancino Barffusón, Diputado federal suplente por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que los señalamientos de parte del PAN y el PRD en contra de Duarte desvían la atención de las acusaciones en contra del Gobernador electo (por la alianza PAN-PRD) Miguel Ángel Yunes Linares.
En abril un audio difundido por la cadena Univisión exhibe al candidato a Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares hablando con su hijo Omar Yunes Márquez sobre la compra de un inmueble en Nueva York, Estados Unidos.
La edificación según la filtración tendría un valor de entre 55 y 58 millones de dólares. Mas Yunes Linares lo negó en su momento.
El Diputado suplente de Morena sostuvo que el PAN y el PRD no han hecho esfuerzos por perseguir a Duarte en el Congreso local de Veracruz, a pesar de promover en el discurso su persecución.
La oposición de la pasada legislatura del Congreso local de Veracruz solicitó el 3 de marzo un juicio político en contra de Duarte, y 20 días después la solicitud fue desechada.
Sin embargo, la nueva legislatura que entró después de los comicios del 5 de junio, no lo volvió a intentar pese a tener la mayoría curules.
EL LEGADO DEL PRI
Clemente Castañeda Hoeflich apuntó que el Gobierno de Javier Duarte sintetizó la impunidad y la corrupción.
“Lo que ha ocurrido es la reproducción del fenómeno del duartismo: grandes desfalcos en Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Sonora, sólo por citar los escándalos más recientes. Todo el polvo que levantó Javier Duarte nubló la corrupción en estos estados, pero solo de manera momentánea”, dijo .
Sin embargo, las denuncias siguen sin atender. En el caso de César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, una denuncia ante la PGR lo señala desde septiembre del 2014 por peculado, enriquecimiento ilícito, y uso indebido de atribuciones y facultades.
El abogado Jaime García Chávez inició esta denuncia por la compra de acciones, de parte del ex mandatario y su esposa, en la creación del Banco Progresa, que el mismo Gobierno estatal ayudó a crear.
Con la llegada del prísta Raúl Cervantes al frente de la PGR, Chavéz advirtió que la denuncia podría ser retirada.
“La preocupación nace, con hechos objetivos, por la cercanía de Cervantes Andrade con el ex Gobernador [César Duarte]”, expuso García Chávez en su página electrónica el 27 de octubre.
Otro ex Gobernador del PRI acusado de corrupción es Roberto Borge Angulo, quien arrastra una denuncia por vender 9 mil 500 hectáreas de terrenos del Estado a precios inferiores.
El demandante es su sucesor Carlos Joaquín González (ganador por la alianza PAN-PRD) que lo acusa de presuntamente, quien ha dicho que desconoce la si Borge ya se ha dado a la fuga.
En Tamaulipas Egidio Torre Cantú, recién salido de la Gubernatura, fue señalado Francisco Chavira Martínez, ex candidato independiente a Gobernador y empresario, de contar con una mansión de 340 millones de pesos en el municipio San Pedro Garza García, Nuevo León.
La oposición ha minado al PRI de denuncias, y esta tendencia también abarca a Coahuila. Donde el Senador del PAN Luis Fernando Salazar Fernández denunció al Gobernador Rubén Moreira Valdez por operar una red de empresas fantasmas.
El PAN presentó un punto de acuerdo el 8 de noviembre en el Senado en el que pidió al Gobernador Rubén Moreira, que se retirase del cargo. Se presume que las 13 empresas fantasma recibieron 178 millones de pesos en adjudicaciones durante su administración.
La corrupción también salpica a la oposición. El ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, quien también era prófugo de la justicia por cargos en su contra de realizar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, se entregó a las autoridades el 11 de noviembre.
