A unas horas de que el Gobierno de Javier Corral Jurado se pronuncie sobre el déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos que le heredó la administración del priista César Duarte Jáquez –además de una deuda pública histórica por 42 mil millones de pesos–, funcionarios estatales y el propio mandatario loca destacan la corrresponsabilidad del Gobierno federal y, en especial, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no frenó ni advirtió en la entidad lo que hoy es una situación de desfalco y cuya falta de liquidez amenaza con paralizar actividades.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de que el Gobierno del priísta César Duarte Jáquez dejara en Chihuahua una deuda por más 42 mil millones de pesos y un déficit por otros 7 mil 200, la Presidencia de Enrique Peña Nieto recortó a menos de la mitad los recursos ofrecidos a la nueva administración del panista Javier Corral Jurado.
Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral Jurado enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.
El Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, dará a conocer hoy en conferencia de prensa detalles sobre la generación del déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos encontrados en las finanzas públicas; cantidad superior a los 2 mil 500 millones de pesos que esperaba encontrar el nuevo Gobierno estatal y que, informó el funcionario, eran los establecidos en los compromisos de la “reestructura” de la deuda del estado.
El Gobierno anterior, indican los datos de la administración entrante, ocultó deudas, contrató empresas sin acreditar la entrega de los bienes o servicios y, entre otros compromisos, generó uno por mil 300 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Hay pagos pendientes a proveedores; hay aportaciones a convenios federales que no se han realizado, un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, de mil 300 millones de pesos, por un convenio que se firmó con la administración anterior y el Estado no hizo las aportaciones”, dijo Fuentes Vélez ayer domingo.
De acuerdo con lo que ha reportado Corral a los medios de Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte Jáquez puede ser calificada de “desfalco” y ha puesto en riesgo incluso la dotación de gasolina para el parque vehicular de la Fiscalía General del Estado, justo en un periodo de aumento de la violencia en aquella entidad fronteriza.
“Chihuahua no puede enfrentar solo, ni siquiera con el crédito de corto plazo que hemos pedido, de mil 800 millones de pesos, este desfalco, porque estamos ante un desfalco, es más que una crisis financiera: es un problema de caja, no hay liquidez, nos falta dinero hasta para pagar la gasolina de la mitad del parque vehicular en términos, por ejemplo, de la Fiscalía General”, dijo Corral el jueves ante los medios de Ciudad Juárez.
Y en este “desfalco”, ha señalado también el nuevo Gobierno panista, Peña Nieto tiene “corresponsabilidad” debido a que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, debió haber vigilado que Duarte Jáquez no rebasara el nivel de déficit que le ordenaba la reestructura de su deuda.
“Cuando se firma el Fideicomiso Maestro se establecen una serie de condiciones para el estado, cinco o seis cláusulas; hablan de no incrementar servicios personales, de mantener el déficit en cierto nivel, y ese nivel se suponía que se iba a llegar a cero en 2021, y obviamente con lo que encontramos es imposible llegar a cero en 2021”, dijo Fuentes Vélez.
“Ahí es donde señala el Gobernador que ese plan de ajuste no se cumplió, y de alguna manera hay responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, que debería estar vigilando que se cumpliera”, agregó.
Pese a esta “corresponsabilidad” federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.
“A otros estados les dieron 900, 1000, y 1200 millones de pesos. Todo apunta a un trato diferenciado [a Chihuahua]”, agregó ayer la información del nuevo Gobierno local.
Fuentes Vélez explicó que el déficit de más de 7 mil millones de pesos significa una violación a los términos del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, constituido el 26 de noviembre de 2013 entre la administración de Duarte Jáquez y la división Casa de Bolsa de la empresa Evercore, dirigida por Aspe Armella y antiguo lugar de trabajo de Videgaray.
Este fideicomiso, de acuerdo con un listado de los créditos adquiridos a su amparo y contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 del Estado de Chihuahua, permitió al ex Gobernador priísta obtener once préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos; estos, adicionales a 23 mil que había acumulado hasta 2012.
La participación de Evercore –antes llamada Protego– aparece en los decretos oficiales del Estado de Chihuahua que dieron inicio a la tramitación de los diferentes créditos de Duarte.
De acuerdo con Fuentes Vélez, más que la empresa privada de Aspe, la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso era de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; unidad a cargo de la funcionaria Marcela Andrade Martínez –también ex empleada de Evercore.
“[La responsabilidad de la SCHP era] que se cumplieran las cláusulas establecidas en el fideicomiso, concretamente a lo que se refiere el déficit. La coordinación principal es a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas”, agregó Fuentes.
El nuevo titular de la Hacienda chihuahuense explicó también que en las reuniones en las que se ha planteado este incumplimiento de parte de Duarte al Fideicomiso Evercore, la oficina a cargo de Andrade ha explicado que la Fedración partió “de la información que el Gobierno anterior (de Chihuahua) le daba”.
“OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”
Mientras, la denuncia penal para que se investigue la participación del ex priísta César Duarte Jáquez en el Banco Unión Progreso enfrenta lo que el abogado que documentó este vínculo, Jaime García Chávez, califica de “obstrucción” de la justicia por parte de la Procuraduría General de la República.
Ante la falta de avances de la AP/PGR/UEAF/001/2014-09 la denuncia de hechos fue interpuesta el 23 de septiembre de 2014–, García Chávez se presentó esta mañana ante la entrada de la delegación estatal de la PGR para entregar un documento en el que denuncia la relación de “compadrazgo” entre Duarte y el nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, además de exigir la consignación del expediente.
“Le hacemos patente nuestra enérgica protesta por la obstrucción de la procuración de justicia en que ha caído la institución que hoy usted encabeza, dada su reciente designación, que no podemos ver sino inadecuada a la finalidad de combatir realmente la corrupción. En otras palabras, su trayectoria personal nos permite dudar razonablemente de la imparcialidad con la que ha de conducirse”, dice el escrito de García Chávez.
“Pero, más allá de esta circunstancia, no está de más que le recordemos que el expediente abierto (AP/PGR/UEAF/001/2014-09) contra el ex Gobernador y sus cómplices estuvo inicialmente en manos de Jesús Murillo Karam, para pasar luego a las de Arely Gómez, y ahora a las de usted”, agrega.
Desde la semana pasada, el abogado chihuahuense ha denunciado la dilación aplicada a una investigación “sencilla” y que debe solamente establecer con documentos el origen de 65 millones de pesos que el ex mandatario priísta aportó en 2012 al Fideicomiso 744773 y que lo hizo accionista de la entidad financiera.
“Dicha inestabilidad (los cambios en PGR) nos acarrea el perjuicio de que cada uno de los que va llegando –y en poco menos de dos años usted es el tercero– se toma el tiempo del mundo para imponerse de un expediente, abultado innecesaria y artificialmente, para sepultar con varias toneladas de papel un hecho tan sencillo y demostrable como el enriquecimiento ilícito del ex Gobernador, el conflicto de interés y los desmanes delictivos de sus cómplices”, agrega el escrito.
“Queremos decirle que ¡ya basta!, que la consignación del expediente a un tribunal competente está más que fundado para que se dicten las correspondientes órdenes de aprehensión y se les someta a juicio penal por así estar previsto en el orden jurídico vigente en el país”, cierra.
