Por Jose Knippen*
Desde que Fundar realizó su primer análisis del presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) de 2011, sabemos que el INM gasta más de lo que se le aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta diferencia parecía tener una explicación sencilla: el INM cuenta con ingresos autogenerados a través del cobro de derechos. También aprendimos que el INM gasta mucho más en el control y la gestión de los flujos migratorios, incluyendo la detención de migrantes, que en la protección de derechos humanos. En la actualidad, con la implementación del Programa Frontera Sur, parece que este patrón se reproduce, con los mismos problemas de desempeño del INM. Sin embargo, ahora también se gasta mucho, mucho más -sin contar con más información sobre los criterios e impactos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su recién publicado informe sobre 2014, evalúa el desempeño del INM. En su dictamen, señala que detectó varias deficiencias en los procesos de regulación, control, verificación, vigilancia y protección, aunado a la falta de protocolos de actuación. Esto “(…) pone en situación de vulnerabilidad a los flujos migratorios regulares e irregulares que ingresan, transitan, permanecen o pretenden salir del territorio nacional, y en riesgo el respeto de sus derechos humanos independientemente de su situación migratoria.” Las doce recomendaciones de la ASF incluyen, atender las inconsistencias en las cifras del INM sobre las visitas de verificación y revisiones migratorias y los migrantes detenidos en cada uno de los procesos.
Desde mediados de 2014, las detenciones y deportaciones de migrantes han incrementado a raíz de un endurecimiento de la política hacia los flujos de migrantes en tránsito irregular por el país. Albergues, defensores y otras organizaciones han denunciado repetidamente el aumento de abusos que ha acompañado esta tendencia de realizar más operativos, detener más migrantes y realizar deportaciones más expeditas. El informe conjunto de nueve organizaciones “Un camino incierto: justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” es un esfuerzo reciente de visibilizar esta problemática política.
En este sentido, ahora la ASF confirma algo que se venía detectando ya desde las organizaciones: aumentaron los operativos del INM y se llevan a cabo cada vez más de manera arbitraria y agresiva.
Las deficiencias en el desempeño del INM son problemáticas, pero es importante regresar a algunas cifras básicas sobre el presupuesto del INM. ¿Cuánto presupuesto tenía originalmente y cuánto gastó por ejemplo en 2014 y 2015? En esos años, el INM tenía alrededor de 2 mil millones de pesos aprobados en los respectivos PEF. Recientemente con la publicación del PEF 2016, se asignaron mil 779 millones de pesos al INM, cosa que según el propio personal del INM, podrá no ser suficiente para garantizar su operación.
Entonces ¿cómo explica el INM los montos que reporta la SHCP en sus “Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas”? En ellas, se reportan los siguientes montos para el gasto del INM: 5 mil 870.9 mdp (2014) y 12,760.6 mdp (2015, cifras preliminares). En primer lugar, el monto de 2014 es mucho mayor que el mencionado en la Cuenta Pública de 2014 (3 mil 555 mdp). En segundo lugar, y más importante, si son verídicos los datos: ¿En qué se gastó ese monto colosal? ¿Con qué fundamento? Las y los migrantes afectados por abusos y violaciones a sus derechos humanos y la sociedad en general merecemos una explicación.
*Jose Knippen es investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de @FundarMexico
