Mi solidaridad con Emilio Álvarez Icaza.

La Procuraduría General de la República (PGR) decidió perseguir a Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una demanda -por presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI- interpuesta por un personaje siniestro llamado José Antonio Ortega. Leer los textos de Ortega en Milenio reflejan su ignorancia sobre el derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos intergubernamentales en la materia. No es de extrañarse que se haya animado a presentar una denuncia que carece de toda razón y fundamento jurídico, al filo de ser una estupidez. Lo que sí es sorprendente es que la PGR acceda a ser el brazo ejecutor de la tontería de Ortega. Eso nos hace imaginar que hay intención política, no jurídica, detrás de la persecución contra Álvarez.

Perseguir a Icaza es perseguir a un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Investigar a Icaza es investigar a la OEA ¿Quién dentro del Gobierno mexicano ha llegado a la conclusión que cometer dicha tontería ayudaría a salvar la honra del estado mexicano? Porque alguien debió haber dado línea a la Procuradora para abrir dicha averiguación previa. A las pocas horas de conocerse el ridículo de la PGR, el Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa, publicó en su cuenta de tuiter: “CIDH firmó con el Estado Mexicano representado por SEGOB, SRE y PGR, no administra recursos. Esa demanda no es seria”. Bien por Campa, pero no me queda claro si esa es la posición de la SEGOB o simplemente fue un acto espontáneo de sinceridad. De ser la posición (de entrada resulta raro que sea a través de la plataforma digital) de la SEGOB estaríamos ante dos posiciones antagónicas dentro del Gobierno federal. Por un lado aquellos que buscan desprestigiar a la CIDH y al GIEI a través de mecanismos absurdos como la demanda citada, y por el otro, los que saben que pelearse con mecanismos internacionales levanta más de una ceja en Washington y Ginebra, lo que pone a México en un papel contradictorio: una diplomacia garante del derecho internacional de los derechos humanos y una política interna golpeadora contra la CIDH. No es la primera vez que se decantan dos posiciones antagónicas, ya había estado claro que la animadversión de la Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y la Consejería Jurídica de Presidencia conformaban el bloque de choque contra mecanismos internacionales de derechos humanos.

El día 29 de marzo, ante los viles ataques del gobierno y medios mexicanos contra el trabajo que ha realizado la CIDH y el GIEI en el caso Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un duro boletín de prensa defendiendo a cabalidad la labor de Emilio Álvarez y del GIEI.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.”

“La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme  a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.

La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada. ”

Es inverosímil que la CIDH haya emitido un comunicado con la única intención de defenderse. El Gobierno mexicano se aísla rápidamente y su reputación internacional comienza a cuartearse. No son pocos los diplomáticos en el país que me han confirmado su azoro ante la actitud del gobierno y sus reportes a sus capitales no son nada alentadores para México.

Desde hace varios días, el GIEI ha denunciado obstaculización por parte de la PGR (aunque esta lo niega) para poder realizar su trabajo de manera diligente. Fue el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, quien ha informado que a pesar de la petición de los padres de los normalistas desaparecidos para que el GIEI se quede a terminar su trabajo, el Grupo de Expertos se irá del país a finales de abril. Otra mala decisión. Otro paso más hacia consolidar la impunidad de la desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa. Pero no esperen menos de una administración que no ha hecho más que obstaculizar la justicia y sacar a personajes de dudosa reputación, como José Antonio Ortega e Isabel Miranda de Wallace, para atacar a defensores de derechos humanos y a miembros de la CIDH, como Emilio Álvarez Icaza.

Los tiempos han cambiado. El disenso está bajo persecución velada. No es una cuestión de interpretación. Es simplemente ver la realidad tal cual.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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