Por Anaid García y Justine Dupuy
Desde hace tres años Mexico ha implementado una reforma en profundidad de su marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información. Para que estos cambios en el papel permeen hacia los estados, dos condiciones por lo menos son necesarias para permitir la implementación de este nuevo marco:
1.- Contar con una ley estatal que esté en adecuación con el nuevo marco normativo
2.-Contar con un instituto local de transparencia independiente
El caso de Querétaro ilustra muy bien los obstáculos que existen en los estados para que estas condiciones se cumplan.
Querétaro es uno de los pocos estados que ha armonizado su ley estatal. Faltan 90 días para que todos los estados armonizen sus leyes de transparencia con la Ley General de Transparencia y solo seis estados cuentan con una ley armonizada. Cumplir en tiempo es importante pero no es suficiente para asegurar la calidad de la ley. Y justamente el proceso en Querétaro ha sido bastante agitado.
El 13 de noviembre de 2015 se reformó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) presentó una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de algunas disposiciones de esta Ley por ir en oposición de lo que establece la Ley General de Transparencia al ampliar las causales de reserva que limitan el acceso a la información. A inicio de año, sin esperar la resolución de la SCJN, el Congreso de Querétaro aprobó cambios para rectificar y mejorar su ley.
Uno de los avances importantes contemplados en esta ley, se encuentra en el artículo 29 que establece la nueva estructura de la Comisión al pasar de un comisionado presidente y tres honorarios a tres comisionados que reciben remuneración de entre ellos un presidente. Esta disposición fortalece el órgano garante estatal que pasa de ser unipersonal a uno colegiado.
Sin embargo, el recién proceso de selección de los nuevos comisionados no contó con la transparencia, apertura, tiempo y participación ciudadana necesaria para que abone a este fortalecimiento. El domingo 31 de enero se eligió a dos nuevos comisionados en un proceso fast-track y sin mecanismos de participación ciudadana. A pesar de recibir un exhorto para publicar la convocatoria desde el 22 de enero de las organizaciones Locallis y el Colectivo por Municipios Transparentes (CIMTRA), la LVIII legislatura decidió no hacerlo hasta tres días después, contando con sólo una semana para desarrollar todo el proceso de selección y evaluar a los mejores candidatos.
Desde el proyecto Designación, Fundar y Artículo 19 observamos los mecanismos de designación de los encargados de los órganos garantes de la transparencia de toda la república. Con base a los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas en el páis, el proyecto busca promover procesos de designación que rompan con las prácticas de captura del poder.
Para que un proceso de designación sea idóneo debe cumplir con los siguientes criterios: hacer pública la convocatoria al proceso de designación por medios de amplia difusión; establecer procedimientos específicos para cada designación; establecer plazos para cada etapa del proceso; observar la máxima publicidad durante todo el proceso; realizar comparecencias públicas de las y los aspirantes a los cargos en cuestión; fundamentar los dictámenes de selección de candidatos y crear mecanismos de participación ciudadana durante las diversas etapas del proceso.
Este año ocho procesos de selección de comisionados tendrán lugar en los siguientes estados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Tabasco. La selección de perfiles inadecuados o personas cercanas a los poderes políticos, afecta el desempeño de los institutos y al mismo tiempo repercute directamente en la garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Los avances en materia de derecho de acceso a la información en el páis serán imposibles sin el fortalecimiento de los 33 institutos de transparencia. Para que estos órganos ejerzcan su papel de contrapeso y abonen a una cultura de la rendición de cuentas, es de suma importancia que su autonomía constitucional se materialice en una independencia real de su desempeño cotidiano.
