Del 1 de diciembre de 2018 hasta abril de 2019, los cinco primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han perpetrado 14 mil 099 asesinatos, de los cuales, 10 mil 150 fueron cometidos con arma de fuego. En el primer cuatrimestre de 2019, con un total de 11 mil 221 personas asesinadas, el homicidio doloso creció 6.74 por ciento.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá su primer semestre al frente de un país sumergido en una profunda crisis de inseguridad y de derechos humanos. Especialistas, activistas y colectivos coincidieron que sin bien aún se percibe voluntad política para enfrentar la problemática, los planes y políticas anunciadas en la materia carecen de una estrategia integral.
La falta de una ruta real para el combate a la estructura financiera del crimen; no materializar los planes anunciados para erradicar y castigar la violencia de género y violencia feminicida; minimizar y excluir la opinión, experiencia y disposición de colectivos de víctimas y sociedad civil experta, así como el abandono del proyecto para un verdadero proceso de justicia transicional que otorgue verdad y justicia a las víctimas, son algunos de otros aspectos que destacaron especialistas y derecho humanistas consultados por SinEmbargo sobre los primeros seis meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“En realidad, en todas las áreas que tiene que ver con seguridad, investigación, impartición de justicia, centros de reclusión, lo que miramos es continuidad. La 4T no está transformando nada. […] Me parece que lo que está haciendo simplemente es seguir administrando el desastre”, dijo Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Jefe del Ejecutivo durante el año más sangriento en dos décadas, con un total de 33 mil víctimas de homicidio doloso y 28 mil 816 carpetas de investigación abiertas. Durante el 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, los asesinatos en México crecieron al menos 15 por ciento.
Del primero de diciembre de 2018 hasta abril de 2019, los cinco primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han perpetrado 14 mil 099 asesinatos, de los cuales, 10 mil 150 fueron cometidos con arma de fuego. Las autoridades han abierto al menos 12 mil 024 carpetas de investigación por homicidios dolosos.
En los primeros cuatro meses de 2019, con un total de 11 mil 221 personas asesinadas, el homicidio doloso creció 6.74 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018, que registró un total de 10 mil 512 víctimas, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En total, 685 víctimas de secuestro se registraron entre diciembre de 2018 a abril de 2019, de las cuales, se han abierto 592 carpetas de investigación. Por otra parte, al menos 3 mil 372 personas fueron víctimas de extorsión que derivaron en la apertura de 3 mil 276 averiguaciones.
Las víctimas de secuestro en el primer cuatrimestre de 2019 –530 en total– aumentaron 23.83 por ciento en relación con enero-abril de 2018, que reporta 428 víctimas. La extorsión registró un alza de 36.40 por ciento.
LA VIOLENCIA SIGUE
La Guardia Nacional es el planteamiento que más ha destacado en el arranque de la administración morenista y también el que ha generado polémica y opiniones encontradas. Es con esta institución armada con la que el Mandatario pretende enfrentar el crimen organizado. Será conformada por soldados, marinos y una parte de policía federales, y comandada por el General de brigada del Estado de Mayor, Luis Rodríguez Bucio, un alto militar en retiro.
Algunos especialistas en política, seguridad y derechos humanos sostienen que la propuesta de López Obrador se trata de una militarización y no es más que la continuidad de la estrategia que inició, y falló, el panista Felipe Calderón Hinojosa; en tanto que otros expertos, apuestan que la Guardia Nacional sí bajará eventualmente la violencia, y consideran que no “se militarizará” porque reclutarán a policías federales.
Daniel Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que la política de seguridad de la llamada Cuarta Transformación es un esquema de “continuidad” de la estrategia de gobiernos anteriores.
El especialista aseguró que esa “continuidad” se muestra con la Guardia Nacional: “aunque le llamen civil, en realidad es militarizada porque está conformada por militares, los mandos son militares, la administración, doctrina, capacitación y entrenamiento es de la Sedena”.
Ricardo Ravelo Galó, periodista especializado en temas relacionados con el crimen organizado y seguridad, difirió en cuanto a que la Guardia Nacional sea una militarización o una ampliación del modelo de Felipe Calderón.
El periodista argumentó que no será totalmente militar porque una parte de la conformación será con miembros de la Policía Federal, que es civil, y aunque el mando de la Guardia Nacional sí es militar, dijo que “no es el Ejército en funciones”.
