Muchas de nuestras decisiones cotidianas están basadas en nuestra capacidad de “leer la mente” de otras personas. Asumimos, sin mucha reflexión de por medio, que los seres humanos con que interactuamos no son “zombis internos”; es decir, que son capaces de tener estados mentales –sentimientos, emociones e intenciones- que les llevan a actuar como lo hacen. De esta forma, si vemos a alguien salir de casa con un paraguas en la mano inferimos que esta persona considera probable que, en algún momento del día, necesitará protegerse de la lluvia.

Pero conocer la forma en que otras personas experimentan la realidad –vivir sus estados conscientes- es imposible, por lo que solemos considerar que sus acciones constituyen evidencia suficiente para adivinar qué están pensando. Hasta donde sabemos esta facultad de “leer mentes” es exclusiva de los seres humanos, aunque está en curso una compleja discusión que gira alrededor de si ésta es innata o, en caso de no serlo, qué tan temprano en nuestras vidas la desarrollamos.

Cuando las acciones de otros nos resultan incomprensibles, esto se debe en parte a que no podemos atribuir a la persona que las ejecuta un estado mental que concuerde con ellas. Dado que el desarrollo de nuestra capacidad de leer otras mentes constituye una ventaja evolutiva específica -gracias a ello es que podemos coordinar con relativa eficiencia nuestra vida en sociedad-, cuando no podemos “leer las mentes” de otros la coordinación armónica con ellos se vuelve prácticamente imposible, y la fractura en la relación inminente.

El miércoles pasado, el periódico Reforma dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta de Evaluación al Presidente. Los datos publicados son implacables. De abril de 2013 a abril de 2016 el porcentaje de desaprobación del Presidente entre sus gobernados pasó de 30% a 66%: es decir, dos de cada tres ciudadanos no están de acuerdo con la forma en que Enrique Peña Nieto desempeña su trabajo. En el segmento de la población que Reforma denomina “líderes” le fue todavía peor al Presidente; hace un año 20% de los líderes reprobaba su gestión, hoy 78% lo hace.

Como parte de este magnífico ejercicio, Reforma preguntó también a los encuestados su opinión acerca de la manera en que el Presidente está tratando determinados asuntos –educación, salud, seguridad y combate a la corrupción entre otros-. En todos y cada uno de estos rubros, Peña Nieto salió reprobado. Su peor resultado se dio -no debe sorprender a nadie- en la categoría “combate a la corrupción”: sólo 14 por ciento de los ciudadanos y 3 por ciento de los líderes considera que las actitudes del Presidente con respecto a este tema han sido favorables.

No sabemos bien a bien qué tan bajo pueda llegar a ser el piso de la desaprobación al Presidente; lo cierto es que esta tendencia es marcadamente descendente y que no se avizora nada que pueda detenerla. Los más importantes casos críticos, desde Ayoztinapa hasta la relación Presidencia-Higa, han sido pésimamente enfrentados y, por motivos inicialmente impredecibles, hoy siguen tan presentes en el debate público como en el momento de su ocurrencia. A ello hay que sumar los innumerables escándalos cotidianos protagonizados por miembros del gobierno Federal y por distintos gobernadores priistas.

¿Qué pasa por las mentes de nuestro Presidente y gobernadores como Javier Duarte? ¿Qué estado mental podemos inferir a partir de sus reiteradas acciones y de su aparente desprecio a la opinión pública ? Para responder estas preguntas es necesario poner entre paréntesis la mofa popular – no atribuir a nuestros gobernantes pensamientos- y plantear escenarios más realistas y complejos. Porque si hay algo seguro es que detrás de cada acción o inacción humana hay una intención subyacente.

En este sentido, que se gobierne para unos pocos o que la corrupción sea una práctica generalizada no es difícil de entender. Ello pude obedecer a fines egoístas, que si bien son reprobables e impermisibles, no dejan de ser comprensibles. Lo que sí resulta francamente incomprensible es que la tendencia general sea que nuestros gobernantes no parezcan dispuestos a hacer algo –una acción o un esfuerzo mínimo- para que esto sea distinto. No sólo las víctimas son despreciadas públicamente y cada nuevo caso de corrupción se queda sin una respuesta medianamente aceptable, sino que todo parece indicar que el PRI seguirá teniendo la cara dura necesaria para oponerse iniciativas como la Ley3de3 o desestimar los diagnósticos de organismos internacionales sobre el crítico estado actual de los Derechos Humanos en México.

Considerando su pronunciada declive, lo lógico sería que quienes gobiernan en este país ya hubieran abierto una válvula, por mínima que sea, para hacer a la presión pública más tolerable. El poder en México ofrece beneficios prácticamente ilimitados, por lo que ceder lo mínimo no impediría seguir gozando de sus mieles. A fin de cuentas, así funcionó nuestro sistema durante muchos años. Pero en el presente sexenio este no ha sido, ni será, el caso.

Las intenciones de otros son inescrutables y nuestros gobernantes no se caracterizan por su sinceridad, por lo que en este punto nos vemos obligados a quedarnos solo con hipótesis. Y la única hipótesis que hace comprensible el comportamiento de nuestras autoridades es la planteada en este mismo espacio por Alejandro Páez Varela, de que al actual gobierno en algún punto le ha dejado de importar lo que la mayoría de la gente piensa porque el “el PRI es un partido con votos y la oposición es fácilmente divisible, corrompible y manipulable.”

Siguiendo esta lógica, si suponemos –meramente con fines analíticos- que quienes aprueban al Presidente son necesariamente los únicos que votarán por el PRI, el Presidente y a su partido se pueden dar el lujo de perder entre 5 y 10 por ciento más de aprobación y habrían alcanzado un estado perfectamente capturado por una frase en inglés para la que no hay traducción literal al español: they don’t have any more fucks to give, es decir, todo lo que en su momento pudo preocuparles simplemente ha dejado de importarles.

Lo anterior significaría que desde ahora es posible afirmar que todos los discursos y acciones de nuestras autoridades han perdido todo rastro de sentido. No tiene ya ningún caso intentar “leer sus mentes” porque que a ellos no les interesaría “leer” las nuestras y reaccionar en consecuencia. Sumergidos en el total descrédito, se dan por bien servidos con gobernar como si no hubiera mañana y preservar el poder a como dé lugar para que, al menos para sus intereses, sí lo haya. La encuesta de Reforma es un oportuno recordatorio de que en caso de no hacer lo suficiente para impedírselos, estaremos fritos.

Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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