Por Iván Benumea, abogado del área de Estrategias Jurídicas
Existe una dimensión del acceso a la justicia que suele pasar desapercibida. Se trata de los problemas a los que se enfrentan las personas para lograr que una sentencia judicial, que les reconoce definitivamente sus derechos, sea cumplida por las autoridades encargadas de hacerlo.
Tras obtener una sentencia protectora, las personas tienen que iniciar una nueva lucha jurídica para exigir sus derechos. La burocracia, las excusas técnicas y presupuestarias, así como la falta de voluntad política generan que el largo camino recorrido, se prolongue durante mucho tiempo más. Esta problemática es particularmente preocupante en aquellos casos en donde se encuentran involucrados los derechos sociales, económicos y culturales de las personas, casos a los que pocas veces los funcionarios judiciales se muestran sensibles.
Este problema podría remediarse si las sentencias reconocieran las malas prácticas que suelen presentarse en su implementación, y las combatieran con mecanismos de seguimiento que garanticen que los magistrados y los ministros no se desentiendan de la fase del cumplimiento de sus sentencias. En lugar de que los procedimientos jurídicos concluyan con una firma en la última página de una sentencia, los funcionarios deberían involucrarse durante toda la última fase, para garantizar que no se cometan más irregularidades ni se tergiverse el sentido de sus resoluciones.
Entablar mesas de diálogo y de vigilancia, en donde es posible corregir las fallas y omisiones en que incurren las autoridades, son mecanismos que han sido muy útiles en países como Colombia y Argentina.
Aunque las acciones de las autoridades administrativas suelen ser la principal causa del incumplimiento, la realidad es que al mismo tiempo, el contenido de las sentencias suele ser demasiado vago y ambiguo, lo cual provoca que dentro de ese mundo abstracto, las autoridades y los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las resoluciones encuentren el pretexto perfecto para que los derechos no sean garantizados conforme a los estándares más altos.
Precisamente esto ocurrió en el caso Pabellón 13, un juicio en donde 3 pacientes con VIH del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) lograron ser amparadas por la Suprema Corte en octubre de 2014 para que dicha institución de salud, en conjunto con otras autoridades, decidieran si remodelarían el hospital en donde deficientemente era atendidos estos pacientes, o bien, si construirían uno nuevo.
Inmediatamente después de la sentencia de la Corte, las autoridades eligieron remodelar el hospital y para ello asignaron 9.5 millones de pesos, una cifra muy por debajo de los cerca de 300 millones que habían sido solicitados desde 2010 por el propio INER para construir un nuevo hospital que mejoraría significativamente las condiciones de vida de las personas.
La cancelación del proyecto Pabellón 13 fue justamente lo que provocó que en 2012 los pacientes se acercaran al poder judicial para exigir que su derecho al nivel más alto posible a la salud fuese protegido. Así, pese a que la sentencia contiene interpretaciones favorables en torno al significado del derecho a la salud de las personas con VIH, el simple hecho de que la Corte no señalara explícitamente cuáles serían los requisitos que debería tener dicha remodelación, fue aprovechado por las autoridades responsables para burlar el espíritu de la sentencia, mientras que el juez de distrito que avaló la remodelación la dio por cumplida sin las mayores justificaciones. En definitiva, la vaguedad de la sentencia provocó que las autoridades hicieran el mínimo esfuerzo para mejorar la atención de las personas.
Los derechos sociales, económicos y culturales requieren ser protegidos de manera firme y sin titubeos. Mientras que el Poder Judicial no reconozca que en estos temas sus sentencias no son por sí mismas suficientes para garantizar los derechos de las personas, ni se involucre hasta el final, difícilmente los precedentes judiciales impactarán de la manera en que deberían hacerlo.