Ravelo Galó recalcó que el país está en un verdadero desastre y la herencia de los gobiernos anteriores es demasiado atípica, es por ello que consideró que la guardia Nacional debe de tener una estructura militar.
“El país enfrenta una violencia desbordada, observamos que en varios estados del país las autoridades están totalmente rebasadas, además de la corrupción en policías y altos funcionarios que se encargan en temas de seguridad”, dijo.
Para el periodista los “tropiezos” de la nueva administración federal son propios de todo arranque de Gobierno.
“No podemos esperar resultados inmediatos, por ejemplo, en problemas como seguridad, combate a la pobreza y corrupción, todo esto va a llevar un tiempo. Yo considero que hay que darle por lo menos tres años al Gobierno para que esto pueda empezar a tener una aplicación lo más amplia posible y veamos algunos resultados”, consideró.
Sin embargo, el especialista también apunta fallas o carencias a la política emprendida, y estas son en materia de lavado de dinero y combate a la estructura financiera de la delincuencia organizada.
“Creo que [AMLO] no ha sido enfático en esta parte. No puede haber un combate eficaz a la delincuencia si antes no se golpea sus finanzas y me parece que en ese terreno el Presidente no ha sido enfático”, dijo.
De acuerdo con Ravelo, el tema de la seguridad tendrá que resolverse a partir del combate a la corrupción, al crimen y prevención de delitos.
Para Daniel Vázquez Valencia falta mayor empuje al nuevo sistema de justicia penal, así como una propuesta en materia de Sistema de Ejecución Penal, para erradicar la corrupción mala prácticas en los centros de reclusión.
“Una propuesta que sirva para tener una reinserción social efectiva para las personas que están ahí recluidas”, comentó.
LOS FEMINICIDOS
En México al menos 1 mil 545 mujeres han sido asesinadas de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019, los primeros cinco meses de la actual administración. Del total de asesinatos, 392 son reconocidos o investigados como feminicidios, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), expresó que para activistas y feministas que trabajan en la Alerta de Violencia de Género “estamos viendo mucha incertidumbre” con la nueva administración.
Una de las preocupaciones para activistas en feminicidio es que no se han materializado y poco se han mostrado las acciones anunciadas para erradicar la violencia de género y feminicidios.
El 6 de marzo el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, anunciaron el Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas en México, una serie de medidas que se basan en la coordinación de los tres niveles de Gobierno; atender recomendaciones internacionales; identificar zonas de riesgo; un registro nacional del transporte público y concesionado, así como campañas permanentes de prevención.
“Nos preocupa que se saquen y se anuncien acciones, pero que no se materialicen y eso sí sería un mal presagio porque entonces muestra que no hay una seriedad ante la problemática”, dijo María de la Luz Estrada.
La defensora también acusó que las autoridades aún utilizan de manera discrecional el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Otro factor negativo que han notado en el nuevo Gobierno, añadió, es la exclusión de la sociedad civil experta y víctimas.
“Siguen utilizando el reglamento como quieren, como lo hacía el Gobierno de Peña Nieto. Yo no he visto la diferencia. Me preocupa la situación [de violencia de género y feminicida en México] y que no se está recogiendo las lecciones aprendidas, que no se esté queriendo involucrar a la sociedad civil experta. Estoy de acuerdo que si no quieren no lo hacen, pero que se empiece a materializar las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres”.
El Gabinete de Andrés Manuel López Obrador prometió una auditoría sobre los casos de feminicidios. Durante la presentación del Plan Emergente, Nadine Gassman aseguró que se haría una revisión de los registros de actos una auditoría de casos de feminicidio, violencia sexual, familiar y desapariciones para identificar vacíos y deficiencias en las investigaciones y las medidas para subsanar a las a víctimas. Al respecto, Luz María resaltó que tampoco hay información o datos del avance.
“Hasta ahorita desconocemos cómo va esa auditoría, bueno, pensamos que a lo mejor la están trabajando y van a impulsar una herramienta para la investigación con debida diligencia. Nos preocupa que no haya una voluntad, interés”, indicó.
Destacó que es urgente una normatividad que castigue el incumplimiento de funcionarios, las negligencias y revictimización, “pero no hay ningún mecanismo que sancione ni administrativamente, y por eso la autoridad hace lo que quiere”.
LOS DESAPARECIDOS
México cuenta con un registro de 40 mil 180 personas desaparecidas, de acuerdo con las últimas cifras presentadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sin embargo, organizaciones civiles y colectivos de personas desaparecidas estiman que la cifra podría ascender a las 300 mil personas.
