Entre más se complica el entorno político, social y económico de México en el oscuro preámbulo del proceso electoral 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre al pasado, evade el presente y anula un poco más el futuro del país que gobierna. Ahora, el mandatario tabasqueño pretende valerse del caso Colosio para polemizar y polarizar con esa necedad conspiracionista que lo caracteriza y desviar la atención de asuntos irresueltos como la inseguridad, el declive del sector salud, sus fallidas obras insignia, la avasallante militarización del país, la migración inhumana y un largo etcétera. Pero, al menos en su intento de revivir el magnicidio de quien fue candidato presidencial del PRI, tiene un problema: se ha topado con la sensatez del joven Luis Donaldo Colosio Riojas, y la autonomía de un juez. Vamos al principio de esta historia.

Othón Cortez fue detenido en febrero de 1995 acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. Cortez estuvo un año y medio en prisión… injustamente. Durante ese tiempo de encierro en el álgido complejo carcelario del Altiplano en Almoloya, Estado de México, Othón vio minada su salud. Como víctima de un sistema conspiracionista, emprendió una lucha por la reparación del daño. Nunca procedió, y falleció en abril de 2020 después de haber sobrevivido la prisión, la presión política y la injusticia.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ha sido una de las investigaciones más mediáticas y prolongadas en el ámbito político mexicano. De 1994 al año 2000 fueron cuatro fiscales especiales los encargados de dar seguimiento a la indagación.

Ni la Comisión Warren de los Estados Unidos tardó tanto en concluir la indagación del crimen contra el presidente de aquella nación John F. Kennedy, asesinado en noviembre de 1963 en Dallas, Texas. El 29 de ese mes se estableció la Comisión para la investigación del magnicidio, y diez meses después concluiría, determinando con evidencia y trabajo científico, que el homicidio de Kennedy había sido trabajo de un asesino solitario. Que Lee Harvey Oswald había actuado solo, que no fue parte de una conspiración para asesinar al presidente.

En México, la investigación del magnicidio de Colosio tuvo una duración de seis años. El primer fiscal fue el jurista Miguel Montes García, la segunda fue Olga Islas González Mariscal. El tercero el polémico Pablo Chapa Bezanilla y finalmente, quien cerró el caso, fue el abogado y posteriormente comisionado nacional de los derechos humanos, Luis Raúl González Pérez.

En los primeros años de seis de fiscalías e investigación, varias personas fueron detenidas. Además de Othón Cortez, Tranquilino Sánchez, Rodolfo Rivapalacio, Vicente y Rodolfo Mayoral (padre e hijo), y momentáneamente, Jorge Antonio Sánchez Ortega, el representante del Cisen en Baja California al momento del asesinato en marzo de 2023.

Unos antes que otros, pero todos recuperaron su libertad ante la evidencia científica, los periciales, las entrevistas y la concatenación de la información que al final determinó que el asesino de Luis Donaldo Colosio había actuado solo. Que no huno una acción concertada para matar a quien representaba al PRI y era el favorito para suceder a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República.

En el año 2000 se cerró oficialmente la investigación en la cual prevaleció, a saber, se confirmó, la hipótesis del asesino solitario, en la persona de Mario Aburto Martínez. Él mismo encabezaría una reconstrucción de hechos para explicar los disparos al candidato. El que le dio en la cabeza y quedó videograbado, y el segundo asestado en el abdomen duranta una caótica escena en Lomas Taurinas. Ladino, Aburto ha insistido en no ser el responsable del segundo disparo, de hecho, ha justificado que, en el jaloneo y la histeria de la gente arremolinada alrededor del candidato, el arma se le disparó y terminó matándolo.

Jorge Antonio Sánchez Ortega era el representante del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el famoso Cisen. Era un tipo al que solía vérsele en actos políticos, gubernamentales, sociales, tomando nota como reportero, para enviar información para el análisis de la inteligencia en la Ciudad de México. Othón Cortez era un buen hombre, muy apegado al PRI en busca de servir al bueno para lograr un trabajo en el gobierno. Ese día, andaba de chofer. Los dos han sido señalados de ser el segundo atacante de Colosio (aunque no los únicos), y los dos recuperaron su libertad ante la evidencia que probaba lo contrario: que no hubo una acción concertada y que Mario Aburto es el asesino solitario.

Después de seis años de investigación se llegó a esa conclusión y el caso fue cerrado. Sin embargo, en el imaginario colectivo persiste la teoría de la conspiración: a Luis Donaldo Colosio alguien lo mandó matar.

Es evidente que uno de los que piensan en la consistencia de la teoría de la conspiración, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sentado en la silla del águila, prometió reabrir el caso que fue cerrado en el año 2000. 23 años después, hizo su promesa realidad y la Fiscalía General de la República, que dé autónoma no tiene nada, la materializó, al iniciar una nueva investigación. Hace un año, unos 16 agentes de la FGR fueron enviados a Baja California para conducir nuevas entrevistas a quienes participaron de la indagación inicial de 1993, sea como autoridad, como testigos, que aún viven. Se supone que de esa investigación resultó la solicitud, negada, de una orden de aprehensión contra quien, una vez más, dicen fue el segundo tirador.

Con una prudencia y madurez que sigue llamando la atención, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato, ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador ya olvidar el caso, cerrarlo (una vez más) otorgándole el indulto a Mario Aburto, cuyo caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si se considera la pena de la época en BC para el homicidio, de 30 años, este 2024 saldría libre, sin embargo, al asesino confeso le fue aplicado el código penal federal, en donde la pena máxima para el delito era de 45 años.

Pero el presidente ha dicho que no al hijo de Colosio, que no puede hacerlo (indultarlo) y que en lo que a él corresponde, no quiere que se deje de investigar (es evidente que no cree en la investigación del asesino solitario). Textualmente le respondió al joven Colosio el presidente: “Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo, este, sé que este, que él ya no quiere, ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero, se trata, repito, de un asunto de estado, y que, yo quiero que, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así…”.

Con la estrategia de, 30 años después, ordenar una nueva investigación, el presidente López Obrador les abona a las teorías conspiracionistas de aquel magnicidio, y lo hace además en un año electoral en un proceso para sucederlo; a qué le apuesta el presidente, por qué una y otra vez recurre a distractores que nada aportan a la vida democrática de México.

A ver si la mesura de Luis Donaldo Colosio Riojas impera y reduce el ruido de un presidente conspiracionista, evasivo y francamente poco serio.

Adela Navarro Bello

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