En los medios han destacado en los últimos meses la crisis política y de estabilidad económica que viven los países hermanos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Ha habido fuertes críticas hacia los gobiernos de los países del denominado triángulo norte, por su incapacidad de impulsar el crecimiento económico y  propiciar inestabilidad social y política.

La situación desafuero o “antejuicio, como le llaman allá”,  que enfrenta el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por un tema de corrupción, es para muchos, una señal de esperanza, la marcha realizada el día de ayer con la abierta participación del sector empresarial, hace pensar en que la unión de la sociedad puede ser elemento clave para favorecer los cambios que necesitan nuestros países. Sin embargo, ¿qué tan genuinos son estos procesos sociales, qué intereses son los que han permitido que el movimiento en  Guatemala llegue hasta este punto? El gobierno de Estados Unidos sin duda es un actor que no debe dejarse de lado en el análisis, por ser quien tiene la mayor influencia en la región y ser quien autoriza sucedan movimientos importantes, Pérez Molina, ha pasado a ser un aliado incomodo y está pagando la factura de ello.

En Honduras y El Salvador la situación no es diferente, la emigración masiva de su población (principalmente hondureña) es un reflejo de la grave descomposición en la estructura social, económica y política de ambos países. En México hemos sido testigos de cómo en los últimos años, los migrantes originarios de estos lugares, han sido víctimas sistemáticas de violaciones a sus derechos humanos en nuestro territorio.

Autoridades del INM plantean que ante la crisis actual vivida en Guatemala, es posible un escenario de salida masiva de guatemaltecos con dirección hacia el sur de México principalmente, por lo que es necesario plantearse desde ahora acciones para su eventual atención.

Mirando lo que pasa en el triángulo norte y lo que ocurre en  México en cuanto a las crisis sociales y políticas principalmente, no nos vemos tan distintos, más bien nos reflejamos, estamos compartiendo los mismos retos y problemáticas. La diferencia es que en México pasan cosas graves (desapariciones, ejecuciones, desplazamiento, caída del ingreso, corrupción e impunidad en sus más altos niveles) y no pasa nada, muchos le llaman a eso una capacidad que tiene el gobierno de minimizar las problemáticas, otros le llaman un desinterés de la población porque se ha individualizado, ha naturalizado la realidad que venimos viviendo desde hace tiempo y hemos desarrollado una permisividad a actos de corrupción y violencia que ponen en riesgo nuestra propia vida y sobrevivencia.

No se trata de ser fatalista porque tampoco se trata de casos aislados en los países que aquí se señalan, cierto es que hay una crisis que se vive en distintas latitudes, el punto es qué capacidad económica, institucional, legal, moral, por mencionar solo algunas, hay en cada país para enfrentarlo y qué papel juegan sus ciudadanos para que sus gobernantes cumplan con el mandato que les fue encargado, velar por el bien común y no por los intereses de grupos.

Resulta cada vez más ajeno aquellos momentos cuando se hablaba de la fortaleza mexicana, del hermano mayor de Centroamérica, ahora hablamos cada vez más de que la realidad mexicana supera, y por mucho, ciertos retos que viven países de esta región. Por ello es imprescindible que nuestros gobernantes asuman con prontitud la realidad que enfrentan, se hagan de cuadros preparados, no amigos ni aliados, sino de gente que en verdad apoye la búsqueda creativa de resultados que garanticen los derechos de las personas que vivimos en este país, como es el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.

Necesitamos que el respeto a nuestros derechos humanos sea una realidad y no una lejana utopía, que podamos vivir sin miedo quienes queremos hacer algo por el bien común y construir conjuntamente un proyecto de Nación.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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