Sí indigna, querido lector. Ver las imágenes de personas destruyendo el memorial de los niños del ABC, frente a la Corte. Indigna, sin duda, ver a un grupo de manifestantes montoneros, encabezados por políticos de oposición, atacando el plantón de otros manifestantes, destruyendo sus cartulinas, mantas, y lonas, jaloneando a adultos mayores que allí llevan manifestándose desde hace semanas ¿qué se creerán? Mejor dicho ¿quién se creerán que son para inhibir una protesta social? Ah, sí querido lector, ellos se creen “verdaderos ciudadanos”, con derecho de inhibir, violentamente, los derechos de los otros.

Ahora resulta que, en México, según estos iluminados, hay ciudadanos (que son ellos) y no-ciudadanos que son los otros, todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos, como si fueran o tuvieran algún tipo de superioridad o autoridad sobre los demás. El domingo pasado marcharon para defender al poder, en este caso al poder judicial, a los ministros de la Suprema Corte, en especial a su presidenta Norma Piña de los señalamientos del Presidente. Una jueza, nada imparcial, que cree, a su vez, tener la autoridad para mandarle mensajitos por whatsapp al presidente del Senado para incordiarlo por el desempeño de su trabajo, con emojis y todo. Vergonzosa manifestación de un pleito en el que la ministra Piña participa, completamente fuera de lugar. El nivel ordinario y pasmoso de sus mensajes dejó al descubierto que, contrario a la narrativa que la presentaba revestida de imparcial institucionalidad, es en realidad parte activa de una disputa política que además trata como si fuera una disputa vecinal que se debate en un chat.

En cuanto a sus defensores, no defienden la autonomía del poder judicial, ya nos queda muy claro. Ellos defienden el último espacio de poder donde ven representados sus intereses facciosos, ya muy bien representados por la ministra Piña. Lo que empezó como un señalamiento aparentemente infundado del presidente, se ha revelado como un pleito abierto donde la máxima autoridad judicial juega como política, no como jueza. Por ello, debe ser, sus defensores de la oposición, a quien claramente sirve, la endiosan. Muy extraño, hay que decir, o muy común, esa contradicción donde critican a los seguidores del presidente, pero son incapaces de mirarse en ese espejo: como seguidores serviles del poder. Se dicen demócratas e institucionales, pero no entienden las tensiones, naturales, de la democracia, ni tienen el menor sentido de la tolerancia. Sí, el país está dividido, muy probablemente, no entre dos bandos sino entre muchos. Ni todos queremos lo mismo, ni pensamos lo mismo. Luego, pues en decisiones cruciales, gana la mayoría. Así funciona. El problema surge cuando una minoría quiere imponerle a una mayoría sus deseos e intereses. Se mal acostumbraron, porque durante décadas lo hicieron. Vivían en un país escandinavo, rodeados de pobres, con el gobierno al servicio de sus intereses y quieren recuperar lo que perdieron. Por eso, ahora que se han convertido en opositores y en manifestantes creen que pueden imponerse, en la calle y de manera violenta, sobre los otros. Les importa muy poco que en este país exista la libertad de manifestación, para todos, y que los demás no tengan derecho a suprimirla, así no estén de acuerdo.

Verlos en acción ha sido muy aleccionador de lo que está ocurriendo en el país y de lo que significaría que regresaran al poder y también, de la verdadera naturaleza de los grupos opositores “ciudadanos” y sus convicciones democráticas.

Atacar de manera violenta a mujeres y ancianos, destruir pertenencias, sacar a personas, retirar pancartas, destruir memoriales, desclavar las cruces de madera que en una jardinera estaban con los nombres de los niños fallecidos en el ABC para usarlos como armas o tratarlos como basura, son acciones que hablan, con elocuencia, de sus pulsiones, más de vándalos furiosos, que de “ciudadanos preocupados la democracia”.

Ya lo escribía hace unas semanas en esta misma columna. El asunto de que la oposición partidista se ha apoderado del término “ciudadanía” para ocultarse y para reclamar para sí, tramposamente, la representación de todos. En realidad, es una cuestión clasista, una especie de taxonomía para referirse a personas pertenecientes a misma clase social, privilegiada, que cree tener más derechos que los otros. O que deberían tenerlos, porque ellos son “educados”, tienen recursos económicos y siempre habían tenido el poder. Y están muy enojados. Muy, muy enojados porque han sido desplazados por el actual gobierno, privándolos del acceso al presupuesto público y sí, muchos privilegios.

Esta anomalía en la historia está mostrándonos muchas cosas realmente inéditas, no solo por la violencia entre manifestantes, querido lector, sino porque todas las fachadas que tan laboriosamente han buscado construir se están cayendo. El discurso de la “ciudadanía”, excluyente, que usan para tratar de ganar legitimidad como actores políticos preeminentes, está desmoronándose y difícilmente lograrán imponerlo en las próximas elecciones. Su verdadero rostro violento, mostrado el domingo, nos recuerda qué tipo de ciudadanos son, qué defienden.

Afortunadamente, la democracia posibilita que, en conjunto, decidamos el futuro y el destino de nuestro país y nuestro voto vale exactamente lo mismo que el de los otros. La oposición, por ello, no debería desesperarse y actuar violentamente: ya tendrán la oportunidad de depositar su boleta en la urna, como todos.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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