Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigará probables violaciones graves en el caso del desalojo registrado el pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, en San Bernardino, Chalchihuapan, donde resultó muerto el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
La Comisión aseguró en un comunicado, que el organismo autónomo que preside Raúl Plascencia Villanueva emitirá la determinación que corresponda conforme a sus atribuciones constitucionales.
Además acordó tramitar el expediente como Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, facultad con la que cuenta la Comisión y que aplica cuando lo considera conveniente o a petición del Ejecutivo Federal, gobernadores, o Legislaturas.
“Plascencia Villanueva ordenó radicar la investigación, notificar a las autoridades señaladas como presuntamente responsables, solicitar se rindan los informes en términos de ley, y que personal de ésta Comisión Nacional lleve a cabo todas las diligencias, visitas de campo, certificaciones, entrevistas, consultas de archivos y demás actuaciones necesarias para la debida investigación de los hechos”, detalló la dependencia.
El pasado 20 de julio, la dependencia atrajo el caso del menor José Luis Alberto e indicó que envió visitadores adjuntos para verificar el estado de salud de las personas que se encontraban en el lugar, especialmente la del menor que falleció por un paro cardiorespiratorio.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE), presentó ayer su peritaje del caso, donde culpó nuevamente a los pobladores de Chalchihuapan por la muerte del menor y dijo que la onda expansiva de un cohetón es lo que provocó la herida del menor.
El procurador de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, agregó que “por parte de los grupos en confronta se utilizaron piedras, resorteras, bombas molotov, y en particular cohetones de propulsión, explosivos de dos tipos; ambos de manufactura no industrial”.
Por su parte, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron la ausencia de Estado de derecho en Puebla y demandaron la separación del Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, para que no interfiera en las investigaciones del asesinato del niño José Luis.
Los activistas y las organizaciones coincidieron en que se han fabricado mentiras para inculpar a los pobladores afectados. Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, denunció que en uno de los videos donde se trata de inculpar a los pobladores salen las declaraciones de un oficial de la policía identificado como Mario Tomás González Ricaño, quien fue detenido en 2011 por trata de personas y prostitución de menores.