Grace Fernández Moran, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) –organización que agrupa al menos 50 colectivos de familiares– dijo que calificar el arranque de la administración morenista es complejo, pues por un lado ven disposición, pero por otro no ven estrategia.
“Nos preocupa porque sí vemos voluntad política, pero no vemos mucha estrategia… después de doce años de estar buscado la Presidencia, era esperado que llegara ya con planes específicos de implementación, no solo en la parte económica y planes sociales, también en la parte humanitaria y de procuración de justicia para atender este grave problema”, comentó.
Fernández coincidió con María de la Luz Estrada, en que hay poca receptividad de las autoridades a las opiniones y propuestas de colectivos y víctimas.
“Nosotros, las familias estamos tratando de impulsar un mecanismo extraordinario forense, pero ellos –Gobierno– insisten, tienen tatuado y grabado hacer su Instituto Nacional Forense, pero son dos cosas muy diferentes”.
La activista consideró que el tema de austeridad desmedida y sin análisis ha afectado a las estrategias y búsqueda de personas desaparecidas, pues hay un déficit de personal especializado y recursos.
“¿Cómo puede ser posible que no se sepa priorizar el dinero?, se está cuidando tanto el dinero que ni siquiera se preocupa lo que se está descuidando, y esa es una de las principales preocupaciones que tenemos porque eso va a dificultar que haya un avance, puedes construir en papel lo que sea, pero si no tienes recursos para ejercer esas ideas, será difícil avanzar”, consideró.
VERDAD Y JUSTICIA A VÍCTIMAS
Durante la campaña electoral y el proceso de transición de Andrés Manuel López Obrador, se abordó y planteó la idea de arrancar un proyecto de justicia transicional integral frente a los graves problemas de impunidad, corrupción dentro del sistema de justicia y seguridad, para dar verdad y justicia a víctimas de la violencia y desaparecidos.
“Yo voy a comprometerme a que va haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte, voy a cumplir con ustedes, no están solos”, dijo López Obrador el pasado 14 de septiembre frente a miles de familiares de desaparecidos. El Mandatario nacional también prometió “abrirle las puertas para que nos ayuden a Naciones Unidas, en temas de transparencia y derechos humanos”.
Sin embargo, el proyecto de justicia transicional fue dejado de lado, destacó el investigador de la UNAM, Daniel Vázquez.
En el marco de esa lógica de justicia transicional, explicó el especialista, había una propuesta de mecanismos extraordinarios, como una gran Comisión de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que buena parte de su andamiaje estuviera en las manos en la Oficina del Alto Mando de ONU para garantizar la imparcialidad política.
“Hoy sabemos que no va a suceder, ya tenemos perfectamente claro que la propuesta de AMLO, como respuesta al problema de corrupción e impunidad es una Comisión de la Verdad, pero no una gran Comisión de la Verdad que analice todas las estructuras y patrones a todas las violaciones graves a derechos humanos, sino una muy concentrada específicamente al caso de Ayotzinapa”, comentó el especialista.
Vázquez Valencia expuso que el Ejecutivo ha hecho “una coalición gobernante con priistas y el Ejército”, dos sectores que serían los primeros afectados si hubiera un verdadero de proceso de justicia transicional, y es por ese motivo que se descarta que vaya a impulsar un proceso de verdad y justicia.
“Estos dos sectores, los priistas y Ejército, serían los más afectados porque ellos serían los culpables, habría investigaciones contra de ellos, sanciones penales y se sabría la colusión que hay de estos sectores con el crimen organizado, en ese sentido serían los más afectados”, dijo.
El experto aclaró que no se refiere a la existencia de un diálogo o negociación de AMLO con estos dos sectores, sino que considera que hay una “autorestricción” por parte de Gobierno de no anchar andar esas agendas:
“Lo que sí me queda claro es que el Gobierno actual no quiere entrar en conflicto con los priistas, ni tampoco quiere entrar en conflicto con el Ejército porque los necesita para gobernar, entonces, en esa medida no va a echar a andar procesos [de justicia integral] que son contrarios a sus intereses”.
El experto concluyó que AMLO “se quedó muy lejos de la propuesta inicial de justicia transicional; no contempla el derecho a la verdad, a la justicia y mantiene los patrones de la impunidad y sobre todo mantiene la lógica de la militarización en México”.
