Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*
A pesar de la exigencia de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno mexicano decidió unilateralmente dar por terminado los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) para el caso Ayotzinapa. Sin condiciones para garantizar el trabajo del Grupo e incluso su seguridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tuvo más remedio que confirmar la retirada. Así, el próximo 24 de abril el GIEI estará presentando su segundo y quizá último informe. Este momento marcará, sin duda, un hito en la historia contemporánea de México. No obstante haber sido creado con el mandato de coadyuvar a la investigación de un caso en concreto, el GIEI se convirtió en la herramienta jurídica más poderosa con que ha contado la sociedad civil mexicana hasta ahora, para desenmascarar las terribles distorsiones de la justicia en nuestro país.
De cara a la presentación de su último informe, toda la atención se ha fijado en el diferendo político y en la tensión con el gobierno mexicano. El GIEI tuvo que pagar el precio de su propio éxito. Los ataques y estrategias de desprestigio no se dejaron esperar. El Grupo lleva al menos dos meses de embates constantes en los medios de comunicación, donde sus miembros han sido señalados de terroristas, guerrilleros y hasta mercenarios de la justicia. En medio de esta vorágine de descalificativos e intentos por parte la sociedad civil de responderlos en apoyo del GIEI, hay un aspecto poco visibilizado del trabajo realizado por el grupo: la reconstrucción de la confianza de los familiares.
Por supuesto que la confianza de la que hablamos aquí no se refiere a la confianza en el gobierno y sus instituciones, ya que éstas se han encargado de demoler cualquier posibilidad al respecto a través del quebrantamiento de acuerdos y el manejo tendencioso de la información. Aquí hablamos de la confianza de los familiares en que aún pueden ser escuchados de buena fe en espacios oficiales, distintos a los del Estado, y de ser involucrados activamente en la articulación de su estrategia de defensa, más allá del papel de mero sujeto pasivo de protección, el cual tradicionalmente suele asociarse a la condición de víctima.
En ese sentido, quienes han pretendido desprestigiar al GIEI y a las organizaciones que acompañan a los familiares, han recurrido, entre otros argumentos, a la idea de que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos son presas de un engaño orquestado por parte de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, mismas que sólo buscan lucrar con su dolor e instrumentalizarlos con el fin de generar inestabilidad política en el país. Este argumento lleva implícito un profundo menosprecio hacia las víctimas, al considerarlas incapaces de formar un análisis y criterio propios sobre su realidad. Ese análisis y criterio existen; sin embargo, ambos permanecen invisibilizados y subestimados debido a la barrera del lenguaje técnico que permea los foros judiciales y políticos, como un mecanismo de exclusión sistemática de las víctimas de las discusiones donde están en juego sus derechos.
Por lo anterior, el GIEI puso en el centro de su trabajo a las víctimas y evidenció la necesidad de documentar los impactos de la desaparición forzada y de la respuesta estatal posterior en distintos niveles de la vida de los familiares: el individual, el familiar y el comunitario. Para ello, la metodología a utilizar debe apartarse de los modelos meramente clínicos, donde la víctima es representada más como una persona enferma, que como un sujeto que, ante el evento traumático, sigue siendo el actor y motor principal del proceso político y jurídico para exigir justicia. La perspectiva psicosocial ha probado ser el camino más apropiado para cumplir con este fin en casos similares, ya que parte del supuesto de que siempre será la propia víctima quien mejor conoce la forma de darle sentido y significado a los impactos de una violación a los derechos humanos como la desaparición forzada.
Así, cualquier intento de verdadera reivindicación de las víctimas debe empezar por el reconocimiento de sus propias formas de interpretación y significación del dolor y su entorno. Cualquier manifestación de empatía que soslaye este reconocimiento será un discurso hueco y paternalista. Esta es otra de las grandes lecciones que nos deja el GIEI.
*Coordinador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
