Por Guillermo Ávila, investigador de @FundarMexico
Abrir el Congreso significa transparentar, participar, influir. En cada una de sus funciones, el Poder Legislativo puede adoptar e implementar los principios de Parlamento abierto: en la elaboración y discusión de leyes, en las comparecencias, en la discusión y aprobación del presupuesto, en la designación de servidores públicos, en la fiscalización de recursos, incluso en los juicios políticos. En todas puede haber una combinación eficaz de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de las tecnologías que, al mismo tiempo, contribuya con los esfuerzos por reducir los actos de corrupción.
La construcción de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se dio, en términos generales, bajo esa lógica. Esto significa que en ese proceso legislativo hubo, intencionalmente, más apertura que en el funcionamiento común del Senado de la República – que fue donde se realizaron las mesas de trabajo y las discusiones entre los grupos parlamentarios y las organizaciones académicas y de la sociedad civil-. Este nuevo marco normativo incluye una serie de disposiciones con base en las mejores prácticas internacionales y el conocimiento teórico y empírico de expertos nacionales.
Otro ejemplo claro de un proceso legislativo, relacionado con el combate a la corrupción, con participación ciudadana fue el de la Ley General de Transparencia, en cuya redacción participó un grupo amplio de integrantes de la academia y de organizaciones sociales junto a integrantes de los grupos parlamentarios, también en el Senado. Recientemente esa ley obtuvo el puntaje más alto en la ‘Clasificación Global de Derecho a la Información’.
Los procesos de apertura siguen siendo la excepción. Ninguno de los casos anteriores fue perfecto: en todo momento esas disposiciones de apertura pudieron ser más sustantivas. Sin duda, el funcionamiento normal del Congreso, la forma habitual de discutir y negociar, tiene una fuerza inercial poderosa, en buena medida, porque ninguna de las Cámaras tiene una política específica para asegurar las condiciones básicas y necesarias para funcionar como un Parlamento abierto.
No obstante, los productos finales – las leyes del SNA y la ley de Transparencia – se consideran de calidad alta y, en ese sentido, tienen legitimidad de origen, lo que es un elemento esencial para la confianza ciudadana. Por eso hay que seguir exigiendo que se ponga en práctica lo que funcionó y cuestionar y mejorar lo que no. En ese sentido, las y los integrantes de cada Cámara, responsables principales de la toma de decisiones y de llevar a cabo funciones específicas, deben considerar la importancia de fortalecer de esa forma a las instituciones.
En concreto, la Cámara de Diputados debe garantizar, en su rol exclusivo de aprobación del gasto gubernamental, que existan los recursos suficientes – con base en el análisis de las necesidades administrativas – para cada institución de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Pero también es muy importante que las y los diputados contribuyan con el entendimiento colectivo de los pasos a seguir para asegurar la asignación presupuestaria, de forma que el SNA pueda operar como lo mandata la Constitución y las leyes secundarias.
El Senado, por su parte, debe abrir los procesos de nombramiento de las y los servidores públicos en general y, en particular, el de las instancias que integran el SNA. Esto implica que se consideren las opiniones especializadas, que las audiencias sean transparentes, en las que esté disponible toda la información relacionada con los perfiles de las y los candidatos y las valoraciones tanto de las Comisiones como de los legisladores sobre los mismos y que se apoyen de instrumentos de evaluación técnica.
Todas las decisiones se deben explicar y justificar exhaustivamente y de tal forma que todas las personas puedan entenderlas. La documentación de los procesos de toma de decisión es indispensable pero también la argumentación a fondo de las resoluciones finales, para que pueda comprenderse mejor cuáles fueron las motivaciones para decidir votar a favor o en contra, incluir ciertas disposiciones en las leyes, designar a tal o cual persona, aprobar el presupuesto y la asignación de recursos.
