El que Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, haya demandado por "daño moral" a Roxana Romero, reportera del diario Vanguardia, y después a Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, no es coincidencia, dicen comunicadores. Se trata de mandar un aviso: “Si eres crítico, te espera una represalia”. Eso dicen los activistas y periodistas coahuilenses consultados por SinEmbargo. Su intención, añaden, es acallar las voces del puñado que sigue en pie y con dignidad. Algo así decía ayer Lorenzo Meyer durante el evento en el que Carmen Aristegui anunció que fue demandada por MVS: lo que quieren los hombres del poder en México, decía el investigador, es mantener en un mundo de impunidad que los rodea de privilegios...
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Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo)– Desde el reportero local, hasta el columnista nacional, con amplia trayectoria y prestigio –como Sergio Aguayo Quezada– pueden correr la misma suerte en Coahuila: una demanda por daño moral que implica citas, abogados, dinero, aunque no necesariamente cárcel, para complicarle la vida a las voces críticas contra los hermanos Moreira, una dinastía que cumple casi 11 años en el poder desde la llegada de Humberto a la Gubernatura en 2005, esto sin contar que el ex Gobernador ocupó la Alcaldía de Saltillo en 2002 y desde ahí tramó su red de complicidades, coincidieron activistas y periodistas coahuilenses.
“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa una situación peculiar; la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, dijo el propio Aguayo Quezada en entrevista a este diario digital hace unos días.
El investigador indicó en ese momento que su primera hipótesis para explicar la demanda del ex Gobernador en su contra por daño moral y por 10 millones de pesos, es que dirige una investigación sobre los 300 desaparecidos de Allende.
Como Aguayo, la reportera Roxana Romero y el diario Vanguardia enfrentan una demanda por daño moral por publicar una investigación en torno a una pensión de 37 mil 128 pesos mensuales por su labor como profesor de secundaria en el pasado. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el 18 de febrero de este año, el también ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo de manera irregular ese pago al no cumplir con los periodos requeridos.
“Este sistema se presta para que el señor se dé por agraviado y empiece a demandar y a querer intimidar a quienes haciendo uso de su libertad de expresión lo cuestionan, escuchan y hacen que se escuche la voz y el sentir de miles de coahuilenses que se sienten desesperados por lo que pasó en Coahuila y donde la autoridad no hizo nada. Esta actitud bravucona de querer intimidar a quienes lo cuestionan no debe continuar más. El que debe rendir cuentas es él, no Sergio Aguayo, nadie más, es justamente él quien nos tiene que rendir cuentas. Él dejó hipotecado el futuro de los coahuilenses, con él hubo inseguridad, con él arrastramos una deuda que nos hace tener los impuestos más caros. Todas estas explicaciones nos las tiene que dar él, decirnos qué pasó y para eso las autoridades mexicanas tienen que colaborar y dejar de voltear a otro lado. Que no sean omisos y cómplices de lo que es evidente en Coahuila y que todos sentimos”, dijo en entrevista con SinEmbargo el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández, sobre la demanda de Moreira en contra del investigador de El Colegio de México.
ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS POLÍTICOS
Fuentes consultadas por este medio digital, y que pidieron no ser citadas –por el temor a los Moreira y al crimen organizado– aseguran que la persecución a la prensa que no se alinea en la entidad, va más allá de la amenazas verbales.
Hay periodistas que han sido “levantados” por escribir el nombre de un criminal en una nota o tomar una fotografía incómoda, afirman.
De acuerdo con la organización Artículo 19 en lo que va de la administración del priista Enrique Peña Nieto se han registrado 1, 142 agresiones contra periodistas.
“El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”, dice el reporte México: Sin prensa no hay democracia.
En ese documento la organización recoge el testimonio de una reportera de Coahuila acosada sexualmente y amenazada de muerte como consecuencia de su labor periodística.
“La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad”, dice el informe.
El caso de la reportera de Ciudad Acuña se suma no sólo a otras agresiones sino a los casos de comunicadores que han sido asesinados, como es el de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, “levantado” en enero de 2010, torturado y asesinado, en cuyo cadáver se dejó un mensaje: “Esto va a pasarle a los que no entiendan, el mensaje es para todos”.
El caso de Rodolfo Ochoa Moreno, de Grupo Multimedios Laguna, asesinado en 2011 a balazos cuando fue atacado por un comando en su lugar de trabajo.
El de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa fue quizás el caso más sangriento. El 24 de abril de 2013 su cuerpo fue encontrado desmembrado en una calle de Saltillo. Era fotorreportero de sociales del diario Vanguardia. Tenía apenas unas semanas en ese puesto. Su muerte también se la adjudicó el crimen organizado.
El cartelón que dejaron sobre el cuerpo del joven fue interpretado por las autoridades del estado como una venganza, porque eran “desertores” de una banda criminal.
“Como en todos los asesinatos, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche”, publicó el medio al día siguiente.
