Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

Al Estado no, eso es lo único que sé de cierto. Lo sabía y tenía claro desde hace tiempo pero no deja de indignarme cada vez que lo confirmo. Son poco más de las 11 de la mañana del 1 de octubre y al escribir estas líneas me encuentro en el aeropuerto de Torreón, Coahuila. Espero mi vuelo de regreso a la Ciudad de México. Llegué acá el 27 de septiembre; la razón: acompañar a María Antonia Melo Cadena durante un  operativo más de búsqueda de indicios que pudieran llevarnos al esclarecimiento del paradero de su hermano, Matusalén Melo Cadena. Matusalén se volvió parte de esa fría estadística de casi 28 mil personas desaparecidas cuando fue detenido y desaparecido por la policía municipal de Torreón el 21 de octubre de 2009, sin que al día de hoy se sepa nada de él. Sin embargo, Matusalén es más que un número en una estadística, y enfatizo el es porque me niego a hablar de él en pasado, a eso le apuestan quienes desaparecen a alguien: al olvido como claudicación de la dignidad. Matusalén es hijo, es hermano, es padre; Matusalén es todos los pensamientos y sentimientos en la memoria de quienes le aman y esperan su regreso.

Ayer, dos de octubre, se conmemoraron 48 años de la masacre de Tlatelolco, en 19 días se cumplirán 7 años de la desaparición de Matusalén y hace sólo 7 días se cumplieron 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El calendario se ha llenado de impunidad. El Estado dice que le importa, que está comprometido en erradicar la impunidad, pero las palabras contrastan con la realidad. El 28 de septiembre al iniciar el operativo de búsqueda de Matusalén, el personal de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR o la Procuraduría) nos informa que no asistirán peritos oficiales por parte de esa institución. Los peritos se encuentran en huelga, han decidido no participar en operativos, informando de esto a la Procuradora a través de una carta, ya que no les han pagado desde hace seis meses y les deben viáticos de operativos pasados que han tenido que asumir con recursos propios.

México es un país que atraviesa una de las crisis más graves en materia de desapariciones a nivel mundial, donde la desesperación ante la parálisis estatal ha obligado a las familias a buscar a sus seres queridos con sus propios recursos, arriesgando la vida misma. En ese marco, ¿puede hablarse de seriedad y compromiso contra la impunidad por parte de un gobierno que se “da el lujo” de no pagar a sus peritos por problemas administrativos y presupuestarios. ¿Dónde están la prioridades de esta administración y qué intereses representa realmente? Sólo hace unos días Fundar[1] dio a conocer que en el último año, más de mil 383 personas morales recibieron la condonación de créditos fiscales por un monto total de 4 mil 400.69 millones de pesos, sin embargo, sólo el 1 por ciento de estas empresas acumularon el 85 por ciento (3 mil 740 millones) del total de créditos condonados en este periodo; es decir, cerca de 14 empresas. Esos 4 mil 400 millones representarían más de 150 años de presupuesto para la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas (poco más de 26 millones de pesos anuales) y es tres veces el presupuesto anual de la Coordinación General de Servicios Periciales de PGR en su conjunto (poco más de mil millones de pesos). En el contexto de las discusiones sobre una nueva Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones cometidas por particulares, una de las propuestas que más resistencia genera en el gobierno es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, entre las razones esgrimidas para justificar esta resistencia están consideraciones de orden presupuestario, el gobierno no quiere gastar un peso más en la búsqueda de personas. La ley, dicen ellos, debe tener un impuesto presupuestario cero.

El mensaje es claro, las víctimas de desaparición no son prioridad para el gobierno de este país. Desde la perspectiva de este gobierno y otros que le han precedido, decenas de miles de familias de personas desaparecidas deben seguir esperando la verdad y la justicia por décadas debido a las limitaciones presupuestarias, pero un puñado de 14 empresas merecen beneficiarse con casi 4 mil millones de pesos de un plumazo.

El operativo de búsqueda de Matusalén pudo llevarse a cabo a pesar del gobierno y gracias a la perseverancia de María Antonia. Su obstinación hizo posible que el Equipo Mexicano de Antropología Forense estuvieran ahí para “salvar” lo que se podía salvar de un operativo con fallas de origen en su planeación y coordinación, lo cual explica los mínimos resultados. Hay deficiencias que el empeño y trabajo de las víctimas y las organizaciones no podrán corregir. Hay cambios que sólo llegarán cuando haya la voluntad de tomar decisiones políticas de alto nivel.

* Coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

[1] http://privilegiosfiscales.fundar.org.mx

Fundar

https://www.sinembargo.mx/author/fundar/

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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