Por Iván Benumea, abogado del área de Estrategias Jurídicas
Avanzar hacia un sistema fiscal justo y equitativo depende de que nuestras autoridades comiencen a dar explicaciones en torno a los beneficios fiscales que se otorgan a determinados contribuyentes. A pesar de que hoy existe un marco jurídico que favorece la transparencia de los adeudos fiscales que son cancelados por el SAT, aún es necesario que se nos expliqué por qué el Estado dejará de recaudar ingresos que tendría que percibir y que, en los hechos, constituyen erogaciones de recursos a favor de ciertos contribuyentes.
Existen diversas causas que pueden originar la cancelación de una deuda. Según las normas fiscales, la cancelación puede deberse a que un contribuyente ya no tiene forma de pagar una deuda o porque cobrarla le cuesta demasiado al SAT. Así, difícilmente podríamos condenar que se le cancele un crédito a una pequeña empresa a las orillas del mar que fue afectada por el paso de un huracán, pero de cualquier forma, si ese fuera el caso, la dependencia a cargo de Aristóteles Núñez debería demostrar que la cancelación de una deuda, por menor que sea, fue justificada. No debemos olvidar que los recursos públicos tienen que estar a la vista de todos, incluso los que han decidido ya no recaudarse.
Lo anterior toma más relevancia si tomamos en cuenta que la política de cancelación de créditos fiscales parece estar orientada a favorecer a empresas que deben una cantidad multimillonaria de recursos. De acuerdo con información recabada por Fundar, desde mayo del año pasado a marzo de 2016, el SAT ha cancelado créditos fiscales por una cantidad aproximada de 41 mil millones de pesos a un universo de cerca de 5000 personas morales, pero tan solo 450 de éstas concentran el 94 por ciento de dicho monto.
De acuerdo con la información disponible, dentro de este pequeño grupo de personas morales se encuentran empresas de publicidad y de servicios financieros, maquiladoras, industrias metalúrgicas y otras más dedicadas a la exportación e importación de todo tipo de productos. Si estas empresas quedaron en bancarrota, no lo sabemos; si fueron afectadas por el mismo huracán que dañó al pequeño local de mariscos, no lo sabemos, como tampoco sabemos si el SAT, antes de beneficiar discrecionalmente a estas empresas, intentó cobrarles los millones de pesos que le debían. Ante este escenario, vale la pena preguntarnos si todas estas empresas de verdad ya no tenían recursos para pagar el adeudo y cuáles fueron las razones que tuvo el Sistema para decidir que le resultaría demasiado costoso cobrar créditos que en ocasiones superan los mil millones de pesos. El SAT debería rendir cuentas al respecto.
Hace unos días, la Secretaría de Hacienda informó que en el primer trimestre del año, la autoridad fiscal ha determinado que 122 mil millones de pesos difícilmente serán cobrados. Si dejar de percibir estos ingresos responde a la incapacidad del contribuyente o a la incapacidad de las autoridades por recaudar lo que le corresponde, entonces es fundamental evaluar a profundidad la política fiscal del país. Exigir cuentas al respecto es nuestra responsabilidad, y por eso desde Fundar continuaremos exhortando a las autoridades fiscales para que den las explicaciones que merecemos.
