Por Iván Benumea*
Basta con voltear a ver lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha significado para las familias de los normalistas desaparecidos para darnos cuenta de lo importante que es contar con un organismo internacional que defienda y promueva los derechos humanos. Sin duda, gracias al involucramiento de la CIDH mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los familiares encontraron un espacio oficial donde pudieran participar y ser escuchados en su lucha por la verdad y la justicia. ‘Les pido de corazón que el GIEI siga llevando el caso. La verdad la dirán los muchachos cuando aparezcan’, manifestó uno de los padres de los normalistas ante la cerrazón del Estado mexicano por no permitir que el GIEI continuara sus labores.
La CIDH ha intervenido en múltiples casos de violaciones de derechos humanos a lo largo de toda la región, y su trabajo no sólo ha mejorado la vida de las víctimas que han sido protegidas, sino incluso ha sido fundamental para fortalecer el régimen democrático y para impulsar que los derechos humanos formen parte de las agendas políticas, judiciales y legislativas de muchos países.
Para promover la observancia de los derechos humanos en la región, la CIDH depende de diversas formas de financiamiento, siendo una de las principales las aportaciones que voluntariamente realizan los Estados miembros. A lo largo de su existencia, los escasos recursos que son aportados por esta vía ha impedido que la CIDH extienda su campo de acción, y si en los próximos días los 34 Estados que conforman la región no hacen algo para remediar esta situación, la CIDH tendrá que despedir a 30 personas, es decir, a cerca de la mitad de su personal, y por lo tanto, suspenderá muchas de sus actividades.
Las excusas que tienen los Estados para no contribuir con más recursos son muchas, y ninguna es nueva: “No nos alcanza para dar más”, “Uy, si tan solo hubieras venido ayer, hoy ya es demasiado tarde”; “ "¡Ay, pero si yo ya he dado mucho, no es mi problema!”; “Para qué te damos más si ni siquiera cumples”. En el fondo todas estas excusas (aunque también silencios) esconden la falta de compromiso de los Estados con la vigencia de los derechos humanos y son una reacción desafortunada al importante papel de contrapeso que desempeña la CIDH. La falta de recursos no es el problema, tal y como muchas veces ya se ha dicho; el problema es que no existe voluntad política para financiar la protección de los derechos humanos.
Para que la CIDH cuente con un modelo financiero sostenible a largo plazo se necesitan muchos recursos y la intervención conjunta de los Estados, pero en el corto plazo, para superar la crisis, algunos estados podrían realizar acciones muy sencillas que implican otorgar más recursos de lo que destinan anualmente a la CIDH. Por ejemplo, el Gobierno de Colombia podría dar a la CIDH la misma cantidad de recursos que fueron utilizados para comprar las nuevas cortinas del palacio presidencial, o el Gobierno mexicano podría ahorrarse la producción de unos cuantos spots televisivos y aportar esos recursos a la CIDH de manera voluntaria.
Nada refleja mejor las prioridades de los gobiernos que la asignación de recursos, manifestamos hace unos días un grupo de organizaciones en un pronunciamiento en apoyo a la CIDH. En un contexto regional marcado por las graves violaciones de derechos humanos, provocadas en gran medida por la mala gestión de los recursos públicos, no podemos permitirnos que la CIDH retroceda siquiera un paso en la protección de los derechos humanos, y mucho menos que la “insuficiencia presupuestaria” continúe siendo la excusa preferida por los gobiernos para incumplir con sus obligaciones. Los Estados deben corregir su rumbo y financiar la protección de los derechos humanos, y para ello la CIDH y la sociedad civil han ofrecido distintas opciones para modificar sustancialmente el esquema financiero e impedir que la CIDH continúe dependiendo de los vaivenes políticos de los gobiernos en turno. En la próxima asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del mes de junio, los Estados tendrán la oportunidad de valorar éstas y otras propuestas a fin de garantizar el sustento financiero de la CIDH. Ojalá aprovechen esta ocasión para demostrar que están a la altura de sus compromisos con los derechos humanos.
*Iván Benumea es abogado en el área de estrategias jurídicas en Fundar