Estos crímenes, de acuerdo con fuentes locales, sembraron el terror entre los periodistas de la región quienes, aseguran, en la administración de Rubén Moreira padecieron la mayor persecución por su labor informativa por parte del crimen organizado y no por los servidores públicos, como ocurre en otras entidades.
Javier Garza, ex director de El Siglo de Torreón, expone que en Coahuila las principales agresiones a la prensa, en un primer momento, se dieron por parte del crimen organizado.
“De las que me tocaron nunca hubo una investigación. Por ejemplo, cuando balacearon el edificio de El Sol de Coahuila. Desde hace tres años no ha habido un ataque o intento de intimidación por parte de algún grupo criminal en la Comarca Lagunera. En otras partes del estado sí hay un clima de amenazas o de intimidación”, comenta.
Pero que esos ataques no se dieran desde el Gobierno local no significó que no existiera una estrategia para cooptar a los medios de comunicación, afirman. De hecho, hoy en día, todos los medios tienen algún compromiso afirma una de las fuentes consultadas: “Tienen amarrada a la Universidad, a los empresarios, a los periódicos, radios y televisoras”, dice un comunicador de Saltillo.
Los medios funcionan en Coahuila para perseguir a través de campañas de desprestigio a los adversarios políticos de los hermanos Moreira, sea quien sea, afirma.
EL CASO VANGUARDIA
Desde el 3 de mayo de este año, el diario Vanguardia ha sido blanco de agresiones directas e intimidaciones, además de una demanda del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés que incluye a la reportera Roxana Romero, por supuesto daño moral, tras la publicación de una nota sobre la autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.
“Desde hace unas semanas, Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos”, denunció el diario en mayo.
La periodista Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19. Dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa. Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su familia dejaron su hogar durante algunos días.
La reportera cubre temas de educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.
El pasado 27 de enero, diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia; también se sumaron a esos ataques otros periodistas y comunicadores de Coahuila. Asimismo, el 25 de abril, los servidores del medio fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.
En mayo, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad estatal desalojó de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla Galindo, director del diario, y quien fue despojado de sus pertenencias durante la madrugada.
“No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros desde nuestro personal y nuestro Director”, planteó el periódico.
Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.
Artículo 19 exigió al Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para amedrentar a los integrantes de Vanguardia.
El Comité para la Protección de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del diario Armando Castilla.
“El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.
Ricardo Mendoza, director del periódico, dice que con Humberto Moreira se fortaleció el crimen organizado en el estado. Y ellos, los criminales, controlaron las líneas editoriales de Coahuila.
“En el caso de Humberto, son ataques directos a Vanguardia preferimos ajustar la línea editorial, debido a que no existía quien –ni el Gobierno local ni el Gobierno federal, ni ONGs– nos pudiera garantizar la seguridad”, afirma en entrevista con SinEmbargo.
Cuando Humberto Moreira dejó el poder, los periodistas empezaron a tener un “respiro”, pues los ataques de los criminales cesaron, relata el directivo. Sin embargo vino la embestida en contra del dueño del diario por parte del ex Gobernador con las demandas por daño moral.
“Cada quien tendrá sus lecturas. No te puedo decir, en el caso de Humberto Moreira, que el señor está ejerciendo su derecho ante una defensoría jurídica, lo único que hago es una relatoría de hechos. Muchas organizaciones lo que comentaban es que este tipo de acciones son de cierta forma intimidatorias para el ejercicio periodístico. Mientras no se determine si Moreira tiene razón o no en su querella sería desafortunado que nosotros –como parte acusada– definiéramos esta situación. Detrás de todo esto está la intimidación, el ataque a nuestra compañera”, dice. También lo es, añade, el despliegue de fuerzas policiacas para el desalojo de la casa de Armando Castilla.
EL ESCÁNDALO DE LA COMPRA DE RADIODIFUSORAS
En enero de 2009, Humberto Moreira Valdés voló en un jet privado con su esposa, guardaespaldas y su entonces Secretario de Finanzas, Héctor Villarreal Hernández, hacia la ciudad de San Antonio, Texas. La visita era para encontrarse con su hija, quien vivía en esa ciudad, pero además para discutir una estrategia relacionada con el PRI.
El grupo de mexicanos connotados iba con un tercer plan: encontrarse con Rolando González Treviño y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado de las arcas del Gobierno de Coahuila.
Así empezó su relato el 1 de julio de 2015 el periódico San Antonio Express-News. De acuerdo con los periodistas Jason Buch y Guillermo Contreras, el empresario coahuilense decidió entregar información sobre las transacciones que realizó con Moreira.
“La petición de culpabilidad de González no menciona el nombre del ex Gobernador, de su ex tesorero o del hermano, a quienes los fiscales señalan de haber llevado a Moreira al poder. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express-News que el ex Gobernador mencionado es Humberto Moreira, quien dirigió Coahuila de 2005 a 2011, cuando renunció para irse a dirigir el PRI”, publicó el diario.
