La medida implementada por el Juez será vigente hasta el 9 de noviembre, cuando se llevará a cabo una nueva audiencia para determinar la procedencia de la suspensión definitiva del decreto publicado el viernes pasado.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión y publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, prohibió de forma temporal al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es la dependencia administrativa del PJF, la transferencia de los 15 mil millones de pesos que conforman los 13 fideicomisos eliminados, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La resolución fue dictaminada luego de que María del Carmen Cordero Martínez, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en Chihuahua, presentara el día de ayer el amparo contra la reforma.
A ambas entidades receptoras del recurso se les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros.
“[Se concede para] que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados, deben realizar lo siguiente: Se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF”, señala el fallo.
Además señala que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados bajo el cumplimiento de las reglas de operación de los mismos.
Dicha medida provisional estará vigente hasta el 9 de noviembre, cuando el Juez acordó realizar la audiencia incidental para resolver si se concede o no la suspensión definitiva, por lo que, en caso de aprobarse, se frenaría en su totalidad el decreto aprobado y publicado en las semanas previas.
Hoy más temprano, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, había aceptado la propuesta lanzada esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para usar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero devastados por el huracán “Otis”.
En un oficio dirigido a la Presidencia de México y al Primer Mandatario del país, la también presidenta del CJF expuso que la propuesta le parecía “una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado” ante la gravedad de la situación en Guerrero y se dijo atenta y “a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.
Norma Piña, ministra presidenta de la @SCJN, pide a @lopezobrador_ definir propuesta sobre la donación de los fideicomisos del #PoderJudicial a los damnificados del huracán Otis. pic.twitter.com/6IpT3chFt3
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 31, 2023
Señaló que, si bien su Administración en el PJF se ha efectuado un proyecto de reingeniería para “garantizar los derechos” de todos sus integrantes, también afirmó que este trabajo responde a la mejoría en el uso y aprovechamiento de los recursos públicos “para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
El Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de esos “guardaditos” por 15 mil millones que, finalmente, el pleno del Senado de la República eliminó de 13 de 14 fideicomisos el pasado 24 de octubre.
El Presidente López Obrador ha insistido por años que dichos “guardaditos” sólo han beneficiado a la elite del Poder Judicial, en especial a ministros, magistrados y jueces que, durante décadas, han tenido los salarios y prestaciones más altas en la burocracia federal.
