Uno de los retos mundiales que se enfrentan en la actualidad son los relacionados con el derecho al trabajo y los derechos del trabajo, cada vez es más común que los gobiernos promuevan políticas encaminadas a flexibilizar los mercados laborales. Se incrementa el empleo informal y el empleo formal ha dejado, al menos en México, de ser una garantía para cubrir las necesidades de desarrollo de las familias.

Lo anterior se complica aún más para grupos de población en situación de vulnerabilidad, como son los migrantes o personas sujetas de protección internacional. Quienes se emplean en su mayoría en el mercado informal y al no contar con documentos que les permitan una regular estancia en el país de destino o peor aún teniendo documentos que les permiten laborar pero que no les sirven de mucha garantía cuando se emplean.

Los problemas empiezan incluso antes de llegar a su destino a laborar, durante el proceso de reclutamiento. Debido a las graves violaciones que se cometen durante este proceso, organizaciones de la sociedad civil (OCS), han dedicado años a trabajar en favor de los derechos de los migrantes, visibilizando las graves violaciones que se cometen en su contra ante la opacidad y en ocasiones complacencia de las autoridades.

Hay un grupo de osc agrupadas en la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral que han documentado sobre el tema del reclutamiento y denunciado que los fraudes que se cometen en este proceso generan 51 millones de pesos en México a falsos reclutadores. Más de 9,000 personas han sido defraudadas desde 2010 con el ofrecimiento de empleo a EEUU y Canadá, en más de 15 estados de la República Mexicana.

Entre las principales violaciones se ha encontrado que son estafados por empresas o personas reclutadoras con ofertas de trabajo falsos, para quitar dinero, confiscar propiedades o utilizar  datos personales, afectando la economía de las personas, de sus familiares  y  comunidades enteras.

La realidad es que no existen mecanismos institucionales adecuados en los países de destino, lo que dificultan la denuncia y castigo de los abusos a derechos laborales y humanos que sufren las personas trabajadoras migrantes.  La falta de información sobre sus derechos; las barreras lingüística y  geográfica y la dependencia  extrema del empleador son factores que disminuyen el número de denuncias ante las autoridades.  Sumado a la falta de acción preventiva y de acompañamiento legal por parte de las autoridades de sus países de origen.

Por este motivo la INILAB encabeza y lanza una campaña  a nivel regional denominada “Antes de pagar por una visa: Pregunta, Apunta y Verifica”, la cual busca informar y prevenir violaciones a derechos laborales y humanos que sufren los trabajadores migrantes como los cobros ilegales para entrar en listas de espera, pago indebido de transporte, abusos salariales, malas condiciones de trabajo y de vivienda, no existencia de contratos y amenazas con no recontratarlos.

Esta iniciática, que arranca el día de hoy 7 de diciembre y que tendrá una duración de tres meses, informará sobre alternativas y oportunidades para los y las trabajadores temporales de México y Centroamérica y sobre sus derechos laborales y humanos que tienen en los países donde se dirigen a trabajar, además, orientará sobre empresas reclutadoras falsas y/o fraudulentas. Contara con spots de radio y materiales informativos para medios de comunicación y redes sociales.

Es muy importante el trabajo que se hace desde sociedad civil para visibilizar estos temas, en los cuales hay grandes vacíos a nivel preventivo, de seguimiento a las violaciones, sanciones a los defraudadores y reparación del daño a las personas.

La presencia de la campaña en redes sociales está a través de:

Facebook: INILAB. Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral

Twitter: @INI_LAB

Hashtags: #PreguntaApuntaVerifica

Soundcloud: Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras/

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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