Sin Fronteras como otras organizaciones e instituciones que trabajan en la agenda de migración y protección internacional han resaltado la necesidad de que el Poder Judicial garantice el acceso a la justicia de esta población debido a que su condición de vulnerabilidad limita o impide en muchos casos su acceso. Las personas migrantes y sujetas de protección internacional encuentran problemas y grandes retos en los países en los que arriban por no conocer el lenguaje, las leyes, sus derechos, el no disponer de asistencia legal, el no contar con recursos económicos para defenderse, el disponer de muy poco tiempo para dar seguimiento a sus casos, entre otros, que complican e incluso llegan a hacer del derecho de acceso a la justicia un derecho casi  inexistente en la realidad.

En el trabajo de 20 años de vida de Sin Fronteras, el área legal ha identificado como las principales complicaciones al llevar casos al Poder Judicial el uso perjudicial de eufemismos para tratar el tema de privación de la libertad. La Ley de Migración utiliza el término de “alojamiento” en lugar de “detención” lo que ocasiona confusiones sobre la normativa que debe aplicarse y la materia del juicio. Esto es si estamos ante un juicio de naturaleza penal o administrativa. Otro de los grandes problemas que encontramos es el hecho de que una persona que interpone un recurso judicial o administrativo debe permanecer privada de su libertad por todo el tiempo que dura el procedimiento de acuerdo a la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración. Esto hace que prefieran no defender sus derechos con tal de permanecer en libertad. Y en muchos de los casos continúan su camino hacia los Estados Unidos.

A esto se le suma el que no se estudia de fondo los asuntos sino que se otorga amparo para efectos retrasando mucho los procesos judiciales y ocasionando que muchas veces las personas desistan de sus casos. Otro problema tiene que ver con la falta de mecanismos para la protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la presunción de culpabilidad y la discriminación de la que normalmente son objeto. Todos estos problemas han ocasionado que sea más oneroso para las personas el defender sus derechos humanos y dejar impunes las violaciones que sufren. Desde Sin Fronteras creemos que el acceso a la justicia es un derecho que es primordial sea garantizado a todas las personas por lo que se iniciaron acercamientos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver de qué manera podíamos trabajar conjuntamente en este tema.

Ante esta realidad, en 2011 se formalizó una colaboración entre Sin Fronteras IAP y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de las Casas de la Cultura Jurídica (CCJ), se inició con conferencias sobre el tema migratorio y de asilo en estados de la República Mexicana vinculados a la ruta migratoria. Desde entonces hasta el final de 2015, se ha ido ampliando y fortaleciendo el trabajo con las CCJ, dando una cobertura en 17 estados de la República Mexicana en 20 ciudades, en algunas de ellas con presencia en más de dos ocasiones. En las ciudades que se han visitado dos veces o más, se ha implementado un taller didáctico de análisis de sentencias. Sin Fronteras fue invitada en 2012 a desarrollar y coordinar la construcción de una herramienta trascendental para la agenda de Migración y Protección Internacional, el “Protocolo para quienes imparten justicia a personas migrantes y sujetas a protección internacional”. El protocolo es una herramienta que proporciona reglas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Así como los principios y los principales instrumentos jurídicos para asegurarles la mayor protección posible. Sin duda un punto de partida para avanzar en el acceso a la justicia para la población migrante y sujeta a protección internacional.

En seguimiento al proceso iniciado a partir del trabajo colaborativo en CCJ y  la elaboración del Protocolo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Relatoría sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) y Sin Fronteras IAP, logramos materializar una propuesta para lanzar el “Reconocimiento a la mejor sentencia en materia de derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional” con el objetivo de reconocer aquellas sentencias que han garantizado el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Está dirigido  a todos los órganos impartidores de justicia, tanto tribunales del poder judicial, como tribunales de lo contencioso-administrativo, del Continente Americano. Las bases las puedes consultar en Premios Sentencias 2016.

Es una primer iniciativa impulsada desde una organización de la sociedad civil que busca colocar en el centro de la discusión, que pese a los grandes retos existentes en la administración e impartición de justicia, hay buenas prácticas que se están desarrollando en México y muchos países del Continente Americano, que destacan por ser progresistas y reconocer las normas de origen nacional o internacional que brindan mayor garantía de derechos a la población.

Si conoces una sentencia  que cumpla con estas características, inscríbela, demostremos que las cosas siempre pueden ser diferentes, cuando existe la convicción y disposición de conocer y entender los problemas que aquejan a los diversos grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

@Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras/

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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