A pesar de los programas sociales y de los compromisos gubernamentales que año con año los políticos ofrecen a las comunidades indígenas, la marginación persiste. De acuerdo con un estudio realizado por el INEE y Unicef, la educación que el Estado brinda a ese sector de la población no garantiza el cumplimiento de ese derecho, ya que falla desde los planes de estudio con los que se trabaja hasta la infraestructura de los planteles.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– La pobreza que rodea históricamente a las comunidades indígenas en México no se limita a los salarios o empleos. Actualmente, 4 millones de niños, niñas y adolescentes indígenas y hablantes de lengua indígena que están en edad de cursar la educación básica lo hacen en escuelas sin sanitarios, con techos de material poco resistente, sin maestros que hablen su misma lengua y con aulas sin escritorio o butacas, de acuerdo con un estudio.
El 78.6 por ciento de esos estudiantes vive en condiciones de pobreza, por encima de la media nacional, que es de 53.9 por ciento.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expuso que esa población no goza a plenitud del derecho establecido en el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana y en un sinnúmero de tratados a los que el Estado se ha adscrito.
En números oficiales, la matrícula refleja éxito, pero en términos de calidad y efectividad, el estudio se plantea una interrogante: ¿en qué medida el Sistema Educativo Nacional cubre la necesidad social de educación?
Se extrajeron indicadores que muestran el rezago de la población indígena en las capacidades básicas de lectura y escritura así como en la escolaridad básica y media superior. Bajo esta condición, documentó, el acceso a otros derechos y su ejercicio pueden verse reducidos tanto como el desarrollo del capital cultural y económico, ya que se reconoce que el analfabetismo es un factor importante en los mecanismos de perpetuación de la pobreza, la marginación y la exclusión social.
Casi 118 mil niños monolingües de lengua indígena entre preescolar y secundaria tienen menores probabilidades de concluir la educación básica en comparación con el resto de los estudiantes.
“Es innegable que la desigualdad social y económica es un rasgo estructural de la sociedad mexicana, por ello el Sistema Educativo Nacional debe asegurar resultados educativos equitativos y no reproducir las desigualdades presentes en la sociedad, para lo cual ha de adecuar su tratamiento a los alumnos de forma diferenciada según sus necesidades y su contexto, de manera que, en lo posible, se logre abatir las desigualdades de origen”, afirmó el estudio.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del total de la población indígena, que es de 11.9 millones de personas, el 73.2 por ciento vive en condiciones de pobreza; el 21.8 por ciento vulnerables por carencias sociales o ingresos; y sólo el 5 por ciento no es pobre ni tampoco vulnerable de serlo.
Estas cifras colocan a 9 de cada 10 niños y adolescentes en situación de pobreza.
POR CUÁNTO TIEMPO Y EN DÓNDE ESTUDIAN
El estudio planteó que en el acceso a las escuelas se registran grandes avances, pero las problemáticas surgen conforme se van avanzando en grados, ya que la cantidad de alumnos va disminuyendo, sobre todo entre los 15 y 17 años de edad.
Disminuye también la cantidad de alumnos hablantes en lenguas indígenas. En el ciclo escolar de 2013-2014, se registraron 1.17 millones de alumnos hablantes de una lengua indígena y la presencia de 52 mil 194 docentes hablantes de lengua indígena.
En 72 mil 773 escuelas con alumnos hablantes en lenguas indígenas no hay al menos un profesor que también lo haga y sólo en 59.7 por ciento de los casos la lengua de los maestros coincide con la de los alumnos. Las que más se hablan son náhuatl, maya, lenguas mixtecas, totonaca y otomí. En menor medida, otras 65 lenguas o agrupaciones lingüísticas son empleadas por algunos cientos de alumnos o decenas.
En lo referente a infraestructura, en promedio el 24.7 por ciento de las escuelas analizadas no tienen baño; el 28.9 por ciento no tienen un mobiliario para docentes en al menos un aula; el 21.2 por ciento no cuenta con mobiliario para al menos un alumno; y el 18.1 por ciento tiene techo de material no durable.
“Las carencias en la infraestructura educativa se incrementan mientras más pequeña sea la localidad donde se encuentren las escuelas y es común que el servicio educativo indígena y telesecundarias se encuentren en peores condiciones que las escuelas generales”, señaló el estudio.
Por niveles, se encontró que en Preescolar, el 26.4 de los planteles tienen techos de material no durable; el 22.7 por ciento no tiene baño; el 30.2 por ciento no cuenta con mobiliario para docentes en los salones de clase; y el 20.1 por ciento no tiene mobiliario para al menos un alumno.
Del total de preescolares (9 mil 656), el 49.9 por ciento es atendido por un solo docente.
En Telesecundaria, el 30.7 por ciento no tiene un laboratorio (requisito necesario para el cumplimiento del currículo) y el 57.4 por ciento no cuenta con internet.
De acuerdo con los investigadores, estas condiciones dificultan el pleno ejercicio del derecho humano a una educación de calidad y afectan a toda la población escolar que asiste a estas escuelas, pero impactan mayoritariamente y de manera negativa a niñas, niños y adolescentes indígenas.
En 2001, la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el programa Escuelas de Calidad. Con el paso de los años esa política se ha ido borrando de algunas comunidades por falta de recursos federales. Otro fracaso fue el programa Enciclomedia, que tuvo un costo de 25 mil millones de pesos, pero fue cancelado al ponerse en duda sus alcances educativos y el ejercicio del presupuesto.
Ha sido una promesa recurrente mejorar la infraestructura de las escuelas.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno mexicano están obligados a reconocer y garantizar todos los derechos a las comunidades indígenas. Apenas en 2013 se adicionó al artículo Tercero Constitucional el compromiso para que la educación obligatoria sea de calidad para todos los niños y jóvenes, sin distingo de su origen social, lugar de residencia, condición étnica u otras características personales.
Según datos oficiales la población indígena y la población hablante de lengua indígena no ha disminuido en los últimos cuatro años.