En respuesta, Humberto Moreira Valdés negó la acusaciones horas después por medio de una carta : “No ha existido ni existe acusación formal del Gobierno de Estados Unidos en mi contra por delito alguno”.
El ex líder del PRI nacional afirmó en la misiva que sólo existen declaraciones “de reos que dirían cualquier cosa con tal de obtener su libertad o algún beneficio en su condena”.
Pero el diario texano, que exhibe cómo San Antonio se ha vuelto un paraíso para el dinero sucio de los políticos –casi todos del PRI–, ofreció detalles de la reunión entre Moreira y González en la que supuestamente se decidió lavar dinero robado del erario de Coahuila. El empresario dueño del Corporativo Núcleo Radio Televisión, dice la información, se sentó con Humberto Moreira en una mesa de un club privado. En algún momento, Moreira llamó a su tesorero y le dio instrucciones sobre cómo hacer los pagos.
El dinero fue enviado vía electrónica a Estados Unidos desde una compañía llamada Construcciones Chavana, que el ex Gobernador “usó para mover fondos tanto de México como internacionales hacia los Estados Unidos”, de acuerdo con los documentos de la investigación.
Los fiscales dicen que ese dinero fue robado a los coahuilenses.
“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por Moreira son aproximadamente cientos de millones de dólares”, dice la investigación publicada por el diario.
El San Antonio Express News reveló que, de acuerdo con un documento de la Corte federal de Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés, sí estuvo implicado en la operación para utilizar dinero del erario para comprar estaciones de radio al sur de la frontera para después lavar esos recursos en Texas.
“El documento no menciona al funcionario, sino que simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero del estado [de Coahuila] en 2006”, publicó.
Y agregó: “El funcionario es referido como co-conspirador 1 o CC1, en el documento, un acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño, un magnate de los medios de comunicación mexicanos que admitió la venta de las participaciones de los medios a funcionarios de Coahuila”.
El medio explicó que el “Co-conspirador 1”, era un funcionario de Saltillo que habría viajado a San Antonio para “discutir la estrategia política para el partido político mexicano PRI y el gobierno de Coahuila”.
El documento de la Corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra del empresario mexicano Rolando Gómez Treviño refiere que Moreira “antes de convertirse en Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como líder de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario Institucional de México”.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express News que Moreira acudió a las reuniones en San Antonio y en México “donde se discutió la compra de medios de González Treviño con el dinero robado del estado”.
El medio norteamericano publicó que el documento de la corte menciona que el Co-conspirador 1 (CC1) robó dinero de la tesorería de Coahuila dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación.
“CC1 estaba usando fondos del Gobierno del estado de Coahuila y dirigiendo esos fondos estatales a los partidarios que actuaban en concierto con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Estas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado, y / o eran vendedores que prestan servicios para el Estado de Coahuila, y tenía una relación con CC1 en el momento de la elección “, dice el acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño. “Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 aproximadas a cientos de millones de dólares”.
La red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la que presuntamente está involucrado Moreira Valdés, incluye a otros 13 personajes, la mayoría ex funcionarios de su administración, de acuerdo con esos documentos judiciales de la Corte federal de Estados Unidos.
De los 14 involucrados, a los que llama en la prensa estadounidense “Conexión Coahuila”, seis están o han estado presos; uno se encuentra indiciado y dos han sido asesinados, indican documentos hechos públicos por la Corte estadounidense y revelados, primero, por el periódico San Antonio Express News.
La acusación que obra en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que Moreira habría ordenado a colaboradores transferir 1.8 millones de dólares para comprar estaciones de radio al sur de la frontera de Estados Unidos, a cuentas del empresario mexicano Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable de dos cargos de conspiración para transferir dinero robado.
Se señala que ex funcionarios del Gobierno de Coahuila también estuvieron involucrados al tomar recursos del erario para comprar medios de comunicación entre 2006 y 2009, lapso que forma parte del periodo de Moreira.
“El Gobierno de Estados Unidos quiere estar seguro de lo que hace. Por eso quieren más evidencias y eso es lo que están esperando: están todavía buscando más evidencias, buscando cuentas bancarias; es claro que la investigación apunta a Humberto Moreira con este caso, la sentencia de Rolando González está para septiembre 15 o 16, pero lo que he visto es que no le han levantado cargos a las personas que estén cooperando. Entonces podría ser que cambie la fecha de sentencia”, dijo Guillermo Contreras, uno de los autores de la investigación del diario estadounidense, en entrevista con SinEmbargo.
El 10 de marzo de este año, Rolando González Treviño fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de Coahuila y lavarlo en Texas. Además, el juzgado impuso una multa de 250 mil dólares al empresario, quien podrá permanecer en Estados Unidos.
–Con información de Juliana Fregoso y Dulce Olvera
