Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Absolutamente nada indica que México pueda implementar la privatización de la infraestructura petrolera e incluso las más elementales normas de seguridad, transparencia, eficacia y eficiencia, escribe Edgardo Buscaglia en un artículo que publica en Al Jazeera en su edición de América.
De acuerdo con Buscaglia, quien es investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad con énfasis en México, “la experiencia internacional y el sentido común básico indican que un país debe poseer un nivel mínimo de Estado de Derecho para ser capaz de llevar los beneficios sociales para la mayoría de su población al privatizar activos estatales”.
El especialista habla en su artículo “Privatizar la industria petrolera de México significa un desastre” sobre una “paradoja mexicana”. Dice que aunque la inseguridad ha llegado a niveles récord, el dinero extranjero sigue llegando.
Buscaglia explica que México ha logrado atraer a miles de millones de dólares por año en inversión directa extranjera, la cual ha sido canalizada a sectores no competitivos que están en las manos de “cortesanos del Estado mexicano”, quienes “disfrazados de empresarios privados en los últimos 25 años han creado de la privatización de los activos estatales grandes oligopolios”.
“El proceso de privatización en México se ha llevado a cabo a través de procedimientos dudosos orquestados por autoridades federales corruptas. Todo esto ha ocurrido en medio de una economía mexicana que carece de innovación tecnológica y con una baja productividad y en donde más de la mitad de lo que se produce y se consume se intercambia en los mercados informales o ilegales”, escribe Buscaglia.
Dice que estos “oligopolios privados dentro de las industrias de la minería, la banca y las telecomunicaciones” atraen inversores extranjeros “a los mercados protegidos políticamente en los que las autoridades (a través de sobornos y subsidios) garantizan tasas de rendimiento dos a cinco veces por encima de la internacional promedio”.
“La próxima privatización del petróleo mexicano cae dentro de este marco económico ‘legalmente corrupto'”, refiere Buscaglia.
Edgardo da cuenta de la infiltración del crimen organizado dentro de los niveles más altos directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la cual escribe Ana Lilia Pérez en su libro “El Cartel Negro”. Dice que esta investigación ha dado una descripción detallada de “cómo una gran parte del petróleo extraído y distribuido por Pemex es robado actualmente a través de operaciones ilegales”.
“El tráfico ilegal de petróleo viene con la corrupción política de alto nivel, los conflictos armados intensos que han causando miles de muertes al mes y los frecuentes actos de terrorismo en contra de la infraestructura de Pemex. Uno no puede esperar que este escenario de conflicto armado desaparezca después de la privatización”, escribe Buscaglia.
Precisa que los accionistas de las compañías petroleras “sólo pueden esperar rendimientos económicos bajos y el caos de la inversión en el sector petrolero mexicano, a menos que […] inicie un esfuerzo internacional de cooperación judicial para el desmantelamiento de las grandes redes de la delincuencia organizada dentro de la empresa mexicana de petróleo y más allá”.
Buscaglia explica que esta cooperación judicial internacional debe conllevar la aplicación efectiva de un programa de lucha contra la corrupción en el Estado mexicano y ampliarse al conflicto de intereses y al tráfico de influencia, todo supervisado por organizaciones de la sociedad civil internacionales de reconocido prestigio.
