Por Jose Knippen
La reciente creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en la PGR es un paso importante para migrantes víctimas de delitos en México y sus familiares. El pasado 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. Dicha Unidad, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, realizará la búsqueda de migrantes desaparecidos, investigará delitos y coordinará acciones para reparar el daño. Con esto el gobierno mexicano responde a la demanda de comités y familias de migrantes desaparecidos que desde años atrás, exigen el acceso a la justicia para casos de migrantes víctimas en su tránsito por México. También existen recomendaciones internacionales al respecto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas.
Los migrantes que transitan por México son principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Igual que muchos migrantes mexicanos, salen de sus comunidades por necesidad y corren riesgos grandes para cruzar la frontera con Estados Unidos. No existen datos confiables sobre el número de migrantes desaparecidos en México, sin embargo son emblemáticos los casos de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, además todos hemos visto las madres centroamericanas que han organizado caravanas anuales para buscar a sus desaparecidos. Para los familiares, el Mecanismo de Apoyo Exterior permitirá que soliciten la búsqueda y denuncien a través de las agregadurías de PGR en el exterior (las cuales estarán en las embajadas).
La Unidad concentrará los casos de migrantes desaparecidos pero también de otros delitos cometidos contra migrantes, en un solo lugar. Con migrantes se refiere a extranjeros sin importar si cuentan con documentos o no, o cuánto tiempo están en el país, pero también mexicanos y solicitantes de asilo y refugiados. Para su debida implementación, la Unidad necesitará lineamientos claros, suficiencia de recursos financieros y personal especializado y sensible. En ese sentido, será importante que se designará un(a) titular con un perfil adecuado, que incluye experiencia acreditada en derechos humanos de personas migrantes y atención a víctimas. Un proceso de designación transparente además creará confianza de la sociedad civil en el proceso.
Algunos puntos no son del todo claros todavía y deberán aclararse en los lineamientos que se elaborarán en estos meses. En primer lugar, cómo funcionará exactamente el mecanismo de atracción de delitos del fuero común, tomando en cuenta que a pesar de la existencia de algunas fiscalías especializadas a nivel local, estas batallan con las tareas más básicas de la procuración de justicia en los casos de migrantes. En segundo lugar, cómo colaborará la Unidad con otras instancias para facilitar la denuncia, conociendo del temor y otros obstáculos para que migrantes denuncien.
¿Habrá alguna coordinación con el Instituto Nacional de Migración para que facilite el acceso a visas humanitarias? Por último, ¿cómo se garantiza que el personal de la Unidad conozca y aprenda de las diversas experiencias de defensores de migrantes en su lucha por el acceso a la justicia? A pesar de que estas preguntas todavía no tienen respuestas, las víctimas fueron escuchadas al crear la Unidad y el Mecanismo de Apoyo Exterior de la PGR, un primer paso hacia el acceso a la justicia para migrantes.
Para más información, consulta:
Link a informe WOLA en página Fundar
Documental de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho
http://fundacionjusticia.org/4478-2/
