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Gabriel Sosa Plata

31/01/2017 - 12:00 am

¿Iglesia contra las audiencias?

    Al “nado sincronizado” en contra, sin matices, de los lineamientos sobre la defensa de las audiencias, se sumó ni más ni menos que la Arquidiócesis de México. A través de su revista Desde la Fe (29 de enero 2017) dijo que los lineamientos del 21 de diciembre parecen “abrir más desacuerdos que consensos […]

 

 

Es muy delicado que una institución como la Iglesia señale a otra institución, el IFT, éste sí producto de los avances democráticos en nuestro país, como un órgano con facultades “extralegales y cuasinquisitoriales”. Foto: Cuartsocuro

Al “nado sincronizado” en contra, sin matices, de los lineamientos sobre la defensa de las audiencias, se sumó ni más ni menos que la Arquidiócesis de México.

A través de su revista Desde la Fe (29 de enero 2017) dijo que los lineamientos del 21 de diciembre parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”, por lo que la reforma estructural de telecomunicaciones “ha suscitado dudas en lo que parece ser un ataque a la libertad de expresión”.

Y agrega: “De su lectura, y según la opinión de especialistas en materia de telecomunicaciones, los lineamientos son inequitativos cuando no se dan medios legales de defensa, convirtiendo un acuerdo administrativo en instrumento de acoso y presión para los informadores y medios. El resultado es un IfeTel con facultades extralegales y cuasinquisitoriales, obligando a distinguir entre opinión e información lo que deriva en fiscalizaciones informativas que coartan la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución”.

No sabemos a qué especialistas en telecomunicaciones consultó la Arquidiócesis para poner en duda los alcances del Acuerdo publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero es claro que sólo se quedó con una versión de los hechos y a partir de ahí hizo una suposición que genera confusiones entre los creyentes de la Iglesia católica, más aún si este planteamiento se extiende en las numerosas comunidades en las que tienen presencia. Como hemos reiterado, no estamos frente a un documento que censura a los comunicadores y a los medios de comunicación, sino a uno que fortalece los derechos de las audiencias, y en consecuencia, los derechos humanos.

Es muy delicado que una institución como la Iglesia señale a otra institución, el IFT, éste sí producto de los avances democráticos en nuestro país, como un órgano con facultades “extralegales y cuasinquisitoriales”. Increíble. ¿Por qué la Arquidiócesis se suma de manera tan acrítica a los calificativos en contra de una institución del Estado mexicano? ¿por la misma imposibilidad de legal de ser concesionario de frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones o por la comprensible conveniencia de mantener una relación cordial con las voces que descalifican esta nueva política de regulación y autorregulación mediática, no obstante los beneficios que genera para las audiencias?

La Arquidiócesis también comete un grave error al desprestigiar al IFT cuando tanto la reforma constitucional como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fueron aprobadas por los legisladores, con el respaldo del Poder Ejecutivo, la mayoría de los partidos políticos y en su momento por la industria de la radio y la televisión. Se equivoca, pues, de ventanilla, lo que refuerza la idea de que se asumió una posición política sin información suficiente o simplemente para apoyar de manera solidaria (o interesada) el bombardeo a la institución.

Como lo explica el presidente del IFT, Gabriel Contreras, en un artículo publicado ayer en El Universal, uno de los temas más polémicos, el deber de distinguir la información de las opiniones de quien las presenta, “es una obligación impuesta por la propia ley” y en la práctica no supone, de ninguna manera, un límite a la libertad de expresión. Lo único que hizo el órgano regulador fue precisar en unas cuantas líneas de los lineamientos, lo que debe hacerse para diferenciar ambos géneros periodísticos. Quizás haya otras maneras de cumplir con la ley, pero lo aprobado por los comisionados del IFT fue lo más básico y sencillo. ¿Por qué no centramos la discusión en lo que debe hacerse para respetar mucho mejor la ley y no quebrantar derechos?

Con su postura, la Arquidiócesis también descalifica todo un documento que representa un avance sustancial en la materialización de los derechos de las audiencias. Algo muy distinto hubiese sido si reconociera, por ejemplo, lo que deberán hacer los concesionarios a partir de la entrada en vigor de los lineamientos en cuanto a la protección de las audiencias infantiles (por ejemplo, el evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas, así como los contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia) o de las personas con discapacidad.

Dice la Arquidiócesis que “las audiencias deben tener la adecuada protección de sus derechos a través de la legalidad, certidumbre y eficacia”. Si hubiese leído los lineamientos estaría de acuerdo en que esa protección se garantiza con el documento y que en lugar de pensar que se trató de “un fruto amargo de la reforma en telecomunicaciones”, fue en realidad uno de sus mejores logros. Tampoco los lineamientos son, como pretende hacer creer la Iglesia, “argucias extralegales para manipular derechos y conciencias”. Por el contrario, más bien esta campaña contra de los lineamientos es una muestra de manipulación de derechos y conciencias, y no producto de una información veraz y de un periodismo ético.

La editorial de Desde la Fe cierra con la siguiente frase de Benedicto XVI (mayo 2008): “¿No se debería, más bien, hacer todo lo posible para que permanezcan al servicio de la persona y del bien común, y favorezcan la formación ética del hombre, el crecimiento del hombre interior?”.

Cierto, todos debemos actuar a favor del bien común y la ética, incluida la Iglesia, pero sin desinformar. Como afirmó el papa Francisco durante una entrevista al semanario católico belga Tertio (citado por la agencia RT, 8 de diciembre 2016), “una cosa que puede hacer mucho daño en los medios de comunicación”, es “la desinformación” Para el papa esto implica el hecho de que “frente a cualquier situación” se diga una parte de la verdad y no la otra. “No. Eso es desinformar”. Si al público “le das la mitad de la verdad”, no está en condiciones de “hacer un juicio serio sobre la verdad completa”. “La desinformación es probablemente el daño más grande que puede hacer un medio. Porque orienta la opinión en una dirección, quitando la otra parte de la verdad”, concluyó el papa.

Importante recordar estas palabras a la Arquidiócesis y su leído semanario.

@telecomymedios

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