#DatosCerrados | ¿Quiénes son los torturadores? ¿Quiénes, en más de diez años de guerra, han sido denunciados por maltratar a los detenidos mediante el horror? Los archivos en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) no muestran la trayectoria del delito de la tortura que de tanto practicarse se volvió “normal”. En 2011, el Sistema de Información Estadística de la PGR respondió ante una petición de información que no había elaborado bases de datos y desconocía las denuncias en contra integrantes de la Sedena. Y, según esa instancia, de 2009 a 2011, sólo hubo un solo procesado por torturar en México. Luego, en este sexenio, en la entraña de ese organismo se instaló una Unidad Especializada. Es la hora en que esa instancia aún no libera la información, pese una orden del INAI en marzo pasado.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Tenía la cara cubierta con una camiseta, las manos atadas y lloraba entre sofocos porque el interrogatorio cada vez era más inquisitorio. Y más doloroso. Y más desesperante. Una mujer con vestimenta militar le hacía preguntas, pero no obtenía las respuestas deseadas. La llamaba “pinche vieja dramática”. Le ponía una bolsa de plástico para impedirle respirar. “¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste, o quieres más?” “Contesta lo que te estoy preguntando, ¿quién es la pinche María?”.
La grabación le dio la vuelta al mundo. Era un lugar de Guerrero donde dos personas con uniforme militar y otra con uniforme de la Policía Federal maltrataron frente a la cámara de un celular a esa mujer detenida. Era la tortura. El horror. Las formas que los mexicanos aceptan como conocidas. Pero que jamás son suficientes. En mayo surgió otro video. Esta vez, un hombre de 33 años está sentado con las manos esposadas y seis agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lo asfixian con una bolsa de plástico.
Los segundos de los videos bastan para confirmar lo que denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, agobiado por una década de guerra en contra del crimen organizado, la tortura es una práctica general y normalizada. El último informe de Amnistía Internacional expuso que el 64 por ciento de los mexicanos aseguran no sentirse a salvo de este flagelo. La población sabe que cualquiera que caiga en la desgracia de una detención arbitraria puede ser torturado.
¿Quiénes son los torturadores? ¿A quiénes en más de diez años de guerra en contra del llamado crimen organizado se ha denunciado? No hay cifras disponibles para la consulta y satisfacción del acceso ciudadano. Por lo tanto, no se sabe en qué grado se ha castigado este delito o en qué grado ha quedado impune.
En marzo pasado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI) le ordenó a la PGR dar a conocer el número de casos de tortura que ha recibido la Unidad Especializada en investigar ese delito, desde la fecha que se creó ese organismo –en octubre de 2015- al 13 de enero de este año; pero es la hora en que la instancia a cargo de Arely Gómez no libera la información.
Según el Acuerdo A/101/15 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2015, la PGR creó esa Unidad para concentrar todos los casos relacionados con el flagelo y tener una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva. En ese documento quedó estipulado que el titular de la Unidad, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, sería nombrado y removido directamente por la Procuradora.
La titularidad de la Unidad se le dio a Ángel Buendía Buendía un funcionario que ocupó la Visitaduría General de la misma PGR en el sexenio de Felipe Calderón. A la fecha tiene un sueldo base de 17 mil 629 pesos con 88 centavos. Una “compensación garantizada” de 135 mil 853 pesos con 47 centavos le deja un monto de percepciones brutas de 153 mil 483 pesos con 35 centavos.
En abril pasado, el Senado de la República aprobó una nueva Ley contra la tortura y los malos tratos cometidos por autoridades de los tres niveles de Gobierno. El nuevo marco normativo responsabiliza a los subordinados que cometan actos de tortura aun cuando lo hagan bajo las órdenes de un superior y elimina las situación de excepción en las que suele tolerarse la práctica.
Hay un nuevo marco legal, pero las cifras desglosadas aún no brotan de ninguna fuente.
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En los mecanismos de Transparencia, el expediente de la tortura está cerrado para los ciudadanos desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. 2011 fue un año maldito. Se cumplían cinco años desde que el entonces Presidente había tomado la decisión de iniciar una batalla contra el crimen organizado que las organizaciones civiles llamaban “guerra”. Ese año, un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México entregado a funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expuso que “los casos de tortura” se habían multiplicado casi por mil con respecto a 2006.
Un ciudadano pidió a través del entonces IFAI (hoy INAI) el número de personas procesadas por el delito de tortura entre enero de 2009 y septiembre de 2011. La respuesta de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR fue que “no se encontraron antecedentes referentes a la información solicitada” en las zonas centro, sureste, Occidente, Noroeste. Esa vez, dijo que en la zona Noreste hubo un procesado. De modo que de 2009 a 2011 la PGR reconoció sólo un procesado por el delito de tortura.
Pero en 2011, cuando la guerra había alcanzado 15 mil muertos, la misma Subprocuraduría declaró inexistente en sus archivos el número de casos de denuncia de tortura atribuidos al personal de la Sedena; es decir a miembros del Ejército. Las razones para negar esta información fueron que no contaba con una base de datos en la Coordinación General de Delegaciones; además de que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) no tenía ni en forma total y/o parcial información estadística al respecto.
Tampoco tuvo la PGR, ese mismo año, la información del número de denuncias por tortura presentadas por personas que hubieran estado bajo arraigo. La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo informó a través del entonces IFAI que no contaba con una base de datos que contuviera esa información y la declaró “inexistente”.
Consulta de Datos: folios 0001700082111 y 0001700195111 en el INAI
#DatosCerrados publica cada semana un expediente clasificado del Gobierno federal y promueve la liberación de información para uso ciudadano
