Por Edmundo del Pozo Martínez
Cuando los pueblos deciden defender sus derechos por vías pacíficas e institucionales frente a la imposición ilegal de megaproyectos corren el gran peligro de que se les trate como “delincuentes” y de tildarlos como “obstáculo” para el desarrollo. Aunque parezca un absurdo, exigirles a gobiernos y empresas en México el respeto y la preservación del estado de derecho puede ser traducido automáticamente en un delito.
Otro capítulo de esta tragedia es la que enfrentan las comunidades y organizaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec que se han resistido pacíficamente a la implementación a gran escala de más de una veintena de parques eólicos en esta región, caracterizada por su rica diversidad cultural y natural. La casi totalidad de estos proyectos se ha realizado en franca violación de los derechos de los pueblos a su autodeterminación, a sus territorios y recursos naturales y a definir sus prioridades de desarrollo. Asimismo, se han llevado a cabo sin consulta previa y sin su consentimiento libre e informado.
Uno de los focos de conflicto más recientes ha tenido lugar en el municipio de Juchitán, donde se practicó una supuesta consulta a la comunidad zapoteca por parte de la Secretaría de Energía (SENER), sobre un parque eólico de 132 aerogeneradores, promovido por la empresa mexicana “Energía Eólica del Sur”. Este proceso fue denunciado e impugnado por diversas organizaciones indígenas como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) e incluso el Ex Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, señaló un conjunto de irregularidades que afectaban la credibilidad de este mecanismo.
Entre los aspectos más criticados está la falta una consulta “previa”, ya que los principales permisos del proyecto, como el de impacto ambiental y el de generación de energía eléctrica fueron otorgados sin haber concluido el proceso. Este y otros argumentos han servido de base para la demanda de amparo que más de mil integrantes del pueblo binnizá interpusieron ante el Juez Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en contra las autorizaciones otorgadas por la SENER y SEMARNAT. Fue así que el pasado 11 de diciembre se dictó la suspensión definitiva del proyecto de Eólica del Sur, lo que ha impedido a la empresa, hasta en tanto no finalice el proceso judicial, realizar acciones de construcción y cualquier acto relacionado con la implementación de la megaobra.
Como era de esperarse, por los grandes intereses económicos puestos en juego con este proyecto, enmarcado en la implementación de la reforma energética, la ola de intimidación contra los defensores del territorio se intensificó con posterioridad a la suspensión. Durante las últimas semanas los principales voceros y representantes de las organizaciones que hacen parte de la demanda judicial han sido atacados en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región. Por su lado, las empresas constructoras regionales interesadas en la ejecución de la obra y los directivos de Eólica del Sur han estado presionando y cuestionando el papel del Juez de Distrito por diversos medios, poniendo en grave peligro la independencia judicial. Además, han reclamado públicamente al gobierno que detenga la acción del amparo.
Todos estos actos se dan sin que el estado mexicano en sus distintos niveles garantice a los defensores indígenas mecanismos adecuados para la protección de su vida y su seguridad personal, y sin tomar medidas contra los representantes de las empresas, de autoridades o terceros que persisten en intimidar e inhibir la lucha del pueblo binnizá y violentar el debido proceso. Este escenario está muy lejos de cumplir con el respeto y protección a los derechos humanos previsto en la leyes de la reforma energética, más bien sólo intensifica el despojo agresivo de los territorios ancestrales y recursos naturales de las comunidades.
La sociedad mexicana y la opinión pública deberán seguir atentas a estos acontecimientos, sobre los cuales las organizaciones del pueblo zapoteco darán mayor información en conferencia de prensa que tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca el próximo martes 23 de febrero.
