La batalla legal para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sólo fue con los pobladores, los posibles afectados de manera directa. Quienes interpusieron los amparos fueron tres de los principales rostros de la oposición “civil”: Gustavo de Hoyos, Claudio X. González y María Elena Morera, que movilizaron a despachos y amigos para sumar amparos contra la obra.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Abogados, empresarios, activistas y sus familiares fueron algunos de los promoventes de los amparos que buscaron detener la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Consejería Jurídica de Presidencia compartieron reportes sobre el estatus de estos recursos que tuvieron poco éxito para los que se sintieron agraviados por dicha obra.
En los archivos de Excel lucen los nombres de ejidatarios y representantes de los pueblos originarios, pero los primeros en la lista son personajes cercanos a las organizaciones de Claudio Xavier González Guajardo y Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, incluso ellos promovieron dos de los amparos.
También están en la lista María Elena Morera Mitre, Juan Ramón Morera Mitre, María Amparo Casar, Gerardo Carrasco, Luis Alvarado Vallesteros, Miguel Alfonso Meza Carmona, Luis Raúl Gutiérrez Zapien y Daniel Eduardo Torres Checa.
También llaman la atención los nombres de Daniela Morera González y Laura Antonia Caraza Campos, psiquiatra y chef, respectivamente.
Cada uno de ellos se dijo afectado directamente por la construcción del Aeropuerto en el Estado de México, que se inauguró el pasado 21 de marzo del 2022.
La información, obtenida por el colectivo Guacamaya, muestra que los amparos fueron principalmente contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional, contra la Dirección General de Ingenieros del Ejército, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Nacional Financiera, entre otros.
Desde sus inicios, el Aeropuerto Felipe Ángeles enfrentó problemas en los tribunales. El colectivo No Más Derroches, encabezado por el abogado Gerardo Carrasco, inició la batalla luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto que López Obrador canceló en sus primeros días de Gobierno.
Y luego vinieron más recursos legales para impedir la construcción del AIFA. El propio López Obrador admitió que fueron 140 amparos de 18 despachos los que el Gobierno federal había recibido contra la obra, que tuvo que declararse asunto estratégico y de seguridad nacional para librar la mayoría.
El Presidente acusó también que detrás de esta estrategia estaban partidos políticos y medios de comunicación para cumplir con sus consignas:
“Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la Ley, pero ellos tienen consigna política, ellos deberían de informarle a la gente cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo […] ¿Y quiénes son los de esta sociedad?, ¿quién paga? […] ¿quién está pagando todo esto?, ¿de dónde sale el dinero?, ¿quién está financiando a estas sociedades?, ¿de dónde obtienen sus recursos?”.
Los activistas unidos por distintas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, algunos de ellos —Claudio X. González y Gustavo de Hoyos— involucrados en la alianza política Va Por México, se sintieron afectados como usuarios y por la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía y por cualquier permiso para construir pistas y la Terminal.
La mayoría, aunque se abrieron informes, no generaron sentencia ni suspensión.
También reclamaron que la obra se hizo sin la autorización de impacto ambiental y sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Otro de los argumentos fue que no se publicó en algún periódico de “amplia circulación” a intención de la construcción del aeropuerto civil/militar.
Durante semanas, la Consejería Jurídica de Presidencia y la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena se compartieron correos electrónicos con la “relación de los juicios del AIFA”.
Los despachos que promovieron los recursos fueron los de Gerardo Carrasco Chávez, Antonio Aramburu Mejía y otros por “propio derecho”.
En la lista de Excel resaltan no sólo los nombres de Claudio X. González, Gustavo de Hoyos o María Elena Morera; también hay otros representantes de distintas empresas y organizaciones.
Están Manuel Fernando Soto Hay Pintado, quien es Fundador y Director General de Tu Hipoteca Fácil; David Blanc, investigador de Causa en Común y Pablo Girault Ruiz, quien fue integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.
En otro oficio, con fecha del 4 de febrero de 2021, la Sedena informó que tan solo del 1 al 31 de enero de 2021, un mes antes de la inauguración del AIFA, ingresaron 41 juicios de amparo; concluyeron 7 y la cifra total de asuntos en trámite ascendió a mil 793.
